Miles de sanjuaninos bancaron a la UNSJ y marcharon contra el veto de Milei a la Ley de Financiamiento

En una jornada histórica para la comunidad educativa, miles de estudiantes, docentes y trabajadores universitarios se movilizaron en San Juan en el marco de la segunda Marcha Federal Universitaria que se realiza durante el mandato de Javier Milei. La manifestación tuvo como punto de concentración la facultad de Filosofía, con el objetivo de exigir la aprobación definitiva de la Ley de Financiamiento para las universidades públicas.

La ley, que había sido aprobada por el Congreso, busca garantizar los fondos necesarios para el funcionamiento y desarrollo de las casas de estudio, que se han visto afectadas por recortes en los últimos años. Sin embargo, el presidente Milei ha anticipado su veto a la normativa, lo que provocó la masiva reacción de la comunidad educativa, respaldada por diversas organizaciones políticas y sindicales.

La manifestación multitudinaria tiene como consigna el “No al veto. Sí a la universidad pública”. Está encabezada por la actual conducción de la Universidad Nacional de San Juan, el rector Tadeo Berenguer y la vicerrectora Analía Ponce. También están los representantes de los gremios estudiantiles y de los sindicatos de trabajadores.

La marcha comenzó en Ignacio de la Roza y Sarmiento. Dieron media vuelta por la plaza 25, pero no se quedaron allí como informaron previamente. Los manifestantes continuaron por General Acha y doblaron por Avenida Libertador hasta llegar a la Legislatura. El rector Berenguer se refirió a la marcha y dijo que hay que garantizar la soberanía del sistema universitario y al mismo tiempo pidió por sueldos legítimos para el personal universitario.

La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en el Senado el 12 de septiembre. Durante la votación en general, la iniciativa obtuvo 57 adhesiones, 10 rechazos y una abstención, superando de manera holgada los dos tercios.

La norma establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto. Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación supondría “un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.

Fabian