A un mes de asumir, Trump promete “la deportación más grande en la historia” de EE.UU. | El presidente electo reiteró su discurso antiinmigrante en un mitín de ultraderecha

Durante un foro de la organización ultraconservadora Turning Point en Arizona, el presidente electo Donald Trump repitió uno de sus lemas de campaña: “Iniciaremos la operación de deportación más grande en la historia de Estados Unidos, más grande incluso que la del presidente Dwight D. Eisenhower”. La referencia a Eisenhower aludía a las deportaciones masivas llevadas a cabo durante la Gran Depresión de 1929. Ese programa tuvo como resultado la expulsión de casi dos millones de migrantes, mayoritariamente mexicanos, sin el debido proceso. En su intervención de este domingo, un Trump auténtico insistió con que el 20 de enero, día de su asunción, “será verdaderamente el Día de la Liberación en Estados Unidos”.

La amenaza de Trump en materia migratoria tiene en vilo a aproximadamente 11 millones de inmigrantes que viven en situación irregular en el país, según estimaciones. Trump demonizó a los migrantes llamándolos “salvajes”, “animales” o “criminales”, y prometió “liberar” a EE.UU. de lo que considera una “invasión”. Para cumplir esa misión se rodeó de un equipo de halcones encabezado por Tom Homan, el “zar de la frontera”, tristemente célebre por la política que condujo a la separación de familias que pedían asilo en la frontera durante el primer mandato de Trump, cuando las imágenes de niños en jaulas conmovieron al mundo.

Entre la expectativa y la realidad

Pese al discurso grandilocuente del magnate republicano, la tarea no parece sencilla. “Para que la administración entrante de Trump cumpla con su compromiso de deportar a un millón o más personas al año se necesitará una gran infusión de nuevos recursos y autoridades, así como la cooperación de otros países“, explica en diálogo con Página/12 Michelle Mittelstadt, Directora de Comunicación del Instituto de Política Migratoria (MPI por sus siglas en inglés).

Las deportaciones con Biden

En el último año de Joe Biden como presidente, Estados Unidos deportó 271.484 migrantes, la cifra más alta de la última década, de acuerdo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Más alta aún fue la cifra alcanzada bajo el gobierno de otro demócrata, Barack Obama, con 410 mil deportaciones en 2012. Si bien el equipo de Trump prometió utilizar el ejército estadounidense, ampliar las deportaciones por vía rápida y aprovechar la aplicación de la ley a nivel estatal y local, enfrentará limitaciones significativas.

“El Congreso necesitará asignar muchos miles de millones de dólares en nuevos recursos, habrá resistencia a la cooperación en la aplicación de la ley de inmigración por parte de algunos estados y ciudades, y el gobierno de Estados Unidos requiere el consentimiento de otros países para que se reanuden las deportaciones”, explica Mittelstadt desde Washington y amplía: “El gobierno de EE.UU. enfrenta una capacidad muy limitada para deportar personas a Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba. Y muchos otros países han sido considerados ‘recalcitrantes’, es decir, que no cooperan o sólo lo hacen esporádicamente con la aplicación de las leyes de inmigración, como en el caso de China”.

Buena parte de los 11 millones de inmigrantes que habitan suelo estadounidense y no poseen la documentación necesaria son fundamentales para la industria de la agricultura, la construcción, los restaurantes y los hoteles, donde componen el grueso de la mano de obra. Trump y su equipo tachan, sin argumentos, de criminales a los inmigrantes, muchos de los cuales llegan a Estados Unidos provenientes de países en crisis como Venezuela, Haití, Nicaragua o Cuba, y los acusan de sacar el pan y el trabajo a los estadounidenses.

Legales e ilegales, en la misma bolsa

No solo los migrantes sin papeles corren peligro con la nueva administración. Varios programas permiten que extranjeros residan de forma legal, aunque temporal, en el país, y están amenazados con desaparecer. Por ejemplo el Estatus de Protección Temporal (TPS) es un beneficio migratorio temporal que permite a personas de ciertos países considerados inseguros vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. También corre riesgo el programa DACA, aprobado durante la presidencia de Obama para otorgar un permiso para residir y trabajar a quienes llegaron de forma ilegal al país siendo niños.

