Con la ayuda de los aliados, el Gobierno logró posponer sin fecha el debate sobre movilidad jubilatoria | Bloqueo al aumento de los haberes

El radicalismo volvió a darle una gran mano al Gobierno en el Senado, al bloquear junto a libertarios, el PRO y partidos provinciales la intención de Unión por la Patria de tratar en el recinto y sobre tablas la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que obtuvo media sanción en Diputados. El tratamiento de la movilidad que busca recuperar el recorte del 8 por ciento que el presidente Javier Milei podó a los haberes de diciembre, pasó entonces para “la próxima sesión”, pero sin fecha y volvió a darle tiempo a la Casa Rosada para sostener el “déficit cero”, que fundamentalmente se sustenta con el recorte de jubilaciones y pensiones. Todo en una sesión con ribetes caóticos y una polémica votación, donde el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, que estuvo al frente del debate –ante la ausencia por enfermedad de la vicepresidenta Victoria Villarruel— unió su falta de expertise parlamentaria y la decisión política de no exponer a sus aliados para asegurar el triunfo del oficialismo.

La sesión de ayer, que solo estaba destinada para aprobar los pliegos de ascensos de militares y diplomáticos propuestos por el Gobierno, derivó en un fuerte cruce por la movilidad jubilatoria. El jefe del bloque de UCR, Eduardo Vischi, primerió y fue el encargado de llevar la bandera de la estrategia trazada por el oficialismo y los bloques colaboracionistas: propuso una moción de preferencia para que la reforma se trate, con o sin dictamen, en la próxima sesión, sin fecha precisa.

Fue la continuidad de la postura que adoptaron el día anterior, durante el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Trabajo y Seguridad Social que comenzó a tratar la movilidad. Allí, oficialistas y colaboracionistas pidieron extender el debate sobre la media sanción de la Cámara baja, ampliarlo a otros proyectos que figuran en el Senado y así enfriar el tratamiento sobre un tema que incomoda y preocupa al Gobierno.

En el recinto, los jefes del interbloque de UP, José Mayans y Juliana Di Tullio, reclamaron que se fijara una fecha para el debate y no se “dilatara” el tratamiento de la media sanción de Diputados, que ingresó al Senado el 6 de junio pasado. “Todos sabemos de qué se trata, es muy sencillo: básicamente la actualización para el sector de jubilados y pensionados. Un tratamiento urgente, sin dilación. Hoy la canasta de mayo para los jubilados, una canasta ‘ultrabásica’, que estaba en 275.000 pesos, y estimamos que con la inflación de junio se fue a prácticamente 300 mil pesos”, detalló Mayans y propuso votar su tratamiento sobre tablas en la sesión, para lo que necesitaba el voto favorable de dos tercios de los presentes.

El radical Vischi salió al cruce. Afirmó que “no se trata de dilatar”, recordó que en la comisión hay varios proyectos para ser estudiados y consideró una “falta de respeto” la insistencia de UP en una sesión especial convocada para tratar otros temas. Tras lo cual ratificó la postura de su tratamiento en la próxima sesión. El salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal) salió en su auxilio: “Me parece irresponsable que queriendo hacer un juego para quedar bien con la tribuna, la oposición precipite un tratamiento intempestivo”, argumentó. “Nos hemos comprometido a empezar un programa de trabajo. Ya se ha convocado a una sesión de asesores, hemos sacado una nota llamando a funcionarios. Lo vamos a hacer rápido, no va a ser como con la ley Bases”, sumó a los justificativos el libertario jujeño Ezequiel Atauche.

Desde la presidencia de la sesión, Abdala ordenó que se votara la propuesta de Vischi. Mayans aclaró, que si se ponía fecha a la sesión, UP acompañaría con su voto a favor. Y que, sin fecha, insistirían en que se vote su propuesta de tratar la movilidad sobre tablas.

La votación obtuvo 37 votos a favor y 31 en contra. Y otros datos curiosos: distraídos, los libertarios Vilma Bedia y Francisco Paoltroni votaron en contra de la postura partidaria aunque después quisieron disculparse por el error y manifestar que su voto era a favor. Los otros 29 votos en contra fueron de UP que tuvo cuatro ausentes: Martín Doñate, Anabel Fernández Sagasti, Juan Manzur y Sergio Uñac.

Pero el tablero marcaba rechazo porque, como la moción consideraba la posibilidad de fijar tratamiento sin dictamen, eran necesarios dos tercios. Entonces estallaron los reclamos de UP, que ante el rechazo exigieron que se pusiera a consideración su propuesta.

El puntano libertario Abdala, que presidía la sesión, no solo interpretó libremente que la propuesta de Vischi se consideraba aprobada como una preferencia sin dictamen, para lo que en realidad debería haber contado con dos tercios de los votos que no alcanzó. Pero además se negó a poner en votación la propuesta de UP, que si necesitaba dos tercios. Claro, que esta última era una imposición política más que reglamentaria de Abdala, que de esa manera evitó exponer públicamente a los aliados y que no aparecieran votando en contra de la postura de tratar inmediatamente la movilidad jubilatoria.

La interpretación de Abdala, insumió otros cuarenta minutos de debate sobre los aspectos reglamentarios, en medio de cruces y chicanas.

El oficialismo lo vivió como un triunfo. Los aliados colaboracionistas, y en especial la UCR, volvieron a darle tiempo al Gobierno con un tratamiento lento y un futuro incierto a la media sanción de la Cámara baja. Una postura del radicalismo que se da en paralelo a la decisión de sus diputados de postergar –también si fecha— la sesión que para este miércoles había solicitado su propia bancada para tratar el financiamiento universitario y la restitución del Fondo de Incentivo Docente.

Los legisladores de la UCR obedecieron a sus gobernadores que (unidos a los del PRO bajo la sigla de la disuelta alianza de Juntos por el Cambio) pidieron dar aire y tiempo al Gobierno, para que atraviese la convocatoria del 9 de julio y la firma del llamado Pacto de Mayo sin sobresaltos y a la espera que la Casa Rosada cumpla con lo pactado para sus provincias como moneda de cambio por su respaldo para las sanción definitiva de la ley Bases y su paquete fiscal.