El plantel de Villarruel en el Senado: hijos de represores y militantes contra los juicios | La vicepresidenta se rodea de la familia militar
![El plantel de Villarruel en el Senado: hijos de represores y militantes contra los juicios | La vicepresidenta se rodea de la familia militar](https://entiemporeal.com.ar/wp-content/uploads/2024/03/266-824098-whatsapp-20image-202024-03-16-20at-2021-09-50.jpeg)
Victoria Villarruel está armando su propia fortaleza en el Senado. Como fiel exponente de la familia castrense, empezó a llenar los espacios con personas que le reportan desde hace tiempo. Algunas de ellas son hijas de militares que actuaron durante la dictadura y recibieron condenas por crímenes contra la humanidad. Al igual que la vice, denostan los juicios de lesa. En el plantel de la Cámara Alta se incorporó también un excandidato del excomisario Luis Abelardo Patti.
Esta semana circuló un nombre: el de María de las Mercedes Torres. Una campaña en redes sociales –según Clarín, financiada desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Javier Milei– usó su designación al frente de la dirección General de Ceremonial para atacar la vida privada de la vicepresidenta.
Lo cierto es que Torres es una de las “amigas tucumanas” de Villarruel, como ella la definió años atrás en redes sociales.El día de la asunción de Villarruel y Milei, se la vio sentada junto a la hermana de la actual vicepresidenta. María y Mariola Torres tienen un local exclusivo de bijouterie en la avenida Alvear. Villarruel no sólo usa sus aros y collares, sino que solía promocionarlos en sus plataformas. También compartió una foto de Elisa Carrió cuando fue de compras al negocio.
Las hermanas Torres son hijas de Fernando Torres, condenado a prisión perpetua por su actuación en Tucumán durante los años del terrorismo de Estado. En 1975, cuando se inició el Operativo Independencia –la antesala de lo que sería el exterminio a gran escala a lo largo y ancho del país–, Torres tenía 33 años y era el oficial de inteligencia del Destacamento 142. Según el tribunal que lo juzgó, Torres actuaba en la escuelita de Famaillá –el primer centro clandestino del país– y en el arsenal Miguel de Azcuénaga.
Pese a las condenas, Torres está excarcelado. Vive en Tucumán. Quienes conocen su pasado dicen que es uno de los militares que más información tienen sobre el destino de los detenidos-desaparecidos de la provincia. Torres solía codearse con las altas estructuras del Ejército. En 2015, fue uno de los que publicó un aviso fúnebre para despedir al dictador Roberto Marcelo Levingston, que reemplazó a Juan Carlos Onganía en el poder.
En Tucumán recuerdan que la familia Torres fue activa en los juicios y que tuvo una ascendencia sobre el resto de los familiares de los imputados. “Ese grupo de familiares empapeló todo el tribunal”, cuentan. El padre, en su defensa, dijo que siempre fue considerado como un vecino ejemplar, que solía acompañar al gobernador de facto en actos y justificó el accionar del Ejército contra los grupos guerrilleros durante el Operativo Independencia.
El padre de la vice, Eduardo Marcelo Villarruel, también estuvo en el Operativo Independencia. De hecho, él se vanagloriaba de haber combatido a la “subversión” tanto en el ambiente urbano como rural. Villarruel suele olvidar esa faceta de su padre y solo se refiere a él como un “héroe de Malvinas”.
La vice también llevó al Senado a María Guadalupe Jones, hija de Juan Carlos Jones Tamayo, otro integrante de la estructura de inteligencia del Ejército condenado a prisión perpetua por crímenes contra la humanidad. Jones Tamayo alternó entre Jujuy y Tucumán. Fue parte del Operativo Independencia y su hija lo define como un “héroe” del combate de Pueblo Viejo, cuando una patrulla del Ejército –en febrero de 1975– emboscó a un grupo de combatientes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).
Jones Tamayo murió en diciembre pasado. En enero, el general de brigada retirado Miguel Ángel Cáceres Monié invocó su muerte para pedirle al Ejército que se despida con honores funerarios a aquellos represores que no tengan condena firme –es decir, aquellos que no tengan recursos pendientes ante la Casación o la Corte. Según publicó la Unión del Personal Militar Asociación Civil (UPMAC), el pedido de Cáceres Monié tuvo sus frutos: el Ejército modificó sus normas de ceremonial de manera de incumplir con una resolución adoptada durante la gestión de Nilda Garré que impide rendirles homenajes a quienes actuaron durante el terrorismo de Estado o atentaron contra el orden constitucional.
Guadalupe Jones –que se presenta como amiga de Villarruel– cumplirá funciones en la secretaría administrativa del Senado. Integrante del Centro de Estudios de Salta (CES), Jones es una activa militante contra el proceso de verdad y justicia. En sus redes sociales, impugna el número de desaparecidos, cataloga lo sucedido como una guerra y dice que no es justicia sino venganza. A su padre –que estuvo largos años prófugo– lo calificaba como preso político.
En 2017, Jones le escribió una carta abierta a Carrió preguntándole hasta cuándo iban a ser “pasivos” con sus padres. Posiblemente estaba esperanzada con alguna gestión de la líder de la Coalición Cívica después de que abogara por la domiciliaria para los mayores de 70. En el PRO decían que quien le sugirió a Claudio Avruj recibir a Victoria Villarruel en 2016 –a poco de que asumiera Mauricio Macri– fue Carrió. Tiempo antes, las dos mujeres habían compartido una actividad en el instituto Hannah Arendt que dirige “Lilita”.
En 2018, Jones fue una de las elegidas para reunirse con la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) para llevar el reclamo por la libertad de los presos por lesa humanidad. Una de las voces cantantes de la reunión había sido Cecilia Pando, contrafigura de Villarruel dentro de los grupos de “memoria completa”.
No es la primera vez que Villarruel lleva con ella a hijos de represores. Mientras era diputada tenía como asesor a Marcelo Cinto Courtaux, homónimo del militar condenado a prisión perpetua por su represión a los militantes montoneros que volvieron al país en el marco de la llamada “Contraofensiva”. Cinto Courtaux padre era parte de la estructura de inteligencia del Ejército: fue jefe de la sección I del Destacamento 201 de Inteligencia del Comando de Institutos Militares de Campo de Mayo.
En las últimas semanas también llegó al Senado Sebastián Emmanuel Guilloni, quien se desempeñará en el Observatorio de Derechos Humanos –a cargo de Claudia Ruci. Guilloni compartió en sus redes sociales una foto abrazado con Villarruel antes de ser nombrado. En 2009, Guilloni acompañó en la lista como candidato a diputado nacional a Patti –que quería competir en las elecciones mientras estaba preso por crímenes contra la humanidad en el penal de Marcos Paz. La justicia electoral lo impidió. En 2021, según publicó la revista Noticias, Patti –que tiene tres condenas a prisión perpetua en su haber– aportó para la campaña de Villarruel.
![](https://entiemporeal.com.ar/wp-content/uploads/2024/05/imagen_2024-05-09_144216258.png)
Leave a Comment