La Cámara decide si se investigan los celulares borrados de la pista Milman | El tramo “político” de la causa por el atentado a CFK

“No hay voluntad, no hay interés, es casi pornográfico que tengamos que venir por cuarta vez a pedir que se hagan medidas de prueba que debían haberse hecho sin ningún tipo de consulta”, regañó el abogado José Manuel Ubeira, uno de los integrantes  de la querella de Cristina Fernández de Kirchner en la causa por su intento de magnicidio. Fue en una audiencia ante la Sala I de la Cámara Federal. Se refería al rechazo  de la jueza María Eugenia Capuchetti a investigar el borrado de los celulares de dos colaboradoras de Gerardo Milman y la manipulación del aparato del propio diputado del PRO, a quien un testigo declaró haberlo escuchado decir ante esas mujeres, dos días antes del atentado, la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”. La magistrada afirmó que no está acreditado lo que relató ese testigo y refutó que no se hayan “desplegado medidas para esclarecer este asunto”. La fiscalía había dado un argumento insólito, que ella abonó: que no había información “de interés” en los celulares, cuando el problema era que habían sido vaciados/alterados y que eso había ocurrido en una oficina de la actual ministra Patricia Bullrich.

Momento clave

Así, la Sala I de la Cámara Federal deberá decidir, cuando falta menos de un mes para que se cumplan dos años del intento de asesinato de CFK, si se avanza en la investigación residual que quedó en etapa de instrucción, conocida como “la pista Milman”, con medidas sobre un posible encubrimiento de la trama política y/o financiera de los hechos  y al papel del diputado del PRO. En este tramo de la causa hay dos cuestiones claves: dilucidar si Milman conocía o tuvo alguna vinculación del tipo que sea con el atentado y si, además, se intentó esconder prueba o encubrir algo. Todo esto quedó fuera del juicio oral que se está llevando adelante ante le Tribunal Oral Federal 6, donde son juzgados Fernando Sabag Montiel –el hombre que quiso disparar pero la bala no salió–, su novia Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo, que tenía un emprendimiento de copos de azúcar que esa pareja vendía y usaba para vigilar alrededor de la casa de la entonces vicepresidenta, y que se autoincluía en sus chats en el intento de asesinato. 

Según fuentes judiciales, el tribunal de alzada podría tomar una definición la semana próxima, justo cuando Cristina declarará como víctima en el juicio oral por su intento de asesinato, algo a lo que en Comodoro Py muchos no están  acostumbrados ya que sistemáticamente la han citado como acusada. Su testimonio será el 14 de agosto. Por estos días, además, un sector de los medios intenta instalar en la opinión pública que la investigación debe apuntar a la custodia de CFK, la responsabiliza a ella del intento de magnicidio, y algunos todavía siguen hablando de autoatentado. 

Casualmente, era lo que planteaba Milman en los proyectos de resolución que presentó dos semanas antes de los hechos, donde sugería que alguien –“algún vanguardista iluminado”– atentaría contra la exvicepresidenta “para favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque” –decía– “para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir”. Por entonces transcurría el juicio conocido como “Vialidad”. Ese texto, que pedía información sobre su custodia, terminaba así: “sin Cristina hay peronismo y sin peronismo sigue habiendo Argentina”. Fueron seis proyectos en esa línea los que presentó. El fiscal Carlos Rívolo recién pidió información sobre esas presentaciones en junio último, pese a que eran conocidas. 

La historia sin fin

El testigo Jorge Abello, ex asesor en la Cámara de Diputados, declaró el 23 de septiembre de 2022 que había visto a Milman en el bar Casablanca dos días antes del ataque a CFK con dos mujeres y les dijo la famosa frase. En efecto, se iba a la costa por actividades proselitistas al día siguiente. La jueza pidió las cámaras y cuando los abogados de la querella le consultaron qué había encontrado les respondió “nada”. Ellos se pusieron a ver y detectaron que la escena descripta había existido. Luego se identificó a las colaboradoras y el día que fueron citadas a declarar, 26 de octubre de 2022, primero dijeron que no habían estado en ese bar. Hasta que les mostraron las imágenes y dieron marcha atrás. Luego se contradijeron sobre la agenda y actividades de Milman. El  abogado Marcos Aldazabal pidió, ante esa situación, secuestrarles los celulares, y Capuchetti se negó. Recién la Cámara dio indicaciones para que eso ocurriera, finalmente, en diciembre: entonces una de ellas, Ivana Bohdziewicz dijo que había borrado el contenido y su compañera, que había cambiado el aparato. 

