Expertos destrozaron la reformas de Patricia Bullrich contra el crimen organizado | Punto por punto, los cuestionamientos

El paquete de proyectos de ley con el que Patricia Bullrich promete combatir el crimen organizado y los problemas de seguridad no tuvo la mejor de las bienvenidas en la Cámara de Diputados. El miércoles último, aunque poco trascendió, expusieron especialistas en las Comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior: la mayoría destrozó la propuesta de “Ley Antimafias” presentada por la ministra como respuesta ante los asesinatos y hechos de violencia ligados al narcotráfico y al crimen organizado en Rosario. No sólo señalaron defectos de constitucionalidad y vulneración de derechos. Advirtieron que la norma diseñada parece pensada para perseguir pandillas sin ocuparse de lo crucial: “el financiamiento ilícito de la política, el sistema financiero clandestino y la penetración del crimen organizado en las estructuras estatales”.

Hay tres proyectos más en análisis. El de “reiterancia” (que permite detener a alguien solo por haber estado imputado antes) también generó objeciones de las/los expertos, y poco apoyo. Hubo referencias críticas al plan de ampliar el margen de la legítima defensa para los agentes de fuerzas de seguridad, para eximirlos de responsabilidad si matan o hieren. La expansión del banco de datos genéticos a “imputados y condenados” por todos los delitos mereció advertencias. Pese a que no suscitó mucha atención hacia afuera, la reunión de comisiones atrajo a diputados/as que no la integran.

La polémica ley Antimafias

Bullrich dijo que su ley “Antimafias” está inspirada en la Ley RICO estadounidense y la italiana enfocada en las mafias. Se aplicaría al “tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos” que “estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal”. Agrava las penas de ocho a veinte años de prisión, solo por pertenecer a la asociación. Define “zonas de investigación especial” y aumenta facultades de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal de la cartera de Seguridad. Habilita a detener por 48 horas por “averiguación” de delitos, permite allanamientos encadenados e interceptar teléfonos o redes y plataformas sin orden judicial.

María Cecilia Vranicich, fiscal general de Santa Fe, describió la violencia concentrada en Rosario, que llegó a tener una tasa de 20 homicidios cada 100.000 habitantes. Nueve de cada diez homicidios –informó– son cometidos con “armas de fuego”, un mercado ilegal que no aparece entre las prioridades de Bullrich. Vranicich advirtió un conflicto en puerta con el Gobierno nacional: las fuerzas y autoridades federales intervendrían en las “zonas de investigación especial”, lo que amenaza las “las competencias investigativas” de las fiscalías provinciales.

El proyecto permite ampliar esa “zona sujeta a investigación especial” (una ciudad o un área) sin definir una zona geográfica, lo que habilita la acción ilimitada de fuerzas federales. El defensor ante la Cámara de Casación Penal Federal, Guillermo Todarello, señaló que se vulneran garantías constitucionales y el principio del juez natural. Las detenciones sin orden para pescar delitos chocan con las normas, que solo permiten hacerlo en flagrancia o ante la fuga de un penal. Los allanamientos e intervenciones de comunicaciones invaden la intimidad y privacidad. A Vranicich no le preocupan los arrestos y avala controles rigurosos en las cárceles porque dice que ahí se planifican los crímenes. El problema es que a veces la respuesta son más crímenes.

El proyecto, alertó el defensor, carece de claridad. Ni siquiera “define qué es una organización criminal” y al usar “el término verosímilmente no respeta el principio de legalidad”. El proyecto agrega una tercera variante de la famosa “asociación ilícita” con penas de 8 a 20 años sin importar qué hizo cada miembro (el principio de responsabilidad).

La ley Antimafias de Bullrich se llevó palazos fuertes del abogado Pedro Biscay, del instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), quien trabajó en Estados Unidos con la ley RICO que le gusta a Bullrich. “El crimen organizado tiene dos socios fundamentales que no están en el proyecto de ley: el financiamiento ilícito de la política y la existencia cada vez más poderosa de un sistema financiero clandestino. Podríamos agregar la penetración del crimen organizado en estructuras estatales, la cooptación del Estado por parte de las mafias”, dijo. Dio ejemplos como el que involucró en encubrimiento de narcotráfico al fiscal Julio Novo o el triple crimen de General Rodríguez.

Según Biscay, el proyecto “no mira a las mafias en su estructura real”, se basa en “hacerle la guerra a las pandillas y a los bunkers”, “que por supuesto tienen conexiones con la mafia”, pero ignora “al crimen organizado y la mafia como un problema de mercados criminales, de empresas que funcionan lucrativamente”. Esto, dice, es central en la ley RICO y la antimafia italiana. Pero en el proyecto, por caso, están los delitos financieros y el contrabando. “Hay un maridaje con la política y con el empresariado. Quien no quiera verlo que no lo vea”, desafió. Pidió que no se vote la norma porque provocará un “efecto político criminal violento” sin reconfigurar la política criminal del crimen organizado”.

Reiterancia

La diputada Myriam Bregman (FIT) estuvo en las comisiones y advirtió este sábado en la red “X” sobre los peligros del paquete de Bullrich. Como la figura de “reiterancia”, que permitiría la detención de quien estuvo imputado o procesado por el delito que sea. “En distritos como Mendoza (la reiterancia) es usada para controlar férreamente a la población y también para encarcelar a los que protestan”, escribió Bregman. El mismo tema se planteó esta semana en la Legislatura porteña, ya que Jorge Macri presentó en la Ciudad un proyecto equivalente. Hubo una audiencia con legisladores del FIT y UP y organismos de derechos humanos. Macri tiene el doble de detenidos que caben en las comisarías, pero los pondrá en containers.

