Con la ayuda de opositores aliados, los libertarios más cerca de privatizar el país | El lunes se debatirá en Diputados los proyectos de ley Bases y paquete fiscal

Con modificaciones de último momento que se iban negociando en otras oficinas, La Libertad Avanza consiguió dictaminar su nuevo proyecto de ley ómnibus. El dictamen contó con el acompañamiento del radicalismo, el PRO y Hacemos Coalición Federal (HCF), en un anticipo de la mayoría con la que Javier Milei buscará aprobar su ley el lunes que viene. La sesión ya fue convocada. La versión final del proyecto, que se reescribió hasta minutos antes del fin del plenario de comisiones en la Cámara de Diputados, incluye una reforma laboral, la eliminación de la moratoria previsional, facultades delegadas que le permiten a Milei eliminar organismos públicos, un régimen de inversiones con exorbitantes beneficios impositivos, y la privatización de empresas públicas. Con una novedad: el oficialismo concedió sacar al Banco Nación del listado de privatizaciones. Horas después, a su vez, La Libertad Avanza conseguiría dictaminar el paquete fiscal que funciona como prenda de negociación con los gobernadores. 

El jueves a la mañana, la reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Legislación General y Presupuesto estaba repleta: aquel encuentro para debatir la nueva versión de la Ley Bases sería el primero y el último y nadie quería perdérselo. No habría mucho debate tampoco, ya que la mayor parte de las negociaciones se habían dado de manera informal entre el gobierno nacional y la UCR, el PRO y HCF en las últimas semanas. Ya sobre el cierre, incluso, José Luis Espert (presidente de Presupuesto), solo le daría tres minutos a los diputados para expresarse y, si se pasaban, les cortaba el micrófono. 

El dictamen de mayoría terminaría siendo el de La Libertad Avanza con 61 firmas, aunque con disidencias del radicalismo y HCF. El texto final, sin embargo, había ido variando minuto a minuto, con decenas de borradores que iban cambiando mientras duraba el plenario. A último momento, por ejemplo, se definió eliminar el Banco Nación del listado de empresas públicas a privatizar: una concesión de Milei para evitar que no se lo terminaran volteando en la votación en particular. El listado final de privatizaciones, en cambio, será: Aerolíneas Argentinas, AYSA, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Correo Argentino, Belgrano Cargas, Ferrocarriles Argentinos y Corredores Viales. En tanto, Nucleoléctrica y Yacimientos Carboníferos Río Turbio, estarán sujetas a privatización parcial.

Hubo otros cambios. Uno fue la eliminación del capítulo que habilitaba la liquidación de los títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. Otro, mientras tanto, tenía que ver con el artículo que derogaba la moratoria previsional del 2023 (que había permitido que miles de personas pudieran jubilarse a pesar de no contar con los años de aportes). A pedido de la UCR, el oficialismo incluyó un nuevo tipo de régimen que propone una “prestación de retiro proporcional” para aquellos que no cumplieron con los 30 años de aportes, pero sí con algunos.

Reforma laboral light

Por unas horas, el proyecto de ley ómnibus había estado al borde de caerse y todo por la reforma laboral. La inclusión del capítulo laboral, que no había formado parte del proyecto original, había sido una propuesta de la oposición amigable, que pretende aprobar como leyes espejo varios de los capítulos del mega DNU. Se había trabajado sobre una propuesta de la UCR, que incluía la eliminación de la obligatoriedad de las cuotas solidarias a los sindicatos: un punto fuertemente resistido por la CGT, que le reclamó al gobierno nacional y a varios diputados opositores que lo quitaran. LLA estaba incómoda con el artículo, pero fue Miguel Ángel Pichetto el que terminó pateando el tablero y amenazó con que si no se quitaban la mayoría de los artículos de la reforma –como las cuotas sindicales– él no acompañaba. La UCR, frente a eso, amenazó con quitar su apoyo si el gobierno quitaba la reforma del proyecto. Fue recién cuando, el miércoles a la tarde, llegó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, con una contra propuesta que se destrabó el acuerdo. 

La reforma laboral, finalmente, terminó en el dictamen de mayoría, aunque una versión mucho más acotada. Incluye la ampliación del período de prueba a seis meses, elimina las multas por mala registración laboral y plantea la posibilidad de crear un fondo de cese laboral que reemplace las indemnizaciones. 

