Denuncian “abuso de poder” del tribunal que juzga la causa Saint Amant IV | Más que un juicio, un destrato

“Es un juicio que le da la espalda a las víctimas.” Así define Ofelia Agorio, integrante de la Mesa por la Memoria de Baradero y, desde allí, del Encuentro Regional por Memoria y Justicia “Cholo Budassi”, al cuarto debate oral y público que revisa, desde marzo, hechos investigados en la megacausa Saint Amant, crímenes de lesa humanidad sucedidos en ciudades de la región norte del Gran Buenos Aires. El colectivo responsabilizó a los jueces del Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario por el “destrato”.

El Encuentro Regional por la Memoria y la Justicia “Cholo Budassi” decidió denunciar públicamente que, en el marco del juicio Saint Amant IV, los jueces Román Lanzón, Eduardo Rodriguez Da Crus, y Elena Beatriz Dilario “incumplen con las formalidades más elementales” de la celebración de los debates de lesa humanidad, tal como lo plantean “protocolos, formalidades y definiciones de la Justicia argentina” para esta clase de procesos.

En un comunicado advirtieron que el Tribunal “opera haciendo abuso de su situación de poder” y “vuelve a desproteger a las víctimas y sus comunidades” al llevar adelante el debate con una serie de “irregularidades” que enumeran en el documento y que le dan forma al “destrato” por el que acusan a les magistrades.

El TOF 2 dirige desde mediados de marzo el juicio en cuestión, en el que unos 11 acusados, entre los que se encuentran militares retirados que se desempeñaron durante la dictadura en el Ejército, integrantes de las delegaciones de la Policía Federal de esas ciudades y miembros de la dirección de inteligencia de la Policía bonaerense, deben responder por su responsabilidad en secuestros, torturas y homicidios, entre otros hechos, de 59 personas. Muchas de ellas eran niñez al momento de los hechos, que sucedieron en las ciudades de Pergamino, San Nicolás, Ramallo, San Pedro y Baradero.

La “denegación del derecho de las comunidades a que el juicio sea público” es el principal problema que indicaron desde el colectivo. Por un lado, denunciaron la negativa del TOF a realizar las audiencias testimoniales de debate en cada una de las ciudades en las que sucedieron los hechos. Las querellas solicitaron en varias oportunidades al Tribunal que se trasladara a las ciudades donde residen les sobrevivientes y familiares de víctimas para poder facilitar su acto testimonial, pedido que acompañó la Fiscalía representada por Adolfo Villate y Juan Patricio Murray.

“En diciembre pasado se celebró una audiencia preliminar. Desde el Encuentro fuimos todos. También fueron otros querellantes, como la Comisión Provincial por la Memoria y la UOM de San Nicolás. Le pedimos que las audiencias testimoniales se llevaran a cabo en cada ciudad a la que correspondiera el hecho que estaban juzgando. Presentamos todos los documentos con la disponibilidad de espacios. La jueza nos dijo que sí, que harían las inspecciones”, relató a este diario Agorio, hermana de un detenido desaparecido durante la última dictadura –Carlos Agorio fue víctima de la masacre de la quinta La Pastoril–.

Finalmente, el TOF se negó. Adujo que el auditorio “Machacha Güemes”, en San Nicolás, no estaba disponible. En pergamino se había ofrecido el Concejo Deliberante. En Baradero, la Municipalidad. “Desde la Mesa por la Memoria organizamos una serie de actividades con escuelas y clubes para que la comunidad se apropiara del juicio y supiera de los hechos en debate. Ahora si no viene el tribunal para acá, y no lo transmiten, no sirve de nada”, se quejó Agorio.

Las dos audiencias de testimoniales han transcurrido en Rosario. La que sucederá este viernes tendrá el mismo escenario. Las querellas volvieron a solicitar una audiencia con les jueces, pero no obtuvieron respuestas.

En su comunicado de denuncia, el colectivo de organizaciones de derechos humanos y memoria señalaron que el TOF “no utiliza los conocimientos y recursos disponibles por la delegación de la Policía Federal para la celebración de las audiencias en los lugares donde ocurrieron los hechos, incumpliendo además la manda constitucional”. Los tres tramos anteriores de la megacausa “Saint Amant” que se revisaron en juicio oral y público tuvieron audiencias en las diferentes ciudades del norte de la provincia. El TOF era el mismo, pero con otra integración. Para el juicio “Acindar”, que se desarrolla desde el año pasado, el TOF 1 de Rosario se traslada a la ciudad de Villa Constitución para tomar testimonios. Según el comunicado, la Fiscalía “acercó instrucciones” sobre cómo proceder, pero desde el Tribunal “equivocaron la oficina donde realizar el pedido de ayuda de recursos tecnológicos”.

También criticaron el rechazo de les jueces a transmitir las audiencias “dejando fuera a las comunidades donde sucedieron los hechos de modo redoblado, bajo el argumento de la contaminación del testimonio como si fuesen delitos comunes o no hubiesen pasado 48 años de los hechos”.

En el mismo sentido, el Encuentro “Cholo Budassi” denunció que el TOF 2 de Rosario “es responsable de revictimización de las víctimas”, ya que obliga a muchas de ellas que quieren declarar personalmente a “trasladarse bajo su propio riesgo y costo para que el tribunal escuche su relato mirándolos a los ojos”.

Se calcula que serán unos 150 las personas que declararán en calidad de testigos, entre las que se incluyen sobrevivientes, familiares y vecines. Faltan los recursos económicos y sobran los años a les testigues, muches de los cuales esperaron 48 años a la Justicia. Además, “tienen derecho a estar acompañados por sus comunidades de origen, todos los integrantes de la familia y amigos que quieran hacerlo, y eso se ve dificultado, cuando no impedido, por la distancia, el costo y el tiempo requerido para dicho traslado, agravado por el impedimento de la transmisión en vivo”.

Por último, Agorio indicó el “destrato” que significa que les jueces “cambien todos las semanas” de día de audiencia, empiecen a la hora que quieren, demorando todo y complicando la participación de muchas personas, miren sus celulares cuando los testigos están declarando. Este es un juicio que no respeta en lo más mínimo las condiciones de Justicia por las que tanto peleamos”.

“Las víctimas y las comunidades a las que pertenecen, juntamente con los organismos de DD. HH., hemos luchado para que estos juicios se celebren honrando la institucionalidad, la democracia, la constitución, la ley; desestimando el odio, la venganza, la revancha, honrando la justicia”, postuló junto al colectivo de militantes de derechos humanos. “Necesitamos hacer pública la situación por el agravio que significa para las víctimas y sus comunidades, por el riesgo en que pone a las garantías constitucionales, y por el dolor que se vuelve a infringir desde un tribunal de la nación sobre las víctimas de delitos de lesa humanidad”, concluyeron.