Perú: El reino del revés jurídico | Opinión

La condena de Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad en el caso Barrios Altos significó un avance para Perú y para toda América latina: esa condena fue una de las más simbólicas del sistema interamericano y marcó una hoja de ruta en materia de derechos humanos. 

Muchos tribunales locales tomaron las sentencias contra Fujimori como paradigma o modelo a seguir. Como criterio. El indulto en materia de lesa humanidad está prohibido. La libertad de Fujimori en Perú hoy significa no sólo un retroceso para el hermano país, que ve en libertad y con indignación a uno de sus mayores verdugos, sino para toda América latina, ya que su libertad significa una interpelación y una cachetada directa al sistema interamericano y a su jurisprudencia, replicada en muchos países, como Argentina. Aún hoy cientas de mujeres esterilizadas por la fuerza no consiguen que se reconozca el crimen que han padecido en sus cuerpos por la dictadura de Fujimori, como denuncia AMPAEF.

La libertad de Fujimori está lejos de representar un acto aislado. Se enmarca dentro de un proceso de degradación institucional que viene viviendo el Perú desde la inconstitucional destitución del presidente Pedro Castillo, arbitrariamente preso hace más de un año: no han encontrado una sola prueba en su contra. Todas las acusaciones resultaron falsas. Aun así, Castillo sigue preso. Y Fujimori, cuyo indulto Castillo se negaba a instrumentar o autorizar, está libre. 

Castillo derrotó en el balotaje presidencial a Keiko Fujimori, hija del dictador, ahora liberado. Fujimori acaba de constituirse en “garante” de la continuidad del actual gobierno hasta 2026, cuando vence el mandato de Castillo. Hasta 2026 vencen las concesiones de recursos naturales de la época de Fujimori, que Castillo ya había anunciado que no iba a renovar. Por eso Castillo fue ilegalmente destituido. Su prisión es una infamia para todo el sistema internacional de justicia. Y un severo llamado de atención para los gobiernos progresistas de toda América latina. 

Castillo no está preso por haber dado un discurso. Castillo está preso porque no quería negociar nada con el fujimorismo, que ha cooptado una a una todas las instituciones del Perú, incluyendo el penoso tribunal constitucional, que no ha dicho aun una sola palabra sobre la ilegalidad con la que fue instrumentada la vacancia presidencial contra Castillo por supuesta  “incapacidad moral” del presidente. Quienes votaron esa incapacidad fueron muchos partícipes directos de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura de Fujimori, ahora liberado. El reino del revés jurídico. Mas allá de esta incoherencia ética, el proceso contiene innumerables incoherencias formales, jurídicas. Se ha violado el debido proceso. La vacancia se llevo adelante violando la inmunidad, el derecho de defensa y los pasos formales requeridos por la Constitución para vacar a un presidente. Nada de lo que prevee la constitucional para estos casos fue respetado. Por eso la vacancia es nula. La detención de Castillo es arbitraria. Esta conclusión no es un capricho de la defensa. Es la única conclusión posible de una mera y desapasionada subsunción normativa. No es una discusión política. Es una cuestión técnica procesal sencilla. Vale para Castillo y para cualquier otro presidente. Hoy le toca a Castillo. Mañala le puede tocar a cualquier otro presidente. Arévalo, Petro, AMLO, o Xiomara. Se trata de preservar los procedimientos constitucionales.

En solo pocas semanas se han aprobado en Perú 3 iniciativas de enorme impacto : una ley que facilita la deforestación de la amazonia peruana, una norma que permite remover –invadir- la junta nacional de justicia, coaccionando y medrando contra la poca imparcialidad de los magistrados, y una iniciativa reciente para amnistiar los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Fujimori por cualquier agente del ejército. Esta última iniciativa se suma al indulto instrumentado contra la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por eso el Congreso peruano proyecta abandonar el sistema interamericano. Darle la espalda, otra vez. No es la primera. (“Apuran ley de impunidad para delitos de lesa humanidad cometidos durante el humorismo”, titula el Diario La República el 14 de marzo)

Perú esta cada vez más lejos de la senda democrática y del estado de derecho. El régimen actual gobierna en alianza con Fujimori, “garante” de su continuidad, pero Boluarte, que designó en Ginebra a su renunciada canciller para bloquear allí cualquier denuncia, ganó con Castillo derrotando al fujimorismo. Esa alianza espuria configura pues, como sostiene el presidente de Colombia, Gustavo Petro, un fraude político y no solo jurídico a los millones de electores campesinos que eligieron a su primer presidente rural de la historia. Cuesta creer el nivel de retroceso jurídico e institucional que está viviendo el Perú. También cuesta creer la inacción o el silencio de los organismos regionales e internacionales encargados de velar por la legalidad y la democracia constitucional. 

Hay que romper el silencio. No se puede ocultar la gravedad de lo que sucede en Perú. No se puede seguir mirando para otro lado. Se criminaliza la protesta. Se facilita la censura. Se persigue el disenso. Hay libros académicos , de derecho penal alemán, prohibidos. El Congreso aprueba la bicameralidad, cuando en un referéndum la propia población votó, en 2020, lo contrario : la unicameralidad. El Congreso, que vacó en forma ilegal a Castillo, violando su propio reglamento y con cinco votos menos de los que exige la ley (algo que reconoció en una audiencia judicial el procurador del Congreso), gobierna de espaldas al pueblo. Castillo no estaba equivocado en su denuncia: la fiscalía, que tanto lo hostigaba a él y a su familia (fue el primer presidente en ejercicio a quien le requisan el palacio presidencial, a ningún otro presidente le hicieron eso en toda la historia, a Castillo si, porque es un indio) fue suspendida por liderar, la fiscal misma, una organización criminal. La fiscal mintió para ganar un concurso. Nada de eso fue tenido en cuenta. Esta es la organización criminal que inició el proceso de destitución de Pedro Castillo, violando, en la vacancia, tres artículos de la Constitución y el reglamento del Congreso. La vacancia es nula tanto por la forma procesal como porque ninguno de los tipos penales (rebelión, ni conspiración) se configuran. No han encontrado una sola prueba en su contra. La destitución es ilegal y la detención, arbitraria. Castillo es el único presidente legitimo del Perú. Si lo quieren vacar, primero lo deben suspender. Y la suspensión solo puede ser la consecuencia de un juicio político conforme a derecho. Algo que hasta ahora Castillo no tuvo. Hablando con rigor jurídico, Castillo aun no fue “vacado”. Fue “removido” de manera ilegal, violando sus derechos y el procedimiento establecido en la Constitución para destituir un presidente. Sea un indio. O no. La Constitución no dice nada al respecto. La Constitución peruana no dice que los indios tengan menos derechos. Aunque de la práctica procesal se desprenda la doble vara. No es lo mismo ser un maestro pobre de Cajamarca que ser la hija de Fujimori. Aun así el pueblo, cuando tuvo que decidir, eligió al primero. No a la segunda, que gobierna actualmente junto a su padre, que se erige en “garante” de la “continuidad”.