Cuando el dilema es entre morir de hambre o de frío | Un informe de Argentina Humana da cuenta de la profundidad de la crisis

Las graves dificultades que tienen las familias para pasar el invierno en los barrios populares quedaron reflejadas en un informe que realizaron los integrantes de Argentina Humana, el espacio de referencia del dirigente social Juan Grabois. Según refleja este trabajo, a la crisis generalizada por los aumentos de precios y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios se le suma, en las barriadas con menos recursos económicos, el aumento de entre el 100 y el 200 por ciento semestral de gas envasado, que utiliza para cocinar el 86 por ciento de las familias, y la interrupción de los programas de subsidios a la garrafa social. Ante este escenario, está más que claro que estos hogares se debaten entre pagar la luz, el gas o comer.

Cuando finalizó el gobierno de Alberto Fernández, la mayoría de los programas sociales –sobre todo los destinados a subsidiar garrafas y mejorar las condiciones de acceso a servicios básicos– fueron discontinuados. Una maniobra del gobierno libertario que dejó a todas las familias que accedían a estos programas sin protección frente al frío invernal y sus condiciones adversas, señala el informe. 

Ese cuadro se agrava por la suspensión de la obra pública destinada a brindar conexiones seguras a la red de gas, electricidad, agua y cloacas. Y además, es necesario sumar a esta serie de desdichas que genera el gobierno de Milei la decisión de no distribuir alimentos a los comedores comunitarios que el mismo Grabois denunció.

Según el Monitor de Barrios Populares (ReNaBap), la principal fuente de calefacción de las familias es la leña o el carbón (38 por ciento), en tanto el 86 por ciento de las viviendas utiliza garrafas para cocinar. A partir del análisis de la muestra compuesta por barrios de diferentes partes del país (Alto Valle, Chaco, Córdoba, Conurbano bonaerense y el interior de la provincia de Buenos Aires, el NOA, Mendoza, Patagonia, y Santiago del Estero), se observaron aumentos semestrales de entre el 100 y el 200 por ciento en el costo del gas envasado en al menos el 55 por ciento de los barrios relevados. La situación se complejiza aún más si se considera el aumento significativo en los costos mensuales de electricidad, en un contexto de caída sostenida del salario real y las jubilaciones. Casos extremos se observan en la Patagonia: en Bariloche algunas familias recibieron facturas de luz de entre 50.000 y 80.000 pesos.

El informe identificó la interrupción del Programa Hogar (garrafa social) en la totalidad de los barrios relevados y la ausencia de una política planificada de segmentación de tarifas. A esta situación se suma la suspensión casi total de la obra pública y el desfinanciamiento del Fondo de Integración Socio Urbana, destinado a implementar la Ley 27.453 de Barrios Populares, que establece que las y los habitantes inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBAP) tienen derecho al acceso “a los servicios públicos con calidad, continuidad y cantidad suficientes, sin discriminación”. En este marco, las entidades de gobierno y organismos intervinientes deben desarrollar medidas para garantizar la realización de ese derecho y que los ciudadanos puedan constituirse, gradualmente, en usuarios formales de los servicios públicos, reclama Argentina Humana.

Como resultado del retiro del Estado, en los barrios populares se profundizan las problemáticas preexistentes. El informe señala las conexiones informales y precarias, o al uso de energía insegura que expone a las familias al riesgo de accidentes domésticos. Por lo menos tres casos destaca el informe. En La Cárcova, al noreste del Conurbano bonaerense, destacan que se quemó una vivienda por una pérdida de gas de la garrafa que utilizaban para cocinar. En la localidad de Villa María, en la madrugada del 7 de julio, al menos dos familias sufrieron el derrumbe de su casa tras un incendio cuando intentaban calefaccionarse. El barrio popular Fiske Menuco, del Alto Valle patagónico, ya sufrió varios incendios por el mismo motivo. 

Argentina Humana enfatiza que el acceso a una vivienda adecuada con conexión formal y segura a todos los servicios es un derecho humano consagrado en la Constitución Nacional. La evidencia demuestra que además es un factor de desarrollo social y económico para las y los residentes de barrios populares y la sociedad en su conjunto. En la Argentina, millones de personas habitan en viviendas inseguras en los más de 6.000 barrios populares registrados en el ReNaBaP.

“Es urgente retomar una política adecuada de soportabilidad de servicios básicos en barrios populares e implementar una política sostenida y articulada entre los diferentes niveles del Estado (nacional, provincial y municipal) y de las organizaciones de la sociedad civil, para garantizar que las poblaciones más vulnerables tengan acceso a una vivienda y un hábitat seguros y de calidad”, plantea la agrupación que lidera Grabois.