Colombia: La Fiscalía pidió llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe | Por presunta manipulación de testigos

La Fiscalía de Colombia pidió este martes llevar a juicio al expresidente Álvaro Uribe por presunta manipulación de testigos en una investigación sobre su participación en grupos paramilitares, indicó este martes indicó la Fiscalía.

“A partir de la evidencia (…) un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal”, indicó la Fiscalía en un comunicado, sin precisar cuándo iniciará el juicio, el primero que tiene que enfrentar un expresidente.

“El Presidente Uribe es inocente, lo único que hizo fue buscar defenderse de la búsqueda de testimonios amañados en su contra”, expresó la senadora Paloma Valencia, del partido derechista fundado por Uribe, Centro Democrático.

La causa

Uribe, de 71 años y quien siempre defendió su inocencia, se expone a una pena de hasta ocho años de cárcel por un proceso que él mismo inició y que se convirtió en un bumerán judicial, informó la agencia de noticias AFP. Todo empezó en 2012, cuando el entonces senador presentó una denuncia contra el congresista del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), Iván Cepeda, al que acusó de un supuesto complot gestado con testigos falsos para vincularlo con grupos paramilitares de ultraderecha, responsables de violaciones de derechos humanos en su guerra clandestina contra las guerrillas.

Pero la Corte Suprema no solo se abstuvo de enjuiciar a Cepeda, sino que comenzó a investigar al expresidente en 2018. El tribunal sospechó que fue Uribe, y no su opositor, quien trató de manipular testigos. Los altos magistrados fueron más allá y en agosto de 2020 ordenaron el arresto domiciliario del expresidente, mientras avanzaban en su investigación.

Luego Uribe renunció al Senado y su expediente pasó a un tribunal ordinario, que levantó la orden de reclusión que pesaba en su contra y reinició todo el proceso. Cepeda recibió el llamado a juicio “con mucha serenidad pero también satisfacción”, dijo a la televisora estatal RTVC. “Es más de una década, prácticamente 12 años, de estar luchando frente a los tribunales de justicia (…) luego de tantos intentos por cerrar este caso, ya que al final aparece la voz de la justicia”, añadió el senador.

El mandatario, muy popular por la política de mano dura con la que su gobierno debilitó las guerrillas, no reaccionó a su llamado a juicio, una decisión que había anticipado desde octubre de 2023. En ese entonces denunció irregularidades en el proceso en su contra.

Diego Cadena, uno de los abogados del exmandatario en el caso, enfrenta también un juicio por presuntamente haber ofrecido dinero a un exparamilitar para que se retractara de testificar contra Uribe. La fiscalía general había solicitado a la justicia archivar este caso en varias ocasiones, pedido que varios jueces rechazaron por considerar que hay evidencia suficiente para llevar a Uribe a juicio. 

“Esta determinación tuvo en cuenta nuevos elementos de prueba, como las declaraciones de (…) Juan Guillermo Monsalve”, un exparamilitar que asegura haber recibido mensajes de Cadena y otros emisarios de Uribe pidiendo un cambio en su testimonio, precisó la fiscalía en su escrito.

El ente investigador cambió recientemente de dirección. La abogada Luz Camargo asumió las riendas del organismo hace un par de semanas. La jurista fue elegida por la Corte Suprema de una terna propuesta por el presidente Gustavo Petro, rival histórico de Uribe.

Historial judicial

Uribe tiene varias causas abiertas ante la justicia. En noviembre del año pasado testificó ante la fiscalía en una investigación preliminar por su supuesto conocimiento anticipado de una masacre y el asesinato de un defensor de derechos humanos. La pesquisa nace del testimonio del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, extraditado desde Colombia a Estados Unidos en 2008, durante el gobierno de Uribe. 

También fue denunciado ante un tribunal argentino por su presunta responsabilidad en más de 6.000 ejecuciones y desapariciones forzadas de civiles cometidas entre 2002 y 2008, bajo su gobierno, un caso conocido como “falsos positivos”. La justicia de ese país aun no se pronunció al respecto.