Durante el debate, la izquierda y Unión por la Patria cuestionaron con dureza que no se hubiera planteado ningún debate sobre el tema, ni con especialistas o referentes de las centrales de trabajadores. El titular del bloque de UxP, incluso, sugirió que podrían haber habido coimas para introducir el tema: “La reforma laboral del 2000 se llevó puesto un vicepresidente de la Nación por coimas en el Senado. Los que estaban detrás de Flamarique son los mismos que están detrás de esta reforma laboral. Guarda con lo que suceda en las próximas 72 horas porque podríamos estar frente a una situación de lobby nunca vista en la Argentina”, deslizó Germán Martínez.

Disidencias

En total hubo unos cinco dictámenes: el de mayoría de LLA y otros cuatro de minoría, uno de UxP, otro de la izquierda, otro de la Coalición Cívica y, finalmente, otro de los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y Margarita Stolbizer. Los radicales Pablo Juliano y Fernando Carbajal, mientras tanto, se diferenciaron del resto de la UCR –que acompañó en disidencia con 14 firmas– y no firmaron ningún dictamen: ambos se opondrán a la ley en el recinto. La clave de la votación, sin embargo, serán las disidencias que plantearon los diputados del radicalismo y HCF al dictamen de mayoría: esas son las objeciones que la oposición amigable intentará introducir, a la fuerza, en el recinto.

El reclamo que más se repitió, tanto en las disidencias de la UCR como en la de la mayoría de HCF –las firmas son de los cordobeses Ignacio García Aresca y Juan Brügge, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño– tiene que ver con incluir el capítulo impositivo del tabaco. Este artículo, que estaba en la versión original del proyecto de ley pero el oficialismo luego decidió sacar, pretende igualar todos los impuestos internos para todas las empresas. La idea de eliminar el impuesto mínimo y de subir de 70 a 73 por ciento la alícuota del impuesto interno apunta a romper con un lobby que tiene nombre y apellido. Es la tabacalera Sarandí: una empresa que se beneficia, gracias a una serie de cautelares, con impuestos menores que su competencia. Dado que el oficialismo se rehúsa a incluir la reforma impositiva, la oposición amigable buscará forzar su tratamiento en el recinto.

HCF, por otro lado, planteó la necesidad de ampliar el listado de organismos públicos que están exceptuados de una de la facultades más comprometedoras que se le delegan al presidente: la de intervenir y eliminar organismos del Estado. La oposición amigable había conseguido que el gobierno le garantizara un listado de excepciones a esta facultad: el Incaa, Conicet, Anmat, Enacom, UIF, INTA, el Malbrán, entre otros. Pero había varios que faltaban y HCF reclamó que se incluyera también el INTI y los institutos del Teatro y de la Música. 

Otro de los puntos que introdujo el bloque conducido por Pichetto tiene que ver con un mecanismo de transferencia a las cajas previsionales de las provincias. Este constituye uno de los reclamos más fuertes de los gobernadores desde que Milei pisó los fondos y los mandatarios pretenden llegar a una suerte de compromiso este fin de semana que les garantice que estos fondos estarán. Aquella fue la condición que puso García Aresca, en tanto emisario de Martín Llaryora, para acompañar el dictamen. En el caso de que no hubiese acuerdo, HCF se reservó una disidencia parcial en la que plantea la posibilidad de usar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES para hacer esos pagos.

Paquete fiscal

Apenas se dictaminó el proyecto de ley ómnibus, el oficialismo se puso manos a la obra para dictaminar el paquete fiscal: una dinámica que buscará poner en práctica de nuevo el lunes cuando se traten ambos proyectos en la sesión convocada para las 11. La lógica del gobierno nacional es que solo se aprobará el paquete fiscal –que arrastra recursos para las provincias– cuando se haya aprobado, antes, el proyecto de ley Bases de Milei.

La única novedad del paquete –que incluye también una moratoria impositiva, una reducción del impuesto a los bienes personales y un blanqueo de capitales–  tiene que ver con la restitución del impuesto a las Ganancias para los trabajadores. El gobierno había decidido dejar el piso en 1,8 millones de pesos, pero había una discusión en torno a la actualización, que el gobierno quería que fuera anual. Finalmente, Casa Rosada cedió y se definió que sería semestral con la excepción de este año, que se haría de manera trimestral.

Un último pedido

A ninguno de los diputados se le escapó que el día anterior Milei había dicho, en la cena de la Fundación Libertad, que no tenía problema con que le “tiren” su Ley Bases. Le respondió Agost Carreño: “Resulta raro que el Presidente pida pacto, mande a sus funcionarios y después diga que no le importa que le tiren la ley. Sería bueno que el Presidente no use Twitter hasta la sesión porque pone en riesgo su aprobación”. Varios rieron.