Cómo es la vida de los futbolistas de Vélez acusados de violación tras las rejas: los mitos del “quinto jugador” y de la pelea entre ellos

En el almuerzo se dieron aliento. Los cuatro juntos, con sus abogados, y habiendo recibido cada uno la visita de un solo familiar o amigo, que es lo que la Justicia les permitió hasta ahora. La esposa fue en el caso de Sosa; un allegado para Florentín y Cufré; y el padre de Osorio. Así, el día después de la decisión judicial, los futbolistas de Vélez recobraron un ánimo que tiene que ver más con la promesa de los abogados, que les aseguraron que tienen las herramientas suficientes para dar vuelta la situación, que con la realidad presente de cada uno de ellos.

Diferente sensación a la que tuvieron apenas escucharon la decisión judicial, cuando miraron a sus letrados desorientados. Era ya entrada la madrugada cuando supieron que no irían a una cárcel común, lo que verdaderamente los aterrorizaba, pero también que habían perdido la esperanza de regresar de inmediato a Buenos Aires.

Porque tres de ellos, Braian Cufré, José Florentín Bobadilla y Abiel Osorio tendrán arresto domiciliario por 90 días, mientras que Sebastián Sosa seguirá el proceso en libertad, pero para que eso se produzca aún faltan un par de días.

La diferencia es que los dos primeros fueron acusados de abuso sexual agravado por la comisión de dos o más personas (esto significa que cometieron el presunto delito al mismo tiempo contra la víctima), que tiene pena de 8 a 20 años de prisión; Osorio por abuso sexual con acceso carnal, delito que prevé de 6 a 15 y, en cambio, Sosa fue acusado por participación secundaria, que tiene un mínimo de dos años y ocho meses y un máximo de 10, lo que le permite no estar arrestado.

Si bien la fiscal había pedido prisión preventiva para todos, la jueza determinó esta modalidad de arresto sólo para tres de ellos. Para que se concrete, los jugadores deben primero presentar una caución de 50 millones de pesos, que puede ser un bien, como un departamento, o el efectivo.

Los cuatro quieren irse cuanto antes de la celda que comparten en la Dirección de Investigaciones de la Policía de Tucumán y por eso la idea es poner la plata ya, porque hasta conseguir los papeles de un inmueble en Capital Federal, que es donde tienen arraigo, pasarían no menos de 10 días.

De hecho, la idea es hacer la transferencia del dinero a más tardar mañana y ya estar el fin de semana en un departamento en Tucumán, en el caso de los tres con arresto domiciliario y Sosa, el único que puede seguir el proceso en libertad, de regreso en Buenos Aires.

En la búsqueda del departamento en la provincia norteña surgió una posibilidad: como no hay impedimento que estén juntos, Cufré y Osorio podrían alquilar la misma propiedad. Ambos comparten ya el mismo abogado. En el caso de Florentín, su letrado le está buscando un lugar donde pueda albergar también a su familia. Si bien los tres están bajo arresto, no hay límite de familiares que puedan acompañarlos en la nueva situación.

También las primeras horas de esta tarde trajeron la novedad de que los abogados de los tres jugadores con arresto habían impugnado la decisión, que es un mecanismo similar a lo que se conoce como apelación. La Justicia tucumana estaba evaluando la fecha para esa audiencia, donde un juez escuchará otra vez a las partes y podría ratificar lo decidido por la magistrada de primera instancia o rever todo y darles la libertad. Esa jornada crucial, según fuentes de la investigación, se fijará dentro de los próximos 10 días.

Sobre la posibilidad de que haya un quinto jugador involucrado, desde la Justicia se lo descartaron por completo a Infobae. La versión había surgido a partir de unas cámaras de seguridad, que muestran que al momento en que la denunciante arriba a la habitación 407, salía de allí otro futbolista. Pero no hubo ningún tipo de contacto, por lo que la acusación e investigación se ciñe sólo sobre los cuatro jugadores mencionados.

También circuló la hipótesis de una pelea entre Sosa y Florentín, algo que desde el entorno de ambos futbolistas fue descartado, al igual que por parte de la Policía. “Si hubiese sido así, no podrían haber vuelto a la misma celda tras el procedimiento judicial”, le dijeron a este medio desde la fuerza tucumana.

La pregunta que muchos se hacen es por qué les fijaron arresto sólo por 90 días, cuando generalmente se dicta la prisión preventiva y sigue firme hasta el juicio, o como en el famoso caso de Sebastián Villa, el acusado llega libre hasta el día en que se sienta en el banquillo. Lo primero que hay que entender es que el Código Procesal de Tucumán es distinto al que rige en Ciudad o Provincia de Buenos Aires. En este caso, la fiscal tiene 90 días para juntar la prueba y poder acusar. Si no llega a tiempo, tiene la chance de pedir otros 90 días de arresto domiciliario para los futbolistas, porque el máximo que le otorga el código es de seis meses.

¿Por qué se lo concedieron aún ante la oposición de las defensas? Porque la jueza entendió que era pertinente el pedido de la fiscalía de que, si los dejaba libres, podrían interferir en la investigación, ya que la representante del ministerio público afirmó que iba a citar como testigo al resto de la delegación que estuvo aquella noche en Tucumán. Y no quiere exponerse a la posibilidad de que hablen con sus ex compañeros para que todos den una misma versión.

Hay un punto contradictorio en ello, porque eso sí lo podría hacer Sosa, que en principio el fin de semana estaría ya de regreso en Buenos Aires. Claro que si lo descubren, su situación empeoraría radicalmente.

Sosa, además, deberá presentarse cada 15 días en la comisaría más cercana a su domicilio, para certificar que sigue en el país. Los otros tres futbolistas deberán llevar pulsera electrónica para monitorear que no se mueven del lugar de su alojamiento y hasta que llegan esos dispositivos de control, tendrán una guardia rotativa de policías en el frente del domicilio que alquilen.

Esto es claro mucho mejor de lo que les esperaba si iban con preventiva al Complejo Penitenciario Villa Urquiza, una cárcel con fama de pesada, de la cual, según los últimos registros oficiales al 1/1/2023, el 30 por ciento de los alojados están por homicidio.

Y si bien les hubiese tocado la Unidad 2, que es para los que aún no tienen condena, ahí también la población es de temer: hay presuntos asesinos, ladrones y violadores, en ese orden de cantidad de internos. Y ese sería su lugar donde verán transcurrir la vida si la fiscalía logra probar los hechos por los que se los acusa y terminan condenados por el aberrante delito de abuso sexual.