Diez años de inacción y un reclamo de celeridad a la justicia  | La persecución a los obreros de Propulsora Siderúrgica 

Beatriz Horrac tenía 20 años cuando la sorprendió el horror que venía cazando a sus compañeros desde hacía semanas. Era 5 de abril de 1976 y ella caminaba hacia su puesto de trabajo –era secretaria– en el primer piso de uno de los edificios de Propulsora Siderúrgica. Subía la escalera cuando un hombre de civil la interceptó. “Disculpe, usted es la señorita Beatriz?”. La joven asintió: “Sí, ¿qué necesita?”. Supo que algo no estaba bien cuando notó que el hombre chequeó su respuesta con el atado de cigarrillos que tenía en una de sus manos. En él, entre el paquete y el film, guardaba una foto carnet de ella. “Una foto que solo podría haber obtenido de mi legajo de la empresa”, explica Beatriz, que fue secuestrada, mantenida cautiva unos días y luego “blanqueada” en Olmos y Devoto, y es una de las pocas y pocos trabajadores de la fábrica de chapas que Techint aún tiene en Ensenada, La Plata, y que sobrevivieron a la dictadura y que por estos días, a casi 50 años de los hechos, volvieron a reclamarle a la Justicia celeridad en la investigación sobre los responsables empresariales de esos crímenes. Aunque hay algunos nombres identificados desde hace una década, no han sido vinculados a la causa.

Entre 1974 y 1983 hubo, al menos, 36 obreres de Propulsora Siderúrgica que sufrieron el terrorismo de Estado. El informe “Responsabilidad Empresarial en delitos de lesa humanidad”, que en 2014 generaron el Ministerio de Justicia –que entonces era también “de Derechos Humanos” y se dedicaba a impulsar políticas de memoria, verdad y justicia– y un conglomerado de organismos estatales y colectivos de trabajo, contabiliza un total de seis obreros asesinados, 19 desaparecidos y 11 secuestrades y liberades o “blanqueades” como presos políticos, como le sucedió a Horrac. En la elaboración de este informe tuvo mucho que ver Alejandra Esponda, hija de Carlos Esponda, secuestrado en junio de 1977, varios meses después de haber renunciado a Propulsora, y desaparecido.

Ambas integraron el grupo de familiares de trabajadores víctimas y sobrevivientes que solicitaron hace algunas semanas una reunión con la Fiscalía federal de La Plata. Querían saber qué pasaba con la causa judicial que debe, desde hace una década, investigar la estructura civil de la empresa para dar con los responsables de haber colaborado con las patotas que secuestraron, desaparecieron y asesinaron.

“Nuestro reclamo está fundado en nuestra más profunda convicción de que hay suficientes elementos para que esta causa hubiera avanzado. Y no lo hizo: queremos saber por qué, queremos que de una vez por todas se investigue a los empresarios”, dijo a este diario Horrac. También acudieron Carmelo Cipollone, que fue delegado de la planta y es ex-detenido-desaparecido, y la hija de Leonardo Nardini, otro ex-trabajador que podría haber sido un testigo importante en el expediente, pero falleció antes de que fuera citado a dar testimonio.

Una década de demora

Al año siguiente de la presentación de aquel informe sobre responsabilidad empresarial se llevó a cabo en La Plata un juicio de lesa humanidad que tuvo como eje las brutalidades de la Fuerza de Tareas 5, conocida también como la “Agrupación Río Santiago”. Entonces, el Tribunal Oral Federal 1 de esa jurisdicción juzgó a cinco marinos y tres prefectos por la persecución, represión y exterminio especialmente sobre la resistencia obrera del cordón industrial de Berisso y Ensenada. Además de Propulsora, también se trataron secuestros, torturas y asesinatos de trabajadores de Astilleros Río Santiago, Frigoríficos Swift, YPF.

Durante la etapa testimonial de aquel debate quedó expuesto el modo en que las fuerzas armadas y de seguridad tomaron las plantas industriales, ejercieron inteligencia y el control sobre sus trabajadores, secuestrando, torturando y desapareciendo a muchos, atemorizando a todes. La sentencia fue condenatoria, pero solo implicó a la pata uniformada. Sin embargo, los jueces Carlos Rozanski, César Álvarez y Germán Castelli ordenaron que se inicie una investigación penal en torno a las responsabilidades de empresarios, directivos y administradores de las fábricas de todas esas compañías, además de la puesta en marcha de medidas reparatorias de orden simbólico, como la señalización de las plantas como sitios de memoria y la reparación de legajos.

