Un proyecto que preocupa al presidente Milei | La oposición en Diputados busca limitar el uso de los DNU

La Cámara de Diputados comenzó a debatir una iniciativa que, de aprobarse, desatará una crisis en el corazón del gobierno libertario mucho más profunda que cualquier otra ley opositora que genera déficit fiscal: la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia. La maniobra es encabezada por el pichettismo de Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, una parte de la UCR y el peronismo, quienes pretenden limitar, así, la gestión a puro decreto de Javier Milei. El objetivo principal de la oposición es invertir la lógica de validez de los DNU. Es decir que un DNU, para quedar vigente, tenga que ser sí o sí aprobado por el Congreso y que, en cambio, el no tratamiento derive en su rechazo: lo contrario a lo que sucede ahora, cuando un DNU puede nunca ser tratado por el Congreso y continuar vigente. 

Falta definir la letra chica. La oposición logró juntar una mayoría en el recinto la semana pasada para emplazar las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones y forzar, así, un tema que La Libertad Avanza quiere hundir a toda costa. Esta mayoría fue resultado de semanas –meses, incluso– de negociaciones entre dirigentes de Encuentro Federal y Unión por la Patria, que originalmente se resistía a reformar la Ley 26.122, impulsada por Cristina Fernández de Kirchner en 2006. El escenario cambió, sin embargo, después del rechazo del DNU 70 en el Senado y la imposibilidad de terminar de voltearlo en Diputados. El peronismo –con el okey de CFK– coincidió en que había llegado el momento de limitar el uso que Milei podía hacer de la herramienta.

“Los debates políticos no se dan en el aire, se dan en un tiempo y lugar. Seríamos necios si negásemos que el DNU 70/2023 es un dato de contexto. Y sería un error no reconocer que no es lo mismo que la herramienta constitucional esté en manos de un presidente o en manos de otro. La misma herramienta puede ser usada con determinado objetivo o el contrario”, fundamentó el titular de UxP, Germán Martínez, que reconoció los diálogos informales con el resto de los diputados opositores y se encargó de explicar por qué había llegado el momento de reformar una ley que, sin embargo, defendió. “Antes de la ley (26.122) había que sacar una ley que rechace los DNU, y esa ley tenía que tener aprobación en una Cámara y de la otra y si el presidente vetaba se necesitaban los dos tercios. Rechazar un DNU significaba tener dos tercios”, recordó Martínez en la reunión plenaria. 

Martínez afirmó, así, que había llegado el momento buscar “acuerdos” para “poner límites a un gobierno que hace pésimo uso de una herramienta constitucional”. Fue la premisa que prevaleció –palabras más, palabras menos– entre todos los diputados del pichettismo, la Coalición Cívica y el radicalismo que defendieron los proyectos de reforma de la Ley de DNU que había presentado en los últimos meses. La fecha clave es el miércoles 30: es el día que el plenario está mandatado a dictaminar. Es decir que la oposición tiene dos semanas para unificar los más de 15 proyectos presentados en un texto común.

Los proyectos son distintos, pero la mayoría coincide en dos puntos: la bicameralidad y la eliminación de la sanción tácita (es decir que un DNU pueda quedar vigente ante el silencio del Congreso). “Todos los proyectos tiene dos bases comunes. En primer lugar, si una Cámara rechaza, queda sin efecto. Si necesitamos para una ley que haya dos Cámaras me parece básico pretender este resultado para los DNU. Pero en segundo lugar, la mayoría de los proyectos habla de plazos para el tratamiento. Todos son plazos ordenatorios”, precisó Oscar Agost Carreño, uno de los diputados de EF que más viene impulsando el debate. 

Uno de los pisos mínimos de consenso en la oposición es que la reforma de la Ley de DNU tiene que incluir plazos. Pueden ser de 60 días –como el proyecto de Agost Carreño–, 90 días de corrido –como el de Margarita Stolbizer– o de 60 días con la posibilidad de prorrogarlo 30 días después de la aprobación de una Cámara –como el proyecto de Carla Carrizo (UCR)–. Pero el objetivo es plantear que si, cumplida cierta cantidad de días, el Congreso no trata el DNU, el mismo pierda validez. “Nunca se cumplen los plazos de control, es muy permisivo. Es mucho más fácil para el presidente publicar un DNU que presentar una ley en el Congreso”, cuestionó Carolina Gaillard (UxP).

El otro punto de mayor consenso es la bicameralidad, es decir que se necesite la aprobación o el rechazo de las dos cámaras para definir la validez o invalidez de un DNU. Según la ley actual, con la simple aprobación de una cámara el DNU ya queda refrendado, mientras que, en cambio, se necesitan del rechazo de las dos cámaras para voltearlo. Hay algunos, sin embargo, que consideran que debería bastar con un solo rechazo para voltear un DNU. “El mecanismo es a la inversa: basta uno para que no exista la voluntad legislativa conjunta”, discrepó, por ejemplo, el radical formoseño Fernando Carbajal.

La oposición deberá resolver sus diferencias en las próximas semanas, ya que solo con un acuerdo entre la UCR, EF, el peronismo y la izquierda es que se podrá alcanzar una mayoría opositora que sobrepase la resistencia oficialista. La estrategia legislativa de Milei se basa, fundamentalmente, en los vetos y los DNU, por lo que LLA hará todo lo posible para evitar que la reforma se sancione. 

“¿Por qué no quieren que el presidente Milei utilice esta herramienta constitucional? Nosotros no salimos a cuestionar el sistema político cuando se rechazó el DNU de la SIDE, lo aceptamos. Pero no conformes con que aceptemos la reglas de juego empezaron a ver cómo cambiar las reglas y afectar un sistema que es presidencialista. Estas son las herramientas que permitieron bajar la inflación”, se quejó Lisandro Almirón, el único libertario que atinó a tomar la palabra en la reunión de comisión. 

El oficialismo teme que la oposición consiga la mayoría para aprobar la reforma, y más de uno se anima a deslizar, jocosamente, la solución: un nuevo veto.