Bohdziewicz declaró en mayo de 2023 como testigo, bajo juramento, que el borrado no había sido idea ni voluntad suya sino que la llevaron a una oficina de Bullrich –de quien Milman era entonces jefe de campaña, además de haber sido su mano derecha en Seguridad– y que allí aguardaba un perito que estuvo cuatro horas vaciando su aparato, manipuló el del diputado y a Gómez Mónaco la mandaron a comprar uno nuevo. Este episodio es el que la querella pide que se investigue: que se coteje el relato de la chica, si se encontró con su compañera en el café que señaló, si estuvieron en la oficina en cuestión, que se pidan cámaras, todo registro posible y testimonios. 

Ante aquel pedido, el fiscal Rívolo sostuvo que de los celulares no se habían obtenido resultados que vincularan a Milman con el atentado y que había que esperar los resultado de un peritaje de un celular que entregó en señal de colaboración y que, sin embargo, era un modelo que había salido al mercado con posterioridad al intento de asesinato y que empezó a usar incluso después. También dijo que había que esperar el análisis de un celular de iguales características de Gómez Mónaco. No sólo no habían sido usados antes del 1 de septiembre sino que son modelos para los que se carece tecnología que permita extraer su información. Capuchetti por su lado, sorprendió con algo más: no solo avaló a Rívolo en su teoría. Dijo que el testimonio de Abello no está acreditado principalmente porque las secretarias dijeron que no tuvo relación con el atentado y que no recuerdan la frase “cuando la maten yo estoy camino a la costa”. Acusó a la querella de hacer un recorte de la prueba.  

Aldazabal refutó punto por punto: “El fiscal para rechazar investigar esa reunión dice que no se encontró nada en los celulares y esto es insostenible porque justamente que no se encuentre información en los celulares puede ser una prueba de que la reunión existió”. Sostuvo que era un razonamiento “improcedente”. En cuanto a la jueza, ella sostuvo que el borrado no  tiene relación con la causa –y daría lo mismo si existió o no– porque Milman no tiene nada que ver porque sus secretarias lo despegaron del hecho. Sin embargo, nada de eso está probado, señaló el abogado. “Lo que hace una instrucción es contratastar hipótesis con pruebas”. 

Además recordó que, en rigor, las asesoras mintieron, se contradijeron y en todo caso afirmaron no recordar la frase. Capuchetti se concentró en desacreditar el relato de Abello, pero Aldazabal  señaló que “no es el objeto de las medidas  de prueba” reclamadas. Endilgó a la jueza “desconocimiento de lo que implica una investigación penal” y que “los testimonio tienen que contrastarse con otras pruebas”. “Nosotros queremos saber qué pasó, queremos saber la verdad”, dijo ante la Cámara. 

“Se nota que ni la jueza Capuchetti ni el fiscal Rívolo quieren esclarecer este hecho (…)  ¿cómo puede ser que hayan hecho tanto hincapié en el testigo Abello, que le abrieron un proceso, lo allanaron, le secuestraron el teléfono, lo colocaron como un símbolo. Mirá que si decís algo podés terminar como él“, alertó Ubeira. “Lo que están haciendo es un juego, llevando el proceso a la larga…”, sostuvo.  Y subrayó que el perito sería Jorge Teodoro, “premiado” por Bullrich con un cargo en el Ministerio de Seguridad. 

El abogado de Milman que asistió a la audiencia, Mauricio Lionel Castro, es igual que su coequiper en la defensa del diputado, Manuel Barros, abogado de gendarmes y se jacta de haber intervenido –de la mano, aunque no lo explicite, de Bullrich– en el caso del  policía Luis Chocobar, en la causa por al desaparición y muerte de Santiago Maldonado, donde hay agentes de Gendarmería implicados, en el caso de contrabando de armas a Bolivia para el golpe de Estado contra Evo Morales, entre otros. En su exposición, fue llamativo que no habló del recurso que estaba en discusión. Sólo usó el momento para despegar a su cliente así: “no hay un solo nexo ni llamada que tenga que ver con nada” (sic). Y se apoyó, también con algo que no venía a cuento de lo que se debatía, en que la resolución que dispuso la elevación a juicio oral del atentado decía que “no se acreditó  que no había ningún financiamiento ni instigación”. La querella, en las antípodas, hace tiempo denuncia que en realidad no se investigó.