“Cuando se les preguntó sobre la separación familiar, Trump y el ‘zar de la frontera’, Tom Homan, sugirieron que los ciudadanos estadounidenses en familias de estatus mixto también podrían abandonar Estados Unidos. Esto implicaría un gran trastorno en la vida”, explica Mittelstadt. Un ejemplo de una familia de estatus mixto es aquella en la que los padres son indocumentados y los hijos son ciudadanos nacidos en EE.UU. “Los residentes permanentes legales y las personas con visas temporales pueden solicitar la deportación si son condenados por uno de varios cargos penales. Por lo tanto, sin duda, estos no-ciudadanos también podrían verse afectados”, advierte la autoridad del MPI.

“Una maquinaria cada vez más poderosa”

Trump se propone invocar la Ley de enemigos extranjeros para deportar migrantes cuando asuma el cargo el próximo 20 de enero. Según un análisis del centro de reflexión Brennan Center for Justice, “es una autoridad excesivamente amplia que puede violar los derechos constitucionales en tiempos de guerra y está sujeta a abusos en tiempos de paz”. 

A principios de diciembre concejales de Los Ángeles, la segunda mayor ciudad del país, aprobaron declarar a la urbe como “santuario” para la migración. La ordenanza, aprobada por unanimidad, prohibirá que se usen recursos o personal de la ciudad para implementar las leyes federales en materia migratoria. Esta postura tiene su contracara en estados republicanos como Florida y Texas, que ya dieron su visto bueno al programa trumpista de detenciones y deportaciones. 

Texas aprobó una ley que permite detener e incluso expulsar a migrantes que hayan cruzado ilegalmente la frontera desde México, pero la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió temporalmente su entrada en vigor. Un proyecto de ley presentado por un republicano en Misuri ofrece mil dólares a los ciudadanos que delaten a migrantes en situación irregular. La persona detenida se expondría a una pena de cárcel.

Además grupos civiles armados en la frontera de Arizona reactivaron sus tareas de vigilancia y dicen estar dispuestos a servir a Trump en su plan para asegurar la frontera con México y detener el flujo de migrantes, desde su primer día de gobierno. Ese es el caso de Arizona Border Recon, una milicia armada conformada por decenas de civiles, entre ellos veteranos de guerra. 

“Algunos gobiernos estatales y municipales ya han dicho que no cooperarán con el ICE, la agencia responsable de las deportaciones. Durante la administración Obama, después de que el presidente fuera etiquetado como ‘deportador en jefe’, hubo una creciente resistencia a la cooperación con el gobierno federal en materia de aplicación de las leyes de inmigración, y eso afectó muy significativamente la capacidad del ICE para identificar y detener a no ciudadanos que podían ser deportados. Como en ocasiones anteriores, se puede esperar que las iglesias, los grupos de derechos humanos y algunos estados busquen frenar los efectos de una maquinaria de deportaciones cada vez más poderosa”, advierte a este diario Mittelstadt.

Migrantes en manos de halcones

Los nombramientos de Trump para dirigir su política migratoria alimentan el temor entre los inmigrantes. Tom Homan, exdirector del ICE en la primera administración de Trump, será el nuevo “zar de la frontera”. Considerado el arquitecto de la política de separación de familias, en entrevistas recientes dijo haber encontrado una mejor y más eficiente forma de hacerlo: “Deportando a las familias completas”. 

El nombramiento de Homan se complementa con el de Stephen Miller como subdirector de Política de la Casa Blanca y la actual gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, como secretaria de Seguridad Nacional. A la “armada antiinmigrantes” se le puede sumar el secretario de Estado Marco Rubio. Este hijo de padres cubanos cumple a rajatabla con el decálogo trumpista: se opuso a la reforma del sistema de salud impulsada por Obama, es antiabortista, defensor del derecho de los ciudadanos a portar armas y rechaza cualquier tipo de amnistía para los inmigrantes ilegales.