Corea del Sur: el presidente dio marcha atrás con la imposición de una ley marcial | Tras el rechazo de la Asamblea Nacional y miles de manifestantes en las calles

Corea del Sur: el presidente dio marcha atrás con la imposición de una ley marcial | Tras el rechazo de la Asamblea Nacional y miles de manifestantes en las calles

El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, decretó este martes la ley marcial, argumentando que su decisión buscaba proteger al país de la oposición, a la que acusa de ser pronorcoreana. Sin embargo, seis horas después levantó la medida, tras ser impugnada por la Asamblea Nacional y en medio de las protestas de miles de surcoreanos que, en la madrugada de este miércoles, se congregaron frente a la sede legislativa.

Yoon anunció su marcha atrás con la iniciativa en una comparecencia por televisión de madrugada, en la que dijo que las tropas que se ocupaban de garantizar la ley marcial se retiraron a sus cuarteles. El mandatario habia anunciado la realización de la medida excepcional, bajo el pretexto de proteger el orden constitucional de actividades “anti-estatales”, acusando al principal bloque de la oposición, el Partido Democrático (PD), de fuerzas pronorcoreanas.

Amplio rechazo 

En la sesión plenaria extraordinaria convocada poco después, la Asamblea Nacional surcoreana obtuvo 190 votos sobre 300  a favor de levantar la ley marcial.

Lee Jae-myung, líder del PD, repudió la declaración de ley marcial por parte del presidente del país y afirmó que se realizó sin cumplir los requisitos legales necesarios. “(La declaración) es ilegal e inconstitucional, ya que no ha cumplido en absoluto los requerimientos actuales para la declaración de ley marcial de emergencia estipulados en la Constitución y el Acta de Ley Marcial”, dijo Lee, en diálogo con la prensa local.

El líder opositor consideró que la declaración del presidente fue por tanto nula e inválida y subrayó que la decisión de la Asamblea Nacional de pedir su revocación lo reafirma. Lee argumentó además que la declaración se realizó sin pasar por el proceso de aprobación en el seno del Gobierno.

En paralelo, miles de manifestantes se congregaron de forma espontánea en la madrugada de este miércoles frente a la Asamblea Nacional para protestar contra la ley marcial, decretada por primera vez desde los años 80. La muchedumbre, que incluía desde adolescentes a gente de edad avanzada, entonó repetidamente el himno nacional y cánticos pidiendo la dimisión de Yoon. “Esto ha sido un intento sin sentido de destruir la democracia surcoreana”, explicó a la agencia de noticias EFE Kim Seung-ho, empresario de 60 años que acudió a las protestas.

La concentración tuvo lugar a pesar de que a las 23.00 hora local entró en vigor la prohibición de toda actividad política –incluyendo protestas o manifestaciones– por parte del jefe del Estado Mayor Conjunto (JCS), Park An-su, quien fue nombrado comandante bajo la ley marcial y acto seguido decidió enviar tropas a tomar el control de la Asamblea.

Alrededor de la sede parlamentaria, algunos de los vehículos militares desplegados fueron rodeados por grupos de manifestantes, que intercambiaron palabras con los soldados. Asimismo, helicópteros de las fuerzas surcoreanas sobrevolaron la sede parlamentaria y sus inmediaciones, mientras que algunas de las tropas llegaron a tratar de entrar en el edificio principal de la Asamblea, según imágenes recogidas por los medios locales.

La palabra de EE.UU.

Poco antes de que el presidente anunciase el levantamiento de la ley marcial, el portavoz del departamento de Estado de Estados Unidos, Vedant Patel, había dicho que esperaba que los incidentes en Corea del Sur se resolviesen pacíficamente, respetando la decisión de la Asamblea Nacional surcoreana. “Queremos que esto se resuelva pacíficamente de acuerdo con el estado de derecho y, sin duda, una votación así en el legislativo sería consistente con esta aproximación”, dijo Patel en una rueda de prensa.

Patel confirmó la información adelantada por la Casa Blanca de que el Gobierno del presidente conservador surcoreano, Yoon Suk-yeol, no le informó previamente de su decisión de declarar la ley marcial en el país.

