Diputados: La oposición busca abroquelarse detrás de la fórmula jubilatoria para negociar con el Gobierno | Podrían avanzar en una nueva ley que evite la licuadora sobre los haberes

“No es suficiente”. El reclamo opositor frente al decreto que modificó la fórmula de movilidad jubilatoria se presenta, hoy, como una de las principales prendas de negociación del Congreso frente a un Gobierno ensimismado en alcanzar acuerdos por fuera del Palacio Legislativo. Radicales y pichettistas, peronistas y de izquierda coinciden en que el nuevo cálculo no alcanza y amenazan con avanzar por su cuenta en una nueva ley que evite la licuación de los haberes de los jubilados. En medio de las negociaciones con los gobernadores por la Ley Ómnibus, esta voluntad de los diputados de acordar un gran dictamen opositor es un llamado de atención al gobierno nacional. Es una manera de decir que sin los gobernadores no se puede, pero que solo con los gobernadores no alcanza. Es un mensaje a Javier Milei de que las negras, en el Congreso, también juegan.

Cada sector político tiene sus fundamentos y cuestionamientos al DNU que modificó, hace una semana, la fórmula de movilidad jubilatoria para que se actualice de acuerdo a la inflación: que empieza a regir recién desde julio, que no compensa la totalidad de la inflación desde enero, que es una “trampa” para indexar de acuerdo a la inflación recién cuando la suba de precios comience a desacelerar. Unión por la Patria, incluso, sube la apuesta e insiste que cualquier fórmula tiene que incluir la prohibición de pagar en cuotas los haberes jubilatorios (como el gobierno hará en abril). Las estrategias son diversas y cada bloque desconfía de las intenciones del otro, pero, de momento, el objetivo es el mismo: reemplazar el DNU presidencial por una ley sancionada en el Congreso.

En total, son 16 los proyectos presentados por UxP, el radicalismo, el PRO, el cordobesismo, la izquierda y otras bancadas provinciales. El objetivo de los diputados que impulsan estas iniciativas es intentar arribar a un dictamen de consenso que habilite una mayoría opositora capaz de imponerle una negociación al oficialismo (que buscó evitar esta instancia vía DNU). Las demandas son heterogéneas y, mientras algunas bancadas (como Hacemos Coalición Federal) están dispuestas a conformarse con una mejor compensación, otras exigen cambios más profundos. “Tiene que quedar en claro la vocación de elevar el piso de las jubilaciones, de recuperar lo perdido desde que asumió Milei y calzar una cláusula gatillo vinculada a la inflación”, sostienen, por ejemplo, las autoridades de UxP.

No será fácil consensuar. La semana pasada se reunieron los asesores de la comisión de Previsión Social para arrimar posturas entre los distintos bloques y ya se comenzaron a distinguir los principales nudos de conflicto. Uno es el “empalme” entre las dos fórmulas (la del gobierno de Alberto Fernández, que combinaba la recaudación de la ANSES con la variación salarial, y la nueva propuesta por Javier Milei con base en el IPC): la Coalición Cívica exige una compensación del 20,6 por ciento, María Eugenia Vidal que el incremento vía IPC sea retroactivo a enero, UxP propone incluir una cláusula gatillo. Hay propuestas, además, para incluir los bonos que cobran los jubilados de la mínima en su haber básico. 

“Nosotros somos otro poder del Estado. Si bien el DNU reconoce lo que la mayoría de los proyectos proponen, que es utilizar como índice el IPC, el DNU nos parece insuficiente. Queremos generar proyecto de ley que le den previsibilidad a los haberes de los jubilados”, explican las autoridades de la comisión de Previsión Social, que preside Gabriela Brouwer de Koning (UCR) y que encabeza, hoy, la batalla en el Congreso por el tema jubilatorio. El objetivo de Brouwer, que pertenece a la línea Lousteau-Yacobitti de Evolución, es convocar a una reunión informativa este jueves y, la semana que viene, una nueva reunión en donde acordar un dictamen conjunto. El problema es que, por más que el radicalismo haya decidido avanzar con el tema en la comisión de Previsión Social, La Libertad Avanza puede freezar la discusión en la comisión de Presupuesto, que preside José Luis Espert. El economista ultra liberal – que se sumó a LLA hace unas semanas – está decidido a no abrir la discusión en la comisión hasta que se haya aprobado la Ley Ómnibus.

Frente a este panorama, algunos opositores analizan la posibilidad de convocar una nueva sesión especial para forzar el emplazamiento de la comisión (como ya se intentó y fracasó, por unos 10 votos, hace un par de semanas). La cercanía del debate de la Ley Ómnibus, sin embargo, monopoliza el clima en el Congreso y son pocos los que consideran que es el momento para avanzar con una embestida así mientras se desarrollan las negociaciones en Casa Rosada. Porque las conversaciones, en efecto, se están llevando a cabo todas afuera del Congreso: la centralizan Guillermo Francos y Nicolás Posse con los gobernadores, aunque también ha habido con emisarios de la bancada radical y de HCF. Todas, sin embargo, son por fuera de la dinámica legislativa: el gobierno nacional quiere llegar al debate en comisión con el borrador ya negociado y listo para ser aprobado. 

“El gobierno está cometiendo el error de nuevo de creer que los diputados seguimos todos estúpidamente a nuestros gobernadores”, advierten en la oposición amigable de la Cámara baja, en donde levantan la bandera de los jubilados como una advertencia. Los opositores más duros, sin embargo, los observan con desconfianza: muchos temen que los radicales y pichettistas, fieles de la balanza de la votación en Diputados, solo estén sacando pecho con los jubilados para negociar después con Milei. “Los bloques colaboracionistas quieren utilizar a los jubilados como prenda de negociación para el paquete fiscal”, denuncian en la izquierda e, incluso, algunos sectores de UxP. El jueves, cuando se lleve a cabo la reunión informativa con académicos, especialistas y funcionarios, los diputados de los dos bandos de la oposición empezarán a tantearse. Mientras tanto, esperan.