Bolivia, 1980: el golpe de Estado que contó con la ayuda de la dictadura argentina | La sanguinaria Junta Militar apoyó la instauración del régimen de García Meza

El 17 de julio de 1980, el general Luis García Meza lideró un golpe de Estado en Bolivia. El derrocamiento de Lidia Gueiler representó la última asonada militar clásica del siglo XX en América Latina. García Meza impuso una dictadura, que naufragó a los dos años y estuvo marcada por sus vínculos con el narcotráfico. La Argentina de Jorge Rafael Videla participó de manera activa en la instauración de ese régimen.

Tres semanas antes del golpe, el periodista brasileño Newton Carlos denunció en el diario Zero Hora que había contactos entre la dictadura argentina y García Meza (a la sazón, jefe del Ejército de Bolivia), con el ofrecimiento de 200 millones de dólares para afrontar una previsible sanción de Estados Unidos. Más tarde, The New York Times estimó que la cifra fue de 250 millones de dólares, a cuenta de la compra de gas boliviano. El derrocamiento de Gueiler se produjo con un presidente electo el 29 de junio, Hernán Siles Zuazo, histórico líder nacionalista que ya había gobernado el país y debía asumir en octubre.

El Batallón 601 de Inteligencia envió a un centenar de hombres a La Paz para un golpe que tuvo la marca de la dictadura argentina. En el hecho más notorio de ese 17 de julio, desapareció el líder de la izquierda boliviana, Marcelo Quiroga Santa Cruz. Los golpistas asaltaron la Central Obrera Boliviana, se lo llevaron y nunca más se lo volvió a ver. El dirigente socialista había estado exiliado en la Argentina a comienzos de los 70, tras el golpe de Hugo Banzer contra Juan José Torres. A su vez, Torres fue asesinado en Buenos Aires en junio de 1976.

Ayuda argentina en La Paz

El rol argentino en el golpe fue revelado por el agente de inteligencia Leandro Sánchez Reisse en su declaración ante el Senado de los Estados Unidos, en 1987, durante el escándalo de venta ilegal de armas de Estados Unidos a Irán para financiar a la contra nicaragüense. “Gente del gobierno de Argentina junto con personas del gobierno de Estados Unidos, decidieron que la presencia de tropas y asesores argentinos en El Salvador, Costa Rica y Honduras, era mejor y mucho más segura que la de tropas de Estados Unidos”, afirmó Sánchez Reisse , que ahondó en la presencia militar argentina en América Central a comienzos de los 80.

En Dossier secreto, Martin Andersen resaltó el rol de Leopoldo Galtieri, que ya era jefe del Ejército, a tal punto, que un año después del golpe le dijo a Vernon Walters, enviado de Ronald Reagan, que “yo decido a quién y cuándo ponerlo en el poder y cuándo sacarlo” en Bolivia. Videla llegó a decir que Bolivia podría haber sido un enclave comunista en América del Sur, cuando el país no tenía una izquierda pujante ni grupos armados. El periodista estadounidense contó en su libro que la Argentina aportó tanques, ambulancias, helicópteros y dos aviones Pucará, a los que les pintaron los colores de la Fuerza Aérea de Bolivia.

Marie-Monique Robin señaló en Escuadrones de la muerte la presencia, entre otros, de Antonio Pernías, del grupo de tareas de la ESMA, y de Mohamed Alí Seineldín. Los asesores argentinos trabajaron codo a codo con el fascista italiano Stefano Delle Chiaie y un alemán radicado en Bolivia que se hacía llamar Klaus Altmann. No era otro que Klaus Barbie, el jefe de la Gestapo responsable de haber torturado y asesinado a Jean Moulin, líder de la Resistencia en Francia. “El carnicero de Lyon” fue extraditado a Francia cuando Bolivia recuperó la democracia. 

El 18 de julio, un día después del golpe, Barbie y Delle Chiaie recibieron una misión del coronel Luis Arce Gómez, flamante ministro del Interior de García Meza: la formación de un grupo paramilitar que se especializara en técnicas de contrainsurgencia. Los argentinos se encargarían de aportar lo suyo.

Los sobrevivientes del operativo en el que se llevaron a Quiroga Santa Cruz recordarían que los torturadores tenían acento argentino. Entre los militares argentinos que estuvieron en Bolivia figuraba el coronel Luis Baraldini, responsable de crímenes de lesa humanidad en La Pampa. Lo procesaron por 63 secuestros y 18 casos de tortura, pero se benefició con la ley de Obediencia Debida. Después participó del último alzamiento carapintada, en 1990 y pasó más de una década tras las rejas, hasta el indulto de Eduardo Duhalde en 2003, para luego instalarse en Bolivia. Allí lo detuvieron en 2011 para su extradición a la Argentina.

Represor y pastor

Otro nombre destacado fue el de Mario Mingolla, agente del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército, que colaboró con las torturas y asesinatos del régimen de García Meza. Como Baraldini, entró en buenos tratos con Klaus Barbie, el criminal de guerra nazi que colaboró con la dictadura boliviana y fue extraditado a Francia en 1983. Mingolla, que cayó preso en Brasil con casi 400 kilos de cocaína y se convirtió en pastor de una ignota Iglesia Ortodoxa Bielorrusa Eslava, detalló el organigrama de la red de agentes argentinos en Bolivia, en un documento desclasificado del Ministerio del Interior del país vecino. Su historia y la de Baraldini fue narrada por Ricardo Ragendorfer en El otoño de los genocidas. 