Casi 10 años después, lo único concreto que sucedió en relación a los hechos sobre empresarios dueños, gestionadores y administradores de Propulsora es la colocación de un cartel en las afueras de la planta, ubicada en la avenida Almirante Brown al 1900 de Ensenada –y hoy llamada Siderar Planta Ensenada – Grupo Techint, que indica que allí se cometieron crímenes de lesa humanidad. El cartel, colocado en agosto de 2019 fue repuesto en 2022. Durante los primeros años post sentencia, la causa judicial sobre Propulsora dio algunos pasos: recopilación de información administrativa de la empresa, registros de la Dirección de Inteligencia de la Policía Bonaerense (DIPPBA) y de testimonios a extrabajadores. La espuma fue bajando con los años. Por estos días, algunos testimonios que fueron recogidos en el marco del juicio por los crímenes del centro clandestino conocido como 1 y 60, que transcurre desde hace algunos meses en La Plata, podrían estar reavivando la llama.

“Es muy llamativo que la causa no haya avanzado ni lo haga ahora. No podemos omitir el hecho de que el Grupo Techint es hoy parte del gobierno nacional”, sospechó Horrac. “Necesitamos que la Justicia, por fin, sea justicia cuando hablamos de la responsabilidad del poder económico en la última dictadura. Ha pasado muchísimo tiempo y sigue pasando mientras los responsables se mueren sin haber sido juzgados”, reclamó. En el caso de Propulsora, “ni siquiera se ha avanzado en la reparación de los legajos de los trabajadores víctimas, porque secuestrados y desaparecidos hemos sido despedidos por abandono de trabajo y eso no es cierto”, postuló.

Los nombres de Propulsora

Ricardo Cortelletti ingresó a Propulsora Siderúrgica a fines de la década de 1960. Venía de trabajar en Frigoríficos Swift. Estuvo vinculado al Grupo Techint hasta, por lo menos, 2014, cuando representó a la empresa ante el Ministerio de Trabajo nacional según registros oficiales. Y es, desde siempre, una de las personas mencionadas como colaboracionista de la represión ilegal dentro de la fábrica. La otra es un abogado de apellido Fidanza. Hasta el momento, ninguno de los dos han sido citados por la Justicia en la causa sobre los crímenes de la fábrica.

Algunos extrabajadores de la fábrica de chapas que testimoniaron ante la Justicia o que fueron entrevistades para el informe de responsabilidad empresaria en crímenes de lesa humanidad señalaron que Cortelletti cumplía funciones de jefe de relaciones laborales o jefe de personal.

Cipollone era delegado de Propulsora, militaba la Lista Blanca de la UOM que le disputaba la organización dentro de la planta a la burocracia del gremio desde 1974. Él y sus compañeros fueron blanco de la patota parapolicial de la CNU en los años previos al golpe. En 1975, algunos fueron secuestrados y asesinados, y varios heridos en tiroteos que se desataban en las inmediaciones de la planta. Él fue secuestrado horas después de desatado el golpe militar, el 24 de marzo de 1976, torturado en la Escuela Naval y liberado al tiempo. Una vez terminada la dictadura, fue uno de los primeros en denunciar a Cortelletti como quien “marcaba” gente en la fábrica.

Desde aquel 24 de marzo, las fuerzas armadas y de seguridad tomaron control de la planta: retén al ingreso y a la salida, una carpa instalada dentro del predio, razias en los vestuarios. Pedro Popovich, otro exdelegado, recordó que por aquellos días vio como Cortelletti entregaba ficheros de Personal a las fuerzas. Cuando fue citado a declarar en los juicios por la verdad, el exgerente negó haber colaborado con las fuerzas.

A todes les obreres que eran secuestrades los despedían por abandono de puesto de trabajo. Cipollone y Jorge Bogusas, otro extrabajador que fue secuestrado y sobrevivió, recordaron una respuesta coincidente de parte de Cortelletti cuando intentaron regresar a la planta: “Agarrá la plata que te den y tomátelas porque te puede pasar algo peor”.

A Horrac también la despidieron tres meses después de ser secuestrada. “Hay muchos datos que corroboran que la empresa colaboró con mi secuestro”, aseguró a este diario la sobreviviente, que entonces era militante y secretaria en Techint Constructora, que tenía sede en la planta de Propulsora. “A mí me esperaban civiles armados en mi puesto de trabajo. ¿Sabés la de controles que había que pasar para entrar a la planta? La foto carnet que tenía en la mano el que preguntó por mí solo pudo haber sido obtenida de mi legajo laboral. Me llevaron hasta un auto que estaba estacionado dentro de la planta, donde no solían pasar autos, me encapucharon, me ataron de manos y me subieron. ¿Cómo un auto con personas armadas y alguien encapuchado puede salir de una planta metalúrgica? Nadie, nadie, nadie los detuvo. Ni registraron mi salida. Cualquier jefe de personal habría notado esa irregularidad”, resumió Horrac.