La audiencia maldita de la “Causa Maldita” | El hijo de un fusilado contó al detalle la historia del encubrimiento a Otero Alvarez

Juan Miguel Ceballos, hijo de uno de los 28 fusilados en la cárcel UP1 de Córdoba y actual funcionario de la Justicia Federal, denunció en un testimonio tan vibrante como documentado, “la cadena de complicidades que permitió y protegió” al ex juez Carlos Otero Álvarez durante más de dos décadas hasta llegar al banquillo de los acusados en 2017, cuando fue absuelto de modo escandaloso por el Tribunal Oral Federal 2 presidido por Julián Falcucci.

Con nombres y apellidos, Ceballos, el único declarante de la segunda audiencia de este (segundo) juicio que ordenó la Cámara de Casación, protagonizó una jornada histórica al exponer en poco más de dos horas lo que definió y numeró “los hechos de impunidad judicial” en la llamada “causa maldita de la Justicia Federal de Córdoba”: tal como se conoce aquí a los expedientes abiertos contra los magistrados. Una denominación que aún arde en los tribunales, y cuya autoría es de Rubén Arroyo, uno de los decanos por los Derechos Humanos de esta provincia, que desde 1983 investigó las acciones y omisiones de la justicia durante la Dictadura, junto al propio Miguel Ceballos y Luis “Vitín” Baronetto, sobreviviente de la UP1, y esposo de Marta Juana González, otra de las fusiladas.

Ante el juez riojano Mario Martínez que preside esta vez el TOF 2, el declarante quiso precisar desde qué condición podía dar testimonio: “Soy hijo del fusilado Miguel Ángel Ceballos (asesinado en una falsa fuga el 11 de octubre de 1976), soy abogado desde 1999, y además conozco lo que es ser secretario de juzgado, como lo fue el acusado Otero Álvarez (en la época de los crímenes), ya que desde hace ocho años trabajo en el Juzgado Federal 3 al que fui convocado por Miguel Hugo Vaca Narvaja”, a su vez hijo y nieto homónimo de dos víctimas de la represión.

Yo acuso

Juan Miguel Ceballos trazó una línea histórica que numeró por cada hecho “de impunidad”, centrándose en la responsabilidad penal de Otero Álvarez. “Toda esta historia comenzó en el penal de Rawson, Chubut, cuando Fermín Rivera, un prisionero que había estado en la UP1, denunció por primera vez lo que pasó ahí en un período que va de abril a octubre de 1976”. El expediente al que Página 12 tuvo acceso en los juicios anteriores, es un espeluznante relato de torturas, vejaciones y asesinatos de los 31 presos políticos a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Crímenes que Ceballos calificó como “planificados, ya que desde abril a octubre sacaron a 28 presos políticos en grupos y los fusilaron con el método de la ley de fuga, tal como lo describió en 1977 Rodolfo Walsh en su Carta abierta a la Junta Militar”:

“En los expedientes que los funcionarios judiciales cerraban “por muerte por herida de bala”, y concluían archivando los supuestos crímenes de las víctimas “por extinción de la acción penal por parte del imputado”; Ceballos le apuntó a la falta de investigación por parte de la justicia de entonces, “ya que todos ellos eran presos a disposición del PEN y debían ser protegidos por la Justicia y fueron abandonados”. Acusó a Otero Álvarez por su inacción porque “entrevistó a presos y no hizo nada, y los sobrevivientes lo han declarado en los juicios”. 

Recordó al testigo Manuel Canizzo cuando, en varios juicios, incluido el de 2017, contó a los jueces cómo “le rogó” a Otero Álvarez que entonces era secretario del Juzgado Federal 1, que sacara a Vaca Narvaja (abogado de 35 años secuestrado y preso en la UP1) porque lo iban a matar. Que lo habían amenazado. Y que Otero le dijo “que no podía hacer nada, porque Vaca Narvaja no tenía causa”. Días después, el 12 de agosto de 1976, lo sacaron del penal junto a los hermanos Gustavo y Eduardo de Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo, de sólo 19 años, y los fusilaron cerca del Chateau Carreras. Sólo sobrevivió Eduardo, el mayor, a quien en un juego perverso, los represores le obligaron a tirar una moneda al aire. Según saliera, el fusilado sería él o su hermano menor de 23 años. Tras la balacera, le llevaron maniatado a ver los cuerpos acribillados, y lo devolvieron a la UP1 para que se lo contara a los otros presos. Que eso les pasaría, tal como lo había sentenciado el genocida Juan Bautista Sasiaíñ el 2 de abril de 1976 tras el Golpe de Estado: “Los vamos a matar a todos. Pero los vamos a matar de a poco, como a las ratas para que sufran”. Estrictas órdenes de su jefe, Luciano Benjamín Menéndez.

