Audiencia en la CIDH para denunciar las políticas negacionistas de Milei | Desde las 18 del jueves

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) va a dedicar tres audiencias de su 191º período de sesiones a analizar la situación en la que se encuentra la Argentina a partir de la llegada al gobierno de Javier de Milei. Organismos de derechos humanos denunciarán la estrategia oficial de negar los crímenes del terrorismo de Estado y de dar marcha atrás con las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se vienen implementando –incluso con avances y retrocesos–desde el retorno de la democracia.

Desde las 13, los integrantes de la CIDH empezarán a escuchar los testimonios de distintas organizaciones argentinas. En primer lugar, hablarán sobre el impacto del ajuste de la administración de La Libertad Avanza (LLA) sobre las políticas sociales y los trabajadores de la economía popular. A las 16, la cita estará centrada en la avanzada contra las políticas de género.

Desde las 18, el cierre de la jornada estará enmarcado en la denuncia de la embestida contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Habrá representantes de los organismos de derechos humanos que participarán de la audiencia desde Washington y otros que lo harán desde el Espacio Memoria y Derechos Humanos que funciona en lo que fue el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, intervendrá en la audiencia desde Casa por la Identidad en la exESMA. Lo mismo que Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Las acompañarán Carlos Pisoni, en representación de H.I.J.O.S Capital, y Graciela Lois, de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas. En el auditorio de Casa por la Identidad habrá integrantes de distintos colectivos –iglesias, gremios, clubes de fútbol, hospitales.

En Estados Unidos habrá una delegación integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Verónica Torras, directora de Memoria Abierta; la abogada de Abuelas de Plaza de Mayo Carolina Villella y el escritor Martín Kohan. También estará Claudia Poblete, una de las nietas que integran la comisión directiva de Abuelas. El de Claudia fue el caso que posibilitó la reapertura de las causas por crímenes cometidos durante la dictadura, ya que en ese expediente se dictó la inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida –que impedían el juzgamiento de los perpetradores.

El gobierno estará representado a priori por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, que ya se encuentra en Washington. Según pudo saber este diario, Baños estuvo recopilando información sobre las causas de lesa humanidad en trámite. De hecho, pidió informes en Lomas de Zamora sobre la investigación que se lleva adelante por la visita de seis diputados oficialistas a los genocidas que están presos en el penal de Ezeiza –entre ellos, Alfredo Astiz, una de las caras más conocidas de los ejecutores del terrorismo de Estado.

Por el momento, no hay confirmación acerca de si habrá representantes de otras carteras en la audiencia. Estará Javier Salgado, que es un funcionario de la Cancillería encargado del área de contencioso internacional en materia de derechos humanos. En julio, cuando tuvo lugar la audiencia sobre la situación de la protesta en Argentina, estuvieron Baños y Salgado pero la voz cantante la llevó Alberto Fohrig, responsable de cooperación internacional del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

Todo indica que habrá cuestionamientos generales al gobierno de Milei y su ataque a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Baños posiblemente tenga que responder por los despidos en la Secretaría de Derechos Humanos –que se repetirán en diciembre próximo– y por la situación de los sitios de memoria, especialmente después de que trascendiera que la administración de LLA quiere vender algunos espacios que funcionaron como campos de concentración durante la dictadura.

Se escucharán reclamos por la decisión del gobierno de restringir el acceso a los archivos de graves violaciones a los derechos humanos, como hizo Luis Petri en Defensa o Bullrich en Seguridad. En esa misma línea, se desarmó la mesa que funcionaba dentro de la exAgencia Federal de Inteligencia (AFI) para desclasificar información vinculada a los años del terrorismo de Estado.

Uno de los graves retrocesos que estará en agenda será la embestida contra la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), que se encarga de buscar a los bebés robados durante la dictadura. Por decreto, Milei eliminó la unidad especial de investigación (UEI), que hacía averiguaciones antes de elevar un caso a la justicia, e impidió el acceso a documentación en manos del Poder Ejecutivo.