Sheinbaum presentó su nuevo plan de seguridad | Frente a la ola de violencia delictiva en México propuso políticas sociales

La nueva presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, presentó este martes su nuevo plan de seguridad, que busca dar fin al ciclo de agresión vinculado a la actividad delictiva, que deja unos 30.000 muertos cada año, y se cobró la vida de un funcionario la semana anterior.

La estrategia surge luego de que, el pasado domingo, fuera decapitado el alcalde de Chilpancingo, capital del estado sureño de Guerrero, apenas días después de asumir.

La violencia en México se concentra en puntos estratégicos, con seis distritos de los 32 del país sumando casi la mitad de los homicidios vinculados a la actividad criminal. Estas zonas están atravesadas por los enfrentamientos entre los dos principales cárteles que operan en el país, el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Durante su primer semana en el mandato, Sheinbaum ha tenido que enfrentar una ola de violencia que no da tregua: a la decapitación del alcalde en Guerrero, se le suma el descubrimiento de 12 cadáveres en el estado de Guanajuato el pasado jueves, y unas 150 personas asesinadas en las últimas tres semanas en Sinaloa.

“Abrazos, no balazos”

La exalcaldesa del distrito federal, que asumió el 1 de octubre, se comprometió a mantener la estrategia de su predecesor, Andrés Manuel López Obrador, quien optó por emplear una serie de políticas sociales para atacar al crimen desde la raíz durante su mandato.

De esa forma, su plan nacional de seguridad está enfocado en “atender las causas de la violencia” y tiene un interés por evitar “una guerra contra el narcotráfico”

En su propuesta, Sheinbaum proyecta lo que llama una “estrategia de seguridad de 100 días”, según el cuál la seguridad nacional se enfocaría en las 10 ciudades y estados más peligrosos del país, de acuerdo a lo expuesto por la nueva presidenta a los medios locales.

“Vamos a fortalecer todavía más la coordinación con los estados, tanto de colaboración, inteligencia, investigación”, adelantó Sheinbaum el pasado lunes.

Durante los seis años del término de López Obrador, la criminalidad se cobró una cifra récord de más de 190.000 muertos, pero la nueva presidenta descartó enfrentar la violencia con más violencia.

“No va a regresar la ‘guerra contra el narco’ de Felipe Calderón, no buscamos ejecuciones extrajudiciales, que era lo que ocurría. ¿Nosotros qué vamos a usar? Prevención, atención a las causas, inteligencia y presencia”, manifestó Sheinbaum en su conferencia matutina.

Además, la tasa de asesinatos fue de 26,6 por cada 100.000 habitantes de enero de 2018 a septiembre de 2024, según lo expuesto por el Gobierno en la conferencia, pero Sheinbaum prometió “fortalecer” la política social, en particular para jóvenes.

“¿Qué vamos a hacer? Vamos a apoyar, ya una parte la venía haciendo el Gobierno del presidente López Obrador, pero nosotros vamos a fortalecer esta parte de atención a las causas, eso es lo primero, y el año que entra ya entraremos con algunos recursos adicionales”, argumentó la mandataria.

Cuatro ejes

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien fue secretario de Seguridad de la gestión de Sheinbaum en la Ciudad de México, estuvo al frente de la presentación del plan, en la cual delimitó los cuatro ejes principales: atender las causas de la violencia, consolidar la Guardia Nacional, usar inteligencia contra el crimen y fortalecer la coordinación entre las autoridades.

En particular, el ministro enfatizó que van a “atender de manera prioritaria a las familias más vulnerables, reduciendo la pobreza, cerrando brechas de desigualdad y generando oportunidades para que las y los jóvenes tengan acceso a una mejor calidad de vida. Esto nos permitirá, además, alejarlos de la delincuencia y del reclutamiento de grupos delictivos”, sostuvo García Harfuch.

El funcionario destacó la Guardia Nacional, un cuerpo de 133.000 elementos creado por López Obrador que solía ser civil, pero en septiembre pasó a formar parte del Ejército.

La estrategia de usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha creado controversia, lo que se reavivó con la masacre de seis migrantes de Egipto, Perú y El Salvador durante un operativo militar cerca de la frontera sur de México el 1 de octubre, el primer día de mandato de Sheinbaum.

“Es falso que haya militarización, lo que estamos haciendo es aprovechar las capacidades de la Secretaría de la Defensa Nacional para que no importe el tiempo y la Guardia Nacional se pueda consolidar”, defendió ahora García Harfuch.

Mediante estas acciones, el Gobierno persigue tres objetivos principales, según el secretario de Seguridad, y el principal es la disminución de la incidencia delictiva, principalmente de los homicidios dolosos y delitos de alto impacto como la extorsión.

También están “neutralizar generadores de violencia y redes criminales, con atención a zonas de alta incidencia delictiva”, y “fortalecer” las capacidades de prevención de las policías.

Un territorio criminalizado

La reciente escalada en Guanajuato se trata de una “contraofensiva” del cártel de Sinaloa y sus aliados contra el CJNG, que se encuentra en control de la región, según explica el experto en seguridad David Saucedo.

El estado, el más violento de todo el país, fue escenario de más de 3.000 asesinatos el año pasado, como saldo de la disputa por el control de la vía marítima de la costa del Pacífico.

A su vez, la zona recibe millonarias inversiones de multinacionales del rubro automovilístico, y es un centro de la actividad turística con la ciudad colonial de San Miguel de Allende siendo una atracción mayor.

Otra jurisdicción problemática es la de Chiapas, en la frontera del sur con Guatemala, que actúa como un “importante centro de narcotráfico y tráfico de migrantes”, donde la violencia se intensificó debido a “la incursión del CJNG en municipios fronterizos que antes eran bastiones del cártel rival de Sinaloa”, según explica la fundación de estudio del crimen en Latinoamérica, Insight Crime.

Las localidades fronterizas con Estados Unidos, como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa, figuran entre las más peligrosas del mundo, ya que actúan como nodos centrales de las redes de narcotráfico y traslado ilegal de migrantes.

La actividad en territorio mexicano ha ganado mayor relevancia, luego del brote de la crisis del fentanilo, una droga sintética relacionada con la mayor parte de las más de 100.000 muertes por sobredosis en Estados Unidos en 2023. Según la directora de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Anne Milgram, “los carteles de Sinaloa y el de Jalisco están en el centro de la crisis”.

Para la entidad federal estadounidense, ambos carteles son considerados “empresas criminales globales”, que compran sus insumos a China para la fabricación de drogas sintéticas en “laboratorios clandestinos en México” y “utilizan sus vastas redes de distribución para transportar las drogas a Estados Unidos”.

A lo largo de su historia, los cárteles han sabido aprovechar la corrupción de los funcionarios de seguridad, como lo fue el caso del exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, que durante su paso entre 2006 y 2012 fue conocido como “el principal policía del país” y hoy aguarda su sentencia luego de ser declarado culpable de complicidad con el cártel de Sinaloa por un juzgado de Nueva York.

La violencia criminal también ha sido alimentada por la atomización de los cárteles desde que el expresidente Felipe Calderón lanzara su ofensiva militar en contra de los cárteles en diciembre de 2006, contando con el apoyo de Estados Unidos. Desde entonces, más de 450.000 personas han sido asesinadas, y unas 100.000 han desaparecido en México.