La impopularidad del gobierno

El anuncio de Yoon se produjo después de que el PD aprobara sin contar con el apoyo del gobernante Partido del Poder Popular (PPP) unos presupuestos generales para 2025 con múltiples recortes, además de mociones para destituir al fiscal general y al responsable de monitorizar las cuentas de los organismos públicos. La presidencia de Yoon quedó muy debilitada desde que el PD ganó las elecciones legislativas el pasado abril y desde entonces su Gobierno no ha podido sacar adelante las leyes que se había propuesto.

El mismo Yoon justificó en su discurso televisado que desde que juró el cargo en mayo de 2022 se registraron 22 procesos de destitución contra miembros de su Gobierno, con la oposición impulsando su décimo intento desde que se reanudó la Asamblea Nacional tras los comicios legislativos. El mandatario conservador dijo que la situación no tiene precedentes en la historia del país y en la política global, alegando que todo eso socavó la capacidad de gestión del Ejecutivo.

Yoon nació el 18 de diciembre de 1960 en Seodaemun, es hijo de profesores universitarios y se crió en Yeonhui, considerado entonces un barrio próspero de Seúl. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de Seúl. En 1994 trabajó como fiscal e inició una meteórica carrera a lo largo de la cual sentó en el banquillo a importantes políticos liberales y conservadores o a líderes de grandes empresas como Hyundai o Samsung.

Con la llegada a la presidencia de Moon Jae-in en 2017, fue nombrado jefe de la Oficina Fiscal del Distrito Central de Seúl, donde se encargó de condenar a penas de cárcel a los expresidentes conservadores Lee Myung-bak y Park Geun-hye. En 2019 se convirtió en fiscal general, cargo desde el que decidió llevar a juicio por corrupción al entonces ministro de Justicia, Cho Kuk, lo que le valió enemistades del PD de Moon y sus seguidores. Después de que la sucesora de Cho en el cargo, Choo Mi-ae, intentara inhabilitarlo a finales de 2020 y de que Yoon lograra que un tribunal reconociera la irregularidad del procedimiento, renunció en marzo de 2021.

Candidato a la presidencia surcoreana con el conservador PPP en las elecciones celebradas el 10 de marzo de 2022, Yoon Suk-yeol se impuso por menos de un 1 por ciento de los votos al liberal Lee Jae-myung en los comicios más reñidos vividos por el país en democracia. Dos años después, en las elecciones legislativas del 11 de abril de 2024, el opositor y liberal PD logró renovar su mayoría en el Parlamento con un resultado mejor que el logrado cuatro años antes.

El PPP acudió a los comicios pidiendo el voto para poder destrabar su agenda de reformas, bloqueada en gran parte por la mayoría que ya ostentaba la oposición en la Cámara. Sin embargo, los votantes castigaron a la formación gobernante dando su apoyo al PD y a otros partidos que tachan al ejecutivo de Yoon de incompetente y desconectado de los problemas económicos que encaran los surcoreanos. Yoon se convirtió así en el primer presidente de la democracia surcoreana en no contar con el control de la Asamblea Nacional en ningún momento de su mandato, el cual no permite presentarse a la reelección en 2027.

Antecedentes históricos

La declaración de la ley marcial por parte Yoon se enmarca dentro de un contexto histórico con tres precedentes clave en los últimos 50 años en Corea del Sur. El primero tuvo lugar en 1972, cuando el entonces presidente Park Chung-hee, tras el declive de su popularidad, proclamó la ley marcial y aprobó una nueva constitución autoritaria, que se mantuvo vigente hasta su asesinato en 1979. Posteriormente, en 1980, Chun Doo-hwan, quien había tomado el poder tras un golpe de Estado, impuso la ley marcial, lo que derivó en el levantamiento de Gwangju, donde el ejército reprimió brutalmente las protestas, dejando cientos de muertos.

Un tercer intento de imposición de la ley marcial ocurrió en 2018, cuando el general Lee Suk-koo propuso un plan para enfrentar las protestas contra la expresidenta Park Geun-Hye, acusada de corrupción. Sin embargo, este proyecto fue desestimado por el presidente Moon Jae-in, quien destituyó al general y ordenó la reestructuración de la inteligencia militar.

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