Hay 63 mujeres privadas de su libertad en San Juan: dos están embarazadas y otras dos crían a sus hijos en el Penal

Luego de que se conociera que la mujer condenada por prostituir a su sobrina está embarazada y solicitara el beneficio de la prisión domiciliaria, se supo que con ella suman dos las mujeres que transitan una gestación dentro del Servicio Penitenciario. Al mismo tiempo, informaron oficialmente que también son dos las mujeres que crían a sus hijos tras las rejas. La tendencia que sigue la jurisprudencia en la actualidad cuando hay menores de por medio.

En el Servicio Penitenciario hay 63 mujeres privadas de su libertad (45 ya tienen condena y el resto están procesadas). La comparación entre la población carcelaria masculina y femenina revela que la de varones es 31 veces más numerosa.

A la fecha, son dos las mujeres que están transitando un embarazo dentro del Servicio Penitenciario. En general, la tendencia de la jurisprudencia es que, si la interna está embarazada, se suela otorgar la prisión domiciliaria. Incluso, dentro de los criterios contenidos en la ley 24.660 para regular este beneficio, en el artículo 32 se contiene a las gestantes como sujetos de este derecho. Dicho artículo determina que el juez de ejecución o juez competente podrá disponer el cumplimiento de la pena impuesta en detención domiciliaria en siete casos: cuando el solicitante sea un interno enfermo y en el establecimiento carcelario se le impida recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia; cuando el interno padezca una enfermedad incurable en período terminal; cuando el interno sea discapacitado y la privación de la libertad en el establecimiento carcelario sea inadecuada por su condición; cuando el interno sea mayor de 70 años o cuando el interno sea una mujer embarazada o a la madre de un niño menor de 5 años o de una persona con discapacidad a su cargo.

Si bien las embarazadas están contenidas en el artículo 32 como posibles beneficiarias de la prisión domiciliaria, los jueces solicitan varios informes antes de que se les otorgue. Es que muchas veces, las mujeres transitan más contenidas médicamente y hasta sanitariamente las gestaciones dentro del Penal. Si la vivienda en donde serán alojadas no cumple con los requisitos mínimos de dignidad, si no se asegura el cumplimiento de los controles médicos necesarios –cada uno debe ser avisado a la Justicia y se arma un operativo especial de acompañamiento-, si no tienen recursos para alimentarse correctamente y si viven en contextos de violencia, la opción que resguarda de una mejor manera al niño por nacer es detrás de las rejas. Cabe considerar que en el Penal el riesgo más grande para una mujer embarazada pasa por la convivencia, por disputas internas que puedan poner en peligro la integridad de la madre y su hijo.

El peor momento que atraviesan las embarazadas es cuando tienen al bebé y, en la mayoría de los casos, deben separarse de sus hijos, porque ellas deben volver al Penal a cumplir con el resto de la condena.

Las mujeres que crían a sus hijos menores de cinco años tras las rejas son dos. En ambos casos es porque no hay nadie que pueda hacerse cargo de los chicos. “No es un lugar para criar el Servicio Penitenciario” y “el niño no debería acompañar el cumplimiento de condena de la madre”. Ambas afirmaciones responden a los criterios que se consideran para permitir que una menor viva con su madre en el Servicio Penitenciario.

El caso a resolver

V.A, quien fue sentenciada a 14 años de prisión por promover y facilitar la prostitución de una menor, cursa su quinto mes de embarazo y, a través de su abogada Carla Manini, le pidió a la jueza Lidia Reverendo que reviera la medida cautelar que la mantiene en el Servicio Penitenciario a los fines de hacer pesar que la cárcel no es un ámbito propicio para dar a luz al hijo que lleva en el vientre.

Con ese argumento humanitario, la sentenciada busca transitar lo que queda de pena en su domicilio, al igual que lo hace el otro imputado en la causa, Roberto ‘Fido’ Galván. Es que el ex futbolista y dirigente social obtuvo el beneficio hace un tiempo atrás, cuando el juez Federico Zapata le concedió la solicitud para que pudiera hacerse cargo de los cuidados de su padre, quien padece una enfermedad mental.

La interna del penal de Chimbas, cuya identidad se reserva para proteger a la víctima, espera lograr un fallo de parte de la jueza Lidia Reverendo. Lo que se supo hasta el momento, es que las gestiones avanzaron al punto que los guardiacárceles realizaron el informe socio ambiental de la vivienda donde posiblemente cumpliría la prisión preventiva y sería en una propiedad de un empresario.