En Casa Rosada se cocina un veto a medias a la movilidad jubilatoria | Si el Congreso insiste con la ley, apelarán a la vía judicial

Javier Milei tiene diez días –desde que se aprobó la ley de la nueva fórmula jubilatoria– para firmar el veto que ya anunció que hará. En Casa Rosada, sin embargo, más allá de que en conferencia de prensa el vocero Manuel Adorni anunció que el veto será total, dicen que aún están evaluando si será completo o “cuasi total”. Una de las posibilidades es que dejen que se transforme en ley la parte que consigna que los aumentos estarán enganchados al IPC –la fórmula que hasta ahora era decreto– y descarten el resto. Aún siguen las negociaciones. Más allá de lo que haga el Ejecutivo, sin embargo, el Poder Legislativo podrá insistir con la Ley si consigue juntar dos tercios en ambas cámaras. Eso todavía está en duda porque no se sabe qué harán los legisladores del PRO. Sin embargo, en Casa Rosada se adelantan a los escenarios posibles y dicen que, si el Congreso insiste, ellos irán por la vía judicial. 

Cerca de Milei opinan que la ley “es un delirio populista”, y dicen que, además, están evaluando opciones para, más adelante, desenganchar a los jubilados que cobran la mínima del resto. “El 90 por ciento de los 3.7 millones que cobran la mínima no hizo aportes, por lo tanto no son jubilados”, espetan cargándole las culpa por no pagar aportes a los trabajadores y no a los empleadores que los tuvieron en negro. Luego, añaden sobre la medida que tomará el Presidente y que perjudicará a millones de jubilados, que: “Vetar no es antipático, sino realista”. Para el entorno íntimo del Jefe de Estado cumplir con la ley implicaría “unos 500 palos verdes”, y agregan irónicos que “la plata no sale del cofre de un duende”.

Sobre el financiamiento para cumplir con esta ley, sin embargo, el diputado del bloque Coalición Federal, Nicolás Massot, propuso que si “no hay plata”, lo que puede hacer el gobierno es recortar en el “gasto tributario en el que se contemplan más de 30 regímenes de exenciones impositivas y beneficios fiscales a diferentes sectores de la economía que se llevan 4.7 puntos del PBI”. “Eso es once veces el costo fiscal de esta ley”, explicó y agregó que el gobierno “no puede meterle 40 puntos de ajuste a los jubilados y seguir financiando grupos de empresas que son hipercompetitivos”. Por último, disparó: “Seguimos comprando aviones de guerra, seguimos pagando la fiesta de los viajes del Presidente para recibir premios personales y financiando los gastos de espionaje. Para eso no hay discusión y va todo por DNU”.

El el oficialismo, en tanto, dicen que lo único “razonable” de la Ley son los aumentos enganchados al IPC. Es lo que ellos ya habían oficializado por decreto. En ese punto, dicen, podrían vetar todos los artículos de la Ley salvo ese, y que la fórmula que ellos eligieron quede con rango de Ley. No están de acuerdo con el artículo diez, por ejemplo, que impone un plazo de seis meses para que Nación cancele las deudas previsionales por juicios con sentencia firme y también las que tiene el Estado con las cajas provinciales. Tampoco con el resto.

Cerca de Milei opinan que durante su gobierno “los jubilados recuperaron un cinco por ciento”, y remarcan que “los jubilados de la mínima no son jubilados”. “El 90 por ciento de los jubilados de la mínima no aportó, es decir, no son jubilados”, subrayan y adelantan que “hay que hacer una diferenciación”, y que para eso “se está estudiando el tema”. Por último, opinan que “jurídicamente una jubilación mínima es un subsidio”, y que se trata de un universo de 3.7 millones de jubilados que para ellos no lo son porque “nunca aportaron”.

La aprobación de la ley que el gobierno va a vetar dejó a la vista –junto con el rechazo en Diputados del DNU que habilita 100 mil millones de pesos para fondos reservados para la SIDE– la tensión que vive por estas horas el vínculo entre el expresidente Mauricio Macri y la Casa Rosada. En el oficialismo dicen que el no apoyo de los bloques del PRO la semana pasada fueron un mensaje de Macri “para mostrarnos los dientes”. “Usó a sus diputados y senadores como carne de cañón, pero sabe que es insostenible, que no se puede sostener desde lo fiscal”, indican en el entorno del Presidente sobre la ley que pretende mejorar las jubilaciones.

El exmandatario “mostró los dientes” porque, según trascendió, está enojado con Santiago Caputo y Karina Milei. Se queja porque considera que en más de ocho meses de gobierno no le dieron los lugares que quería en la gestión. La lista de pedidos de Macri es larga: no quiere que el juez Ariel Lijo sea miembro de la Corte; quiere quedarse con la concesión de la hidrovía; también con la secretaría de Transporte y con Vialidad, con la Aduana, con la Afip y hasta con la concesión de la represa de Yacyretá.

En Balcarce 50 juran que no le dieron a Macri “nada de todo lo que le pide”, y que tampoco se lo darán. Aseguran que el giro discursivo del expresidente –un día mandó a sus senadores a votar a favor de la nueva fórmula jubilatoria y al siguiente dijo que apoyaba el veto de Milei– se debió a que “no puede ir en contra de su electorado y, si sigue votando con el kirchnerismo, va a destruir los tres puntitos que le quedan”. Cerca de Milei analizan que “lo que hizo Macri fue decirnos que tiene la llave de los dos tercios para un posible juicio político”, pero opinan que ellos “demostraron gobernabilidad en exceso”.

Lejos de mostrarse golpeados por las derrotas legislativas: perdieron la presidencia de la comisión bicameral de inteligencia; voltearon en Diputados el DNU que asignaba fondos reservados para la SIDE y votaron la nueva ley de movilidad jubilatoria, en Casa Rosada se esfuerzan por mostrarse como si nada hubiera pasado y envían un mensaje a la oposición amigable: “que nos vuelvan a llamar cuando nos devuelvan tres victorias”.