Ya en su línea de tiempo, Ceballos dijo que el “primer acto de impunidad judicial” fue cuando el fiscal Julio Cesar Strassera le pidió a la Cámara de Córdoba que le remitiera el expediente Fermín Rivera, su denuncia para el Juicio a las Juntas. Según afirmó “con excusas se lo negaron. Strassera pidió la causa y la Cámara se lo negó”.

El segundo acto lleva el nombre de la ex jueza Federal Cristina Garzón de Lascano: en 2003, en los llamados juicios por la verdad que se lograron en el plano internacional, “si bien su fallo es minucioso sobre lo ocurrido con los fusilados, falta la responsabilidad de los funcionarios judiciales. Lo traje y se los dejo”, ofreció el documento.

La ex fiscal Graciela López de Filoñuk se quedó con el tercer acto según el declarante. “En el requerimiento de la causa Alsina (el militar que estaqueó al médico René Moukarzel hasta la muerte) otra vez se olvidaron de los funcionarios judiciales. Pedimos que estuviera (Jorge Rafael) Videla en el banquillo porque era el titular del PEN, pero la doctora le puso Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, lo que se dice impunidad ideológica”.

Garzón de Lascano reapareció en esta enumeración por haber “desglosado” del juicio Videla-Menéndez de 2010, la causa contra los magistrados. Ceballos detalló “la vergonzosa cadena de apartamientos porque era como un padre para mí, porque me hizo entrar; y las causas se separaron. Lo sorpresivo para el testigo fue que “a ese desglose de los jueces ¡Le pusieron mi nombre! Juan Miguel Ceballos, su denuncia. ¡Mataron a mi padre y le pusieron mi nombre!, repitió ante el Tribunal presidido por el riojano Mario Martínez, como si aún no pudiese creerlo.

“Queríamos sentar a los policías y militares junto a los jueces, la iglesia y el poder económico civil. Ninguna dictadura se sostiene mucho tiempo si no tiene esos apoyos”, argumentó en plural en honor a sus compañeros con los que viajó hasta el Consejo de la Magistratura para denunciar a Otero Álvarez. Relató cómo en el discurso de escasos “tres minutos concedidos”, Luis Baronetto a pesar de la tartamudez que le dejó la tortura, logró convencer a los presentes; y cómo al día siguiente Otero Álvarez renunció. Reveló también que “un día antes de jubilarse del Consejo de la Magistratura, Luis María Cabral, “que no tenía atribuciones para eso, dio vuelta ese fallo pero no nos importó: Otero Álvarez ya había renunciado”.

Uno de los últimos nombrados fue el juez Jaime Díaz Gavier, titular de TOF 1, porque en pos de defender a su íntimo amigo Otero Álvarez cuando este estuvo preso en Bouwer por orden del juez riojano Daniel Herrera Piedrabuena, opinó en la Voz del Interior sobre el accionar del magistrado. “¡Ni un poco de decoro, de respeto!, exclamó Ceballos, y siguió: “Le respondí por el mismo diario, que está muy bien lo que dice. Si está tan convencido, que renuncie, que asuma su matriculación y que defienda a su amigo”, recordó y extendió la carpeta con esas publicaciones.

La audiencia maldita

La declaración de Juan Miguel Ceballos tuvo inéditas consecuencias visuales al día siguiente: el martes 26, desde las ocho de la mañana, el vídeo de la audiencia que se filmó en la sala del TOF2 fue dado de baja del link de youtube “porque daba datos personales” (como si todos los juicios del mundo no se trataran de personas y sus datos). El miércoles, la pantalla que seguía en negro cambió y el argumento fue “acoso y bullying”. Ya el jueves y cerca de la medianoche, lo volvieron a subir y lo comunicaron por mensaje escrito a los que cronican el juicio. En esos dos días en que la declaración “maldita” de Ceballos no figuró en el canal del TOF2; sí se pudo seguir viendo en el sitio de La Retaguardia que funcionó literalmente como tal. Mientras, desde los Tribunales Federales y vía whatsapp, hasta llegaron a patearle la pelota al mismísimo Consejo de la Magistratura. Más allá de la autoría del “dedazo” y el apagón, sólo quien conserva intacta la ingenuidad creyó en lo de “un desperfecto técnico”. Se sabe, la única verdad es la realidad.