Contra la criminalización de la protesta

La Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, integrada por organizaciones gremiales, profesionales, religiosas y de derechos humanos, se presentó cómo amicus curiae en la causa por las detenciones al voleo durante la represión del 12 de junio, cuando el Senado trataba la denominada ley Bases. En el escrito, que encabezan las firmas de Adolfo Pérez Esquivel (Servicio Paz y Justicia), Hugo “Cachorro” Godoy (CTA Autónoma) y Claudio Rocca (Asociación Argentina de Juristas, rama nacional de la Asociación Americana de Juristas), cuestionan la criminalización de la protesta social impulsada por el gobierno nacional y vehiculizada por medio del fiscal Carlos Stornelli, y solicitan con argumentos jurídicos a la jueza María Servini la liberación de todos los detenidos, su sobreseimiento y el cierre de las causas.

“Venimos poner en consideración de V.S. la revisión inmediata de la situación procesal de todos los detenidos”, para que “se resuelva según las normas procesales y estándares internacionales que regulan la procedencia de las medidas privativas de la libertad en el marco de la investigación y el proceso penal, sobreseyendo a todos los implicados en las causas vinculadas al hecho invocado, y disponiéndose el cierre de estas con todas sus incidencias”, plantea el amicus de los abogados Eduardo Barcesat, Lilian García y Mariana Katz, que también suscriben Cynthia Benzion (Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas), Matías Fachal (Federación Judicial Argentina), Sabina Frederic (Instituto de Políticas sobre Delitos, Seguridad y Violencia EN FOCO) e Iris Pereyra de Avellaneda (Liga Argentina por los DDHH). También se sumó la APDH.

“Toda medida de restricción a la libertad ambulatoria debe entenderse como excepcional, restrictiva y de última ratio”, destacan. Sin embargo, según la información pública, “las personas mencionadas se encuentran detenidas por hechos que no constituyen delito alguno. Por el contrario, se trata de actos legales y socialmente valiosos que se dieron en el marco del derecho a peticionar ante las autoridades, la libertad de expresión y el derecho a la protesta”. “Estos derechos son claves en el desarrollo y fortalecimiento de los sistemas democráticos y están protegidos por nuestra Constitución y por instrumentos internacionales de derechos humanos, y su limitación afecta a la participación ciudadana en los asuntos públicos”, señala el escrito al que adhieren Nelly Minyersky, Atilio Borón, el sacerdote Paco Olveira, María Laura Garrigós, Luis Alén, Stella Calloni, Ana María Careaga, Lita Stantic y Luis Paz, entre otros. “Por otra parte, a quienes aún permanecen detenidos se les ha denegado la excarcelación sin tener en consideración ninguna de las condiciones personales ni fácticas, con el inaceptable resultado de que activistas universitarios, sociales y de la cultura se encuentren detenidos por ejercer su derecho constitucional y convencional a manifestarse”, agregan.

“La criminalización de la protesta no solo vulnera estos derechos fundamentales, sino que también inhibe la participación ciudadana y el ejercicio democrático. En lugar de recurrir a la represión y criminalización, el Estado tiene la obligación de facilitar el ejercicio de estos derechos, asegurando que las personas puedan expresar sus demandas y preocupaciones de manera libre y segura”, plantean. En consecuencia, solicitan “que se reconozca la ilegitimidad de la criminalización de la protesta social y se adopten las medidas necesarias para proteger los derechos de las personas detenidas en el marco de esta protesta”.

Sobre la continuidad de las prisiones preventivas, destacan que “no aparece probado riesgo alguno de entorpecimiento de la investigación, ni de peligro de fuga”. “Sostener la detención sobre la base de riesgos procesales potenciales o abstractos, que no se sustenten en conductas y acciones precisas ni circunstanciadas, tornan ilegítima a la medida”, concluye el amicus, al que adhieren Raúl Zaffaroni, Baltasar Garzón, Alberto Fillipi, Gerardo Pissarello, Vanessa Ramos, Iñaki Rivera Beiras, la Asociación Pensamiento Penal y Roberto Gargarella. “En función de todo lo expuesto, se impone la necesidad de efectuar una revisión seria y profunda de las detenciones ordenadas ya que no se encuentran presentes a nuestro entender los extremos para sostener a las personas detenidas privadas de su libertad, ni de ser objeto de esta criminalización”.