Mingolla enlaza Bolivia con la intervención argentina en América Central. El agente pasó por Honduras a fines de 1979 como uno de los instructores argentinos expertos en el know how del secuestro, tortura y asesinato que entrenaron a la contra nicaragüense (los sandinistas se habían hecho del poder en julio de 1979) y a grupos paramilitares hondureños, salvadoreños y guatemaltecos. 

 El dinero para financiar a los hombres del 601 salió de los golpistas bolivianos y del principal narcotraficante del país, Roberto Suárez, que acordó apoyar a García Meza a cambio del monopolio en la ruta de la cocaína. Fue la prenda de pago por la ayuda argentina el 17 de julio. Sánchez Reisse contaría al Senado estadounidense que el dinero se lavaba en las Bahamas y que entraba a Estados Unidos a través de una casa de empeños de Miami, manejada por el 601.

De Bolonia a Buenos Aires 

Dos semanas después del golpe en Bolivia, se produjo el mayor atentado en Italia desde la Segunda Guerra. El 2 de agosto de 1980, una bomba mató a 85 personas en la estación de tren de Bolonia. Sus responsables fueron miembros de un grupo neofascista. Delle Chiaie nunca fue condenado por el hecho aunque, tras ser arrestado en Venezuela y extraditado a Italia en 1987, debió testificar por la matanza de Bolonia.

En septiembre de 1980 pasó por Buenos Aires para participar del Congreso de la Confederación Anticomunista Latinoamericana que presidió el general Carlos Guillermo Suárez Mason. Allí coincidió con un amigo de los militares argentinos en América Central: el mayor salvadoreño Roberto d´Aubuisson, responsable de los escuadrones de la muerte en ese país.

En honor de los servicios prestados

El 15 de enero de 1982, el diario La Prensa consignó que el Ejército de Bolivia había condecorado a los coroneles argentinos Benjamín Cristoroforetti, Julio César Durand y Osvaldo Guarnaccia. Durand agradeció resaltando que “un puñado de soldados argentinos integrado al Ejército boliviano lucha por preservar la libertad que ambos países obtuvieran en los albores de la liberación americana” y que frente al terrorismo “no hay fronteras, ni ética, ni procedimientos convencionales”. 

El militar argentino señaló también que “no hace muchos meses, en el proceso boliviano en el que siglas, frentes, etcétera, pugnaron por alcanzar el poder político, se debatieron intereses extranacionales, directamente en convivencia con la delincuencia ideológica”.  

Bolivia como escala de un secuestro internacional

Bolivia enlaza con un hecho tenebroso del terrorismo de Estado for export de la dictadura. Noemí Esther Gianetti de Molfino, Madre de Plaza de Mayo, fue secuestrada en Lima un mes antes de lo que ocurriría en La Paz. El operativo de secuestro también alcanzó a Federico Frías, María Inés Raverta y Julio César Ramírez.

Perú acababa de recuperar la democracia en mayo de 1980, y a fnes de julio asumría Fernand Belaúnde Terry.  Molfino había denunciado a un diputado electo la desaparición de Raverta. También le contó de movimientos extraños cerca de su casa. Se la llevaron ese mismo día, el 12 de junio de 1980. A la semana, la saliente dictadura de Francisco Morales Bermúdez admitió la entrega de detenidos argentinos a Bolivia, acusados de haber ingresado ilegalmente a Perú. El gobierno de Lidia Gueiler lo negó.

Los secuestrados estuvieron en Bolivia, pero fueron sacados de allí antes de las elecciones del 29 de junio. No se volvió a saber de Ramírez, Frías y Raverta, tras una operación que implicaba a militares de Bolivia, Perú y la Argentina. Agentes del Batallón 601 habían viajado a Lima, con la anuencia del jefe del Ejército, Leopoldo Galtieri. El cuerpo sin vida de Noemí Gianetti de Molfino apareció el 21 de julio de 1980 en un hotel en Madrid. Había llegado a la capital española tres días antes, proveniente de Brasil, acompañada por dos hombres. 

El fin de la dictadura

García Meza gobernó hasta julio de 1981, en medio de la represión, la corrupción y la marca del narcotráfico. Cayó por la interna del Ejército. Una facción que le respondía trató de hacer un golpe interno y frcasó, al tiempo que la Central Obrera Boliviana convocó a una huelga en septiembre de 1982. 

La dictadura en retirada le devolvió atribuciones al Parlamento, que procedió a validar las elecciones de 1980, cuyo resultado había derivado en el golpe, y proclamó presidente a Siles Zuazo, que asumió el 10 de octubre. Al año, Klaus Barbie fue extraditado a Francia, donde lo condenaron por sus crímenes en la Segunda Guerra y murió en prisión.

García Meza fue encausado junto con su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, y ambos recibieron una condena a treinta años de prisión en 1993. Se los juzgó po el golpe y el asaldo a la COB que derivó en la desaparición de Quiroga Santa Cruz, entre otros delitos.

El exdictador se escapó a Brasil, donde lo detuvieron en 1995. Extraditado a su país, permaneció en prisión hasta 2008. Los siguientes años, hasta su muerte en 2018, los pasó en el Hospital Militar. Un año antes se había formado la Comisión de la Verdad, que investigó los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país, incluida la desaparición de Quiroga Santa Cruz, cuyos restos aun no han sido hallados.

La muerte de García Meza lo privó de cumplir su condena hasta 2025 y de presenciar la asonada contra Evo Morales de noviembre de 2019, en la que, como en 1980, hubo participación argentina. El rol nacional en el fragote de 2019 es más modesto: envío armas y munciones para equipar a las Fuerzas Armadas.