De las calles a los barrios: el repliegue de las organizaciones sociales como respuesta a la represión del Gobierno | Una pelea sin cuartel que en los tribunales y los comedores comunitarios

Los operativos antipiquetes, sumados a los más de 120 allanamientos a casas de militantes sociales, han diluido las protestas callejeras, modificando la expresión del conflicto social. La ofensiva del gobierno de Javier Milei contra las organizaciones en la primera mitad de este año no sólo ha sido violenta, sino también arbitraria, en el sentido de que cualquiera que sale a la calle a reclamar puede ser gaseado o golpeado, y cualquier agrupación que levante la cabeza sabe que se pone en el radar para que le caiga una causa judicial; como efecto, los movimientos se replegaron. Sus protestas están siendo menos frecuentes, quienes las organizan ponen un mayor cuidado en buscar que sean masivas -como la del 7 de agosto, día de San Cayetano- para evitar exponerse a una represión. Hay un repliegue, que no se da sin sus debates internos. Pero no sólo en la estrategia de las organizaciones hubo cambios. El gobierno, que festeja como un logro mundial la reducción de las movilizaciones callejeras, ha tomado nota que su postura de no entregar alimentos a las organizaciones sociales es insostenible; no sólo porque el 20 por ciento de la población ha caído en la indigencia, sino porque no tiene ningún sistema que las reemplace. Los intentos de apoyarse en las iglesias evangélicas o en Fundaciones como Conin para distribuir alimentos no anduvieron bien. Por eso, en las últimas semanas, Capital Humano ha comenzado a ofrecer a algunas organizaciones sociales una Tarjeta del tipo Alimentar para sus comedores. Estas negociaciones están en sus inicios, y los referentes sociales tratan de no entusiasmarse: es que el ministerio ya le dio al padre Paco Olveira una tarjeta para su comedor… que resultó no tener fondos.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos es una de las organizaciones fuertes de la Utep. Allí aclaran que nadie les ofreció todavía las tarjetas. “Nosotros venimos impulsando dos causas judiciales contra la ministra Sandra Pettovello para que recomponga el envío de alimentos. No hablamos solamente de que reparta los que retuvo en los galpones, sino de que restablezca el flujo de envío de alimentos a los comedores. Estamos intentando buscar medidas que sirvan para algo, que no sean sólo ir a que nos cague a tiros la policía, que hasta ahora es la respuesta que estamos teniendo por parte del gobierno”, plantea Nicolás Caropresi.

Agrega que en ese sentido pensaron la campaña Ningún Pibe con Hambre y el festival solidario para reunir alimentos. “Buscamos mantener el tema en agenda y al mismo tiempo ir consiguiendo recursos concretos que el Estado hoy no está garantizando. No vamos a dejar la calle, de hecho estamos planificando para dentro de una o dos semanas una medida más callejera, pero el problema es ese: que vamos a ir a que nos caguen a tiros, porque no hay intención del gobierno de resolverlo de otra manera”.

“No tenemos todos la misma posición. Nosotros estamos preguntando por qué no se está saliendo a la calle. Pasa que cada uno está en la suya, y además se privatizó la lucha por el alimento” , dice Rafael Klejzer en el MP La Dignidad, crítico de la postura de la conducción de la Utep. Klejzler quisiera ver una reacción más activa de las organizaciones, pero su propuesta está en minoría. Le molesta que las organizaciones resuelvan “con rifas o colectas” la falta de envío de alimentos por parte del Estado cuando la situación social es tan crítica. “Se concedió una paz social a cambio de no sabemos qué”, agrega. A su criterio, a muchos dirigentes “los asustó mucho la ofensiva judicial o tienen algún problema administrativo” que los vuelve posibles blancos de denuncias.

¿Con quienes se reunió Capital Humano? Las que confirmaron que hubo contacto fueron, hasta ahora, organizaciones más chicas, que no están alineadas ni con la Utep ni con el Polo Obrero. Como las conversaciones recién se inician, nadie quiere contar demasiado y que una filtración interrumpa el proceso. “El ministerio habla de entregarnos tarjetas para que los comedores compren alimentos”, señaló uno de los referentes que escucharon la propuesta;  ”puede ser una vía que sirva; dependerá, como todo, de si consiguen implementarlo. Por ahora sólo son promesas, no nos han confirmado nada”.

Los interlocutores puestos por el gobierno salieron de dos áreas, la de Desarrollo Social y la Secretaría de Trabajo, que tiene a su cargo uno de los programas que reemplazó al plan Potenciar. El gesto, en sí mismo, es una novedad, algo que no venía ocurriendo.

“Mi lectura es que el gobierno tiene la intención de poner paños fríos en los territorios. Los comedores están sin poder dar respuesta, a los municipios no les alcanza y eso viene haciendo cada vez más ruido”, apuntó el consultado.

En estas organizaciones, sin embargo, tienen presente que Capital Humano viene de entregarle al cura Paco Olveira una tarjeta para su comedores, pero sin saldo. Olveira lo contó en una carta abierta que publicó Pagina/12.

“Además de sacerdote, soy Presidente de la Fundación Isla Maciel, que recibía como parte del programa Alimentar Comunidad un dinero mensual del extinto Ministerio de Desarrollo de la Nación, que se depositaba en una tarjeta de débito; comprábamos en comercios de cercanías, rendíamos y al mes siguiente se volvía a depositar. Desde que llegaron ustedes nos auditaron más de tres veces, nos pidieron infinidad de papeles, nos felicitaron y finalmente nos dieron una nueva tarjeta de débito pero sin fondos!”, contó el cura en la carta.

“Hemos presentado todas las pruebas en la denuncia que contra Capital (in)Humano y su persona ha presentado el CELS, la cual siguen apelando con el único argumento de que los programas están vigentes, puede ser, pero sin plata y como usted debe saber (o no porque seguramente siempre manda a la mucama a hacer las compras) con el plástico solo no nos venden alimentos”.

Eduardo Belliboni está procesado a raíz de una denuncia iniciada por el gobierno contra su organización, el Polo Obrero. “El miedo (a manifestar) existe”, indica. “Vos hoy le decís a un compañero ‘salgamos’ y el compañero tiene en su balance que puede ser reprimido. La última vez que todos las organizaciones marchamos por la avenida 9 de Julio tuvimos 40 detenidos. A uno de los manifestantes le dieron con un perdigón de una bala de goma en el ojo y perdió la visión. Los encausados estuvieron hasta hace tres semanas con un proceso judicial en su contra. Es claro que la gente está teniendo miedo manifestarse, y que sale cuando la movilización es masiva, como pasó el 7 de agosto, para la protesta de San Cayetano, o con la marcha en defensa de las universidades”.

“Ellos (por el gobierno) se jactan de haber controlado los piquetes”, agregó Belliboni aludiendo a un comentario de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que en la semana se congratuló de que “la ley y el orden” se estén “aplicando en cada rincón del país”.  “Gracias a la determinación del Presidente y el trabajo coordinado de distintas áreas del gobierno y las fuerzas del orden, hace cuatro meses no hay piquetes en Argentina”, celebró Bullrich.

Para el referente del Polo Obrero, “se eso mismo se jactaba la dictadura. El tema debería ser otro: el gobierno, ¿resolvió los problemas o los agravó? Estamos hablando de que tenemos un 55 por ciento de la población en la pobreza y un 20 por ciento de indigentes. No veo que haya nada de lo que pueda jactarse”.