El regreso a lo más oscuro del pasado | Un año de Milei y Villarruel empujando en favor de los represores

El jueves, Luis Petri se paró en el salón San Martín del edificio Libertador y pronunció las palabras que los militares esperaban escuchar hacía décadas. “Desde el 10 de diciembre, el presidente de la Nación, Javier Milei, habla de que es necesario tener una memoria completa respecto de la historia de nuestro país y respecto de nuestras Fuerzas Armadas”. El Ministerio de Defensa se preocupó de que ese fragmento del discurso se difundiera por redes sociales, mostrando que el cambio de paradigma a la hora de analizar lo sucedido en la dictadura y las consecuencias de sus crímenes estaba en marcha. Más allá de las rivalidades internas, la llegada al poder de Milei y Victoria Villarruel representó en este año una apuesta por reescribir la historia, un discurso empático con los perpetradores, la estigmatización de las víctimas y acciones quirúrgicas tendientes a obstaculizar las investigaciones por los crímenes aberrantes que se cometieron durante el terrorismo de Estado.

La alusión a la “memoria completa” por parte del ministro de Defensa significa la apropiación por parte del gobierno del discurso que reivindica lo actuado por las fuerzas durante los años ‘70 y ‘80. Villarruel es la abanderada más promisoria de esa narrativa. Lejos de trascenderla, la vice –durante 2024– desempolvó discursos que parecían tener más de 50 años, como cuando se la escuchó hablar del “trapo rojo” en un homenaje en el cuartel de Azul.

La interna despiadada dentro de La Libertad Avanza (LLA) privó a la vice de apoyos para llevar adelante su cruzada. Eso se verificó con claridad cuando convocó a un acto en el Senado por las víctimas del terrorismo, pero terminó lanzando una proclama en la que dijo que quería a “todos los montoneros presos” y que buscaría reabrir todas las causas contra los militantes de los ‘70. Rápidamente desde la Casa Rosada explicitaron que ésta no era su agenda y Villarruel tuvo que decir que, en realidad, ella no hablaba como integrante del gobierno sino como presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv). No es una guerra perdida: Villarruel espera alguna señal de los tribunales –que podría producirse antes de fin de año.

En un informe que presentará en los próximos días, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) describe estos doce meses de gobierno de LLA como el año en el que el pasado se hizo presente. “Hace muchos años que los setenta, la dictadura y la revisión de sus crímenes no tenían la centralidad política que alcanzaron en 2024”, afirman desde el organismo de derechos humanos.

A diferencia de lo que se podía prever, Villarruel no ocupó esa centralidad. La batalla por la “memoria completa” la libraron principalmente Petri, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños.

Milei hizo lo propio. El 24 de marzo difundió un video en el que se negaban los 30.000 desaparecidos, se presentaba el reclamo de los organismos de derechos humanos como un “curro” y se introducía a los militares en calidad de víctimas. Pocos días después, el 2 de abril llamó a la “reconciliación” con las Fuerzas Armadas. Música para los oídos de los perpetradores. Y, en mayo, cuando colocó el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada reivindicó los indultos como un “instrumento constitucional” –pese a que la Corte Suprema de Justicia los calificó de inconstitucionales.

Petri, secundado por el exjefe del Ejército Claudio Pasqualini, fue el guerrero más comprometido con la “memoria completa”. No cuestionó un homenaje a un represor condenado como Horacio Losito en Apóstoles ni que el Ejército borrara los pañuelos de las Madres en Misiones. Saludó como un acto de libertad de expresión que retirados ingresaran al Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) para celebrar el día de la Marina en lo que fue presentado como una “reconquista”. En la “celebración” no faltaron las selfies con el Skyvan usado para arrojar personas vivas al mar en los llamados vuelos de la muerte.

El aporte central de Petri fue desarmar los equipos de relevamiento y análisis (ERyA) documental que funcionaban en el Ministerio de Defensa desde 2010 y que hacían aportes a las causas de lesa humanidad. El ministro acusó a sus integrantes de hacer “macartismo” contra las Fuerzas Armadas y, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, uno de sus funcionarios los calificó como un “grupo de vengadores”. Un grupo de 36 fiscales le pidieron al ministro que revisara su decisión porque la ausencia de los ERyA obstaculizaría su tarea, pero no hubo caso.

Bullrich, por su parte, también abrevó en el discurso de la “venganza”. Para conmemorar los 48 años del golpe, dio de baja las recompensas para encontrar a los represores prófugos en una señal de que ya este gobierno no los busca para encarcelarlos. En mayo, hizo una campaña de prensa contra la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y dijo que no aportaría documentación a “un organismo militante” sobre los integrantes de las fuerzas.

La estocada final contra la Conadi –el organismo creado en 1992 por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo– la dio el propio Milei cuando desarmó la Unidad Especial de Investigación (UEI) que funcionaba a su interior y derogó el decreto de Néstor Kirchner que le daba acceso a todos los archivos en poder del Ejecutivo. Ni la búsqueda de los niños y niñas robados durante el terrorismo de Estado quedó a salvo del afán revisionista de la administración libertaria.

La decisión del gobierno fue clara: impedir el acceso a los documentos y reconocer únicamente capacidad de investigación al sistema judicial. En paralelo, con la reconversión de la Agencia Federal de Inteligencia en Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), se dejó sin funcionamiento la mesa de trabajo tendiente a desclasificar información. Como marca el CELS, los organismos de derechos humanos lograron que se desclasificara documentación de la CIA o del FBI pero no consiguieron que lo hicieran los servicios de inteligencia argentinos.

La Secretaría de Derechos Humanos terminó sumiéndose en un reino del terror en el que la amenaza de despido era una constante, lo que acabó afectando de manera directa las políticas públicas. Los despidos en los sitios de memoria dañaron su funcionamiento y se dejaron de hacer tareas de preservación y se relegaron las de investigación. En las últimas semanas, el gobierno dio los primeros pasos para poner a la venta o ceder terrenos en los que funcionaron campos de concentración.

El ejemplo más elocuente de la concertación entre el oficialismo y el mundo de los perpetradores fue la foto que el 11 de julio pasado se tomaron seis diputados oficialistas con una selección de criminales de lesa humanidad encabezada por Alfredo Astiz. La foto fue solo la punta del iceberg de un proceso que implicó conversaciones y estrategias para forzar su salida de las cárceles. Cinco de los diputados se quedaron con un comunicado sin publicar en el que reclamaban la revisión de todos los procesos por lesa humanidad. La declaración no trascendió a pedido de la Casa Rosada. Milei y Villarruel se tiraron la pelota uno al otro. La vice, a quien desde el entorno del Presidente acusaron de haber estado detrás de la maniobra, no pronunció palabra ni disparó tuit alguno.

El sistema político asistió indignado a la comunión de legisladores con genocidas –que no fue la única porque este diario ya había publicado que Petri había mandado emisarios a la Unidad 34 de Campo de Mayo. Sin embargo, el tema se diluyó en los cinco meses que pasaron y la Cámara de Diputados ni siquiera acordó una declaración para reprobar que sus integrantes fueran parte de un plan de impunidad.