El penalista Martín Monedero se alineó con Bullrich. Dijo: la “reiterancia” sirve para “proteger a los ciudadanos” y evitar que alguien “cometa nuevos delitos”. Se sumó Diana Cohen Agrest, de Usina de Justicia: “si no hay reiterancia una persona puede ser condenada innumerables veces a una pena en suspenso”. Dijo que los homicidas de su hijo y de Mariano Barbieri asesinado en Palermo, que tenían antecedentes. Cree que el delito solo se evita con encierro y ve “ridículo” hablar de “reinserción”.

El contraste fue fuerte cuando habló José Ruiz Díaz, secretario de formación política y gremial de la UTEP y referente de la rama “liberados y liberadas”, quien relató que estuvo 10 años preso y fue reincidente. Contó con orgullo la experiencia de los liberados que ingresan a cooperativas y polos productivos: “tenemos 1600 personas que no volvieron a la cárcel”. Le preocupan los allanamientos sin orden: “van a terminar en nuestros barrios y seremos los malos aunque donde vivimos está la inseguridad más fuerte”. Bregman agregó en “X” el aumento de las penas para la reincidencia y el concurso de delitos”. Si concurren “más de dos hechos independientes las penas se podrán sumar de manera aritmética” hasta 50 años, dice el texto del proyecto.

“Una correcta política de prevención del delito no empieza por la pena”, dijo Leandro Halperín, docente titular de Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, especialista en temas carcelarios. “El Código Penal tiene que tener un orden y una proporcionalidad –siguió–. La ley Antimafias agrava penas de 8 a 20 años para delitos como lesiones por solo participar en una organización. Ese desorden viola la igualdad ante la ley”. “Los proyectos –añadió– no contemplan la situación de los sistemas penitenciarios (colapsados) y violentan el principio de resocialización incorporado a la Constitución” al habilitar suma aritmética de penas. Sobre legítima defensa: “tenemos que proteger al personal policial pero no dándoles un mensaje confuso que les habilita formas de matar y flexibiliza controles evitando que los sometan a proceso”.

Armas y policías

Miguel Angel Robles es docente de criminología de la Universidad Siglo XXI de Córdoba y expolicía. La actuación policial “no va a mejorar con una ley”, se despachó. “Necesitamos acciones puntuales”. Pidió la creación de una Agencia Federal de Investigación, la regulación de las tareas inteligencia criminal y capacitación para la policía. “Mi madre decía que tenía tres hijos profesionales y uno policía –bromeó– La policía está formada en oficios, el durlero y el plomero policial”. En otro orden pidió una ley “sobre el plantado de armas y la posesión ilegítima”.

Había escuchado a Juan Segundo Pavez Laciar, el hermano de Blas Correa, asesinado el 6 de agosto de 2020 por policías de Córdoba. “A mi hijo lo mataron tres veces dice mi mamá: la primera cuando le disparó la policía, la segunda cuando no lo atendieron en una clínica y la tercera cuando le plantaron un arma”, relató. Fue a pedir que se trate la “Ley Blas” que presentó Gabriela Brouwer de Koning (JXC), que castiga con penas de hasta 20 años e inhabilitación a agentes por tenencia ilegal de armas y plantar pruebas truchas para entorpecer y/o buscar impunidad.

Banco de ADN

Bullrich quiere ampliar el Registro Nacional de Datos Genéticos ligado a delitos contra la integridad sexual a todos los delitos. Es para comparar huellas genéticas ante un hecho criminal con perfiles genéticos de imputados y condenados. Manuel Garrido, director de Innocence Project en Argentina explicó que la información genética es útil para aclarar casos de inocentes condenados por error (su especialidad) pero señaló que debe estar regulado al afectar la privacidad. No encontró en el derecho comparado bancos para cualquier delito. Sugiere límites y una regulación precisa para retirar el ADN del banco.

“La ampliación propuesta a todos los delitos luce desproporcionada. Imaginemos que alguien poda un árbol que le molesta para entrar el auto y tiene un proceso por daño calificado: tendría su registro de ADN”, aseveró la defensora pública Siliva Martínez. Dejó en claro, ante una pregunta de Bregman que entraría en banco de ADN hasta un detenido en una movilización: “Se obliga a dar la huella que queda cien años”. Agregó críticas: “una persona imputada no puede ser obligada registrar su ADN”, hasta ahí es inocente; es absurdo que den sus datos genéticos las fuerzas de seguridad y funcionarios policiales; no se aclara dónde ni cómo se hará la obtención de ADN. Solo podrían acceder al banco el Poder Judicial y fuerzas pero la ley habilita a la Procuración a hacer acuerdos de intercambio hasta con otros países.

Hablaron familiares de víctimas de femicidio y abusos. Guillermo Bargna, del observatorio de víctimas del Congreso, papá de Soledad. También Isable Yaconis, de Madres del Dolor, mamá de Lucila. Se refirieron a la relevancia del banco de ADN para ofensores sexuales. Dos funcionarios de Mendoza hicieron gala de tener la base de datos genéticos más grande de Latinoamérica y haber resuelto 4000 causas. La frutilla del postre fue el empresario Eduardo Luis Salva Calcagno, que ofrece un método para obtener huellas genéticas y dice ser el único que lo tiene.