Un exjuez y un exfiscal condenados por su complicidad con la dictadura  | Pedro Duarte y Víctor Ortíz, responsables de no investigar secuestros, torturas y desapariciones

No investigar crímenes de lesa humanidad tiene sus consecuencias. Así lo confirmó el Tribunal Oral Federal de Neuquén este martes, al condenar al exjuez Pedro Duarte y al exfiscal Víctor Ortíz por no haber investigado los secuestros, torturas y desapariciones de una veintena de personas detenidas en el Alto Valle patagónico durante la última dictadura cívico militar. Los exmagistrados recibieron condenas a 11 años de prisión e inhabilitación perpetua. La fiscalía y las querellas habían requerido penas de 25 años.

Por mayoría, la jueza María Paula Marisi y los jueces Sebastián Foglia y Alejandro Silva calificaron de crímenes de lesa humanidad a la falta de justicia que recibieron personas secuestradas y torturadas durante la última dictadura en Neuquén y Bahía Blanca y sus familiares al no haber recibido tratamiento las denuncias que presentaron en aquellos tiempos ante la Justicia federal.

Las condenas aplicadas a los exfuncionarios judiciales fue sensiblemente menor a la solicitada por la fiscalía y las querellas, representadas por la Secretaría de Derechos Humanos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh). Las razones de tal diferencia se conocerán con la lectura de fundamentos, en marzo próximo.

Además, les jueces anunciaron el envío del veredicto a la ANSES para que se evalúe la jubilación que están cobrando ambos condenados. En su alegato, el fiscal Miguel Palazzani había solicitado que se anularan las percepciones “millonarias” que Duarte y Ortíz cobran por haber ejercido como juez y fiscal entre 1976 y 1984 y 1985 respectivamente. El fiscal también había pedido que se remita copia de la sentencia a la Procuración del Tesoro de la Nación para que se reclame la devolución de lo que “ilegítimamente se pagó como jubilación”.

Por último, la sentencia ordenó la remisión del veredicto para que se defina la señalización como sitio de memoria del edificio en donde funcionó hasta 1978 el Juzgado Federal de Neuquén. En tanto, nada dijo sobre el requerimiento que realizó la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos para que el TOF inste a los acusados a pedir disculpas. Tanto esa querella como la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitaron penas iguales a la requerida por la Fiscalía.

Cómplices por no investigar

Los hechos que se juzgaron desde octubre de 2023 y durante 14 meses en Neuquén, en el marco de lo que fue el octavo juicio en la provincia sobre el genocidio de la década del 70, tuvieron como únicos acusados al exjuez Pedro Duarte y al exfiscal Víctor Ortíz, por no investigar habeas corpus que, entre 1976 y 1979, fueron presentados en el fuero federal de la provincia. Buscaban dar con el paradero de una veintena de hombres y mujeres secuestrados por la patota que operó en la subzona represiva 5.2, lo que comprendió el Alto Valle patagónico. Oscar Reinhold, represor con condena firme por su rol de jefatura en el plan sistemático de secuestro, tortura y exterminio en la región, fue declarado inhábil y quedó fuera de juego.

Para la fiscalía representada por Miguel Palazzani, titular de la Unidad de Asistencia para las causas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado en la jurisdicción neuquina, los exfuncionarios judiciales “estaban puestos ahí para asegurar impunidad”. El alegato de la acusación del Estado confirmó la hipótesis con la que Duarte y Ortíz llegaron al juicio: coautores del delito de omitir promover la persecución penal y prevaricato –dictar resoluciones contrarias a la ley o fundadas en hechos falsos– en 23 casos y partícipes secundarios de la privación ilegal de la libertad agravada, cometida por funcionario público, e imposición de tormentos.

De esas 23 personas secuestradas y torturadas, mayormente en el centro clandestino que funcionó en la exUP9 de la capital neuquina, 15 permanecen desaparecidas. Uno es un bebé nacido en el centro clandestino La Escuelita, de Bahía Blanca, y luego apropiado. Al día de hoy, desconoce su verdadera identidad.

“El exjuez federal y el exfiscal de la época tuvieron el poder para habilitar, permitir, encubrir y brindar impunidad imprescindible para la concreción del plan criminal que se desató por aquellos años”, puntualizó Palazzani. Durante su alegato, describió los operativos de secuestros y también el derrotero de familiares de víctimas en su búsqueda. Todos presentaron habeas corpus ante el juzgado de Duarte.

Mientras las familias “no tenían respuesta, no eran citados y encima les cobran las costas del proceso”, Duarte y Ortíz “no sólo no tomaron medidas para ubicar a las víctimas, sino que el mensaje era que se podía seguir haciendo lo que se estaba haciendo con total impunidad, con el aseguramiento de que no iba a haber investigación efectiva y que nadie estaba en riesgo”.

Por otra parte, el representante fiscal solicitó que los imputados dejen de cobrar “verdaderas jubilaciones de privilegio millonarias” y que la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) adecúe los haberes previsionales. Asimismo, requirió que se remita copia de la sentencia a la Procuración del Tesoro de la Nación para que devuelvan lo que cobraron como jubilación.

Antes de ser titular de juzgado federal de primera instancia de Neuquén, Duarte fue durante 15 años auditor de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña de Neuquén. En agosto de 1976 reemplazó como juez a Carlos Arias -quien semanas antes del golpe de 1976 sufrió un atentado en su casa que fue adjudicado a la Triple A. Se mantuvo en ese cargo hasta septiembre de 1984. Ortiz, en tanto, llegó a la silla de procurador fiscal federal de la fiscalía federal un mes más tarde que Duarte, y se fue meses después, en abril de 1985. Antes había sido secretario fiscal.

Duarte habló en dos oportunidades durante el debate. La primera fue en el marco de su declaración indagatoria tras la ronda de audiencias testimoniales y previo a los alegatos. Entonces, se tomó tres jornadas para explayarse sobre su presunto desconocimiento del terrorismo de Estado. La segunda fue esta mañana, antes de recibir la condena. Usó las “últimas palabras”, el espacio que las garantías del debido proceso le otorgaron al cierre del juicio en su contra –como las tuvo desde el minuto cero de su procesamiento– para repasar su vida de punta a punta: las características de su familia, sus estudios primarios, secundarios y universitarios, su paso por el Ejército. Luego se autocalificó como víctima de “demonización”. Permanecerá, como Ortíz, detenido en su casa, ya que el tribunal postergó la definición sobre el modo de cumplimiento de la pena para cuando el veredicto condenatorio quede firme.