CGT: Todos los cañones contra Ganancias | La central obrera y el recurso judicial
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CGT: Todos los cañones contra Ganancias
Así como frenaron con un amparo el capítulo laboral del DNU, ahora piensan repetir la misma estrategia con el impuesto al salario.
Si en algún momento hubo alguna tensión –fruto de la falta de acuerdo para implementar un plan para resistir el último tramo de la sanción de la ley Bases y el Paquete Fiscal– en la CGT ahora volvió a primar el acuerdo. Nuevamente los integrantes del consejo directivo definieron retomar la estrategia judicial para intentar evitar la reinstalación del impuesto a las ganancias.
Si bien es cierto que no todos los sindicatos serán alcanzado por el impuesto que el presidente Milei había ayudado a reducir cuando era diputado y que ahora, necesitado de fondos frescos, olvidó convenientemente la promesa de cortarse un brazo si implementaba o subía algún impuesto. Trabajadores petroleros, aceiteros e incluso los pilotos de aerolíneas son los primeros en ser afectados por este retroceso impositivo. Son los primeros en trabajar ahora junto a sus abogados para frenar en los tribunales lo que los legisladores del oficialismo junto a la oposición amigable reinstalaron.
Si bien los gremios harán su tarea individual, lo cierto es que en la conducción de la CGT consideran que es preciso hacer una presentación institucional al estilo de la que hicieron a fines del año pasado contra el capitulo laboral del mega DNU 70/2023 que emitió el presidente Milei y que, por falta de tratamiento en la Cámara de Diputados, continúa vigente. Los senadores ya votaron en contra de ese decreto pero la Cámara baja postergó su discusión sin fecha.
La central obrera emitió días atrás un comunicado en contra del regreso del impuesto al trabajo. Allí indicaron que este impuesto “representa un duro golpe a los ya deprimidos ingresos de los trabajadores”. Es más, señalaron que “esta situación que agravará aún más la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, ya golpeados por la imposibilidad de equiparar los índices de inflación acumulada, propicia un escenario donde los trabajadores van a recibir menos ingresos de los que reciben en la actualidad, potenciando los índices de pobreza, en un marco de creciente recesión y desempleo”.
“Se condonan multas, se fomenta la evasión el fraude en materia laboral, se desfinancian los sistemas de seguridad social, pero se generan nuevos contribuyentes: los trabajadores, imposibilitados de las prerrogativas de evasión o blanqueos de las que se benefician los grandes contribuyentes”, indicó la CGT. Luego advirtió que “utilizará todas las herramientas que están a su alcance para que el fruto del esfuerzo y dedicación de quienes producen realmente riqueza en la Argentina se vea reflejado en sus ingresos”.
En este punto están todos unidos. Luego vienen las peleas particulares como la que emprenderá el gremio de camioneros contra el artículo de la ley Bases que considera el bloqueo de una empresa motivo suficiente para despedir con causa. Pero los gremialistas advierten que si bien ese artículo puede tener un desinatario definido, como los camioneros, lo cierto es que también puede ser utilizada por cualquier otra actividad. Señalan que una protesta en la puerta de una empresa, fábrica o negocio puede llegar a ser considerado un bloqueo y. como tal, habilitar a la patronal al despido con causa.
Otras definiciones
Ahora, lo que resta definir entre los principales dirigentes de la CGT es el intento del gobierno de involucrarlos en la reglamentación del capítulo referido a la reforma laboral que tiene la ley Bases. En términos generales hay consenso de no involucrarse en ese trámite. Quedar “pegado” en la redacción de la reglamentación no es bueno para ninguno de los integrantes del consejo directivo.
Por otra parte, lo otro que tienen que definir es si van a ser parte o no del convite que realizó la Casa Rosada para participar del Pacto de Mayo que se firmará en Tucumán durante la madrugada del 9 de julio. Milei apuesta a una foto donde esté rodeado de gobernadores, expresidentes, legisladores, jueces e incluso dirigentes sindicales. Estos últimos deben definir si se suma a un pacto en el que no escribieron ni siquiera una coma.
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