México aprobó una reforma energética que refuerza el control del Estado | Con 86 votos a favor y 39 en contra en el Senado

El Senado de México aprobó una reforma energética del oficialismo para privilegiar a las empresas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que tengan prioridad sobre las privadas en la generación y el despacho de energía.

En una larga sesión que comenzó en la tarde del miércoles y se extendió hasta la madrugada del jueves, los senadores aprobaron con 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención, la reforma para dejar de considerar “empresas productivas del Estado” a Pemex y CFE, que ahora serán “empresas públicas” para no competir en el mismo nivel que todas las privadas.

La reforma

La reforma constitucional revierte en parte la reforma energética del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) que abrió el sector a la inversión privada y obligó a Pemex y CFE a competir en condiciones más equitativas con los particulares. “Esto da pasos firmes para la recuperación de la soberanía energética, con lo que se revierten los cambios que se realizaron con la reforma energética de 2013, que lo único que pretendía era desmantelar a Pemex y CFE”, argumentó la senadora Laura Castillo, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

Aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados, la reforma ahora debe ser aprobada por al menos 17 de los 32 congresos estatales del país, la mayoría de los cuales están dominados por Morena. Dicha reforma encendió alertas ante la próxima revisión en 2026 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que rechaza que haya un trato especial a empresas nacionales. Pero la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró que se respetan todos los contratos actuales y que habrá mesas de trabajo para que se entienda cómo pueden participar y en dónde pueden participar los inversionistas privados.

La modificación establece que la CFE generará el 54% de la electricidad nacional sin considerarse un monopolio, y obliga al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) a despachar primero la energía producida en plantas de la empresa del Estado, aunque sea más cara y contaminante que la de privados.

Soberanía energética

El oficialismo asegura que con la reforma se recuperará la soberanía energética, ya que esta establece que la electricidad, los hidrocarburos, el litio y el internet no serán más objeto de especulación y acaparamiento por intereses privados. “Serán como debieron ser siempre bienes y recursos naturales al servicio del desarrollo nacional”, señaló el senador de Morena, Cantón Zetina, en declaraciones recogidas por el medio mexicano La Jornada.

En ese sentido, se establece que CFE deberá proveer electricidad al menos precio posible evitando el lucro, informó la cadena televisiva CNN. “Estas reformas son un paso firme hacia la consolidación de lo que es leitmotiv de los gobiernos de la cuarta transformación, un Estado constitucional de bienestar”, agregó el senador de Morena, Enrique Inzunza.

Por el contrario, los miembros de la oposición mexicana insistieron en que se trata de una medida que ahuyentará la inversión privada y agravará la contaminación por el uso de energías “sucias”. “La reforma es regresiva, contaminante y obsoleta, entre otros factores, por omitir la transición a combustibles limpios”, sostuvo en la discusión Clemente Castañeda, senador del opositor Movimiento Ciudadano (MC). 

El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pablo Angulo Briceño, resaltó que una reforma mal concebida afectaría directamente al consumidor en términos de precios, calidad de servicio y oportunidades de empleo.

Esta reforma fue presentada inicialmente en febrero pasado por el antecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en un momento en que Morena no sumaba los dos tercios de votos en el Congreso federal para pasarla. Pero el oficialismo arrasó en las elecciones generales del 2 de junio último y junto con sus aliados consiguió avanzar en otras reformas constitucionales, entre ellas la del poder judicial para que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular.