Dos decisiones judiciales dejaron al descubierto las operaciones de Sandra Pettovello | Revés sobre la suspensión de alimentos a comedores y el ajuste en primera infancia

Desde que asumió en el ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello hizo del anuncio de auditorías y presentación de denuncias penales contra organizaciones comunitarias y el gobierno anterior una bandera para justificar el recorte de políticas sociales. Sin embargo, el propio Poder Judicial empezó a dejar al desnudo esa estrategia y a cuestionar las imputaciones por estar infundadas. Aquí dos casos donde, decisiones recientes, sobre la interrupción de la entrega de alimentos y la situación de las políticas para la primera infancia, dejan esa maniobra en evidencia, mientras la motosierra avanza.

Papelón 1: “Copy & paste”

Después de analizar un extenso dictamen del fiscal Franco Picardi, en un fallo de principio de mes que pasó inadvertido, el juez federal Ariel Lijo archivó una de las primeras presentaciones judiciales de la ministra que cuestionaba a la exSecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en gestiones anteriores por supuestos “desembolsos sin control” y desvíos de fondos destinados a Espacios de primera infancia. Picardi había notado –como reveló Página/12— que los abogados de Capital Humano habían hecho “un confuso copy & paste” de un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que contenía simples observaciones administrativas sobre rendiciones de cuentas, que incluso habían sido subsanadas. Para colmo, no decían que era un análisis de la Sigen: presentaban el material como si fuera fruto de hallazgos propios en “gestiones, auditorías e investigaciones”. Según el magistrado, no había ningún delito para juzgar.

El fiscal Picardi se había dedicado a revisar uno por uno los hechos denunciados en una presentación que firmaban, entre otros, la abogada Leila Gianni, quien tuvo que dejar la Capital Humano días atrás después de una larga pulseada con la propia ministra. Gianni había tenido apariciones en tono de escándalo en busca de notoriedad en los expedientes de la cartera de Pettovello. En su reconstrucción, el fiscal se encontró con que el ministerio había entregado “información parcial y segmentada” de los casos. Anunciaban 14 hechos con irregularidades en la rendición de cuentas por fondos recibidos en centros de primera infancia, pero en realidad los hechos eran 10, y tampoco eran delictivos. Peor: la descripción eran copias textuales uno del otro, con algunos cambios en los subrayados y destacados. Los Espacios de Primera Infancia fueron creados durante el macrismo con la tarea de dar estimulación, alimentación y atención a la salud de niños/as desde los 45 días hasta los 4 años.

La cartera de Pettovello le había anunciado a la fiscalía que entregaría sus “actuaciones, auditorías, tareas, relevamientos”, pero nunca proporcionó nada. Picardi advirtió que eran reportes de la Sigen que, en efecto, habían auditado la Secretaría de Niñez y en particular el programa de promoción y asistencia a Espacios de Primera Infancia. La Sigen había hecho recomendaciones para mejorar el programa “pero no advirtió situaciones de relevancia jurídico penal”. Incluso después de la última auditoría en 2023 (el trabajo analizaba desde 2017) señaló que se habían implementado “medidas correctivas a fin de subsanar diversas observaciones formuladas”. Decía que aún existían debilidades de control interno por la falta de criterios y herramientas confiables, pero daba nuevas indicaciones. Picardi alertó que Capital Humano no había dado cuenta de todas las mejoras implementadas y había hecho un recorte del informe de la Sindicatura, sin decir que era de la Sigen y sin incluir la última evaluación positiva. Por eso dijo que era una denuncia “sesgada” y que “solo ha recogido una porción recortada de toda la información y documentación con la que contaba el Ministerio…”.

El juez Lijo avaló íntegro al fiscal Picardi que desechaba la investigación. Fue categórico: “Ninguna de las diligencias practicadas permitió dar sustento a la hipótesis denunciada o siquiera acercar algún elemento que brindara razones para proseguir con la investigación”. El magistrado dijo que no se había constatado ninguna de “las circunstancias que iniciaran el proceso, ni otras que lleven a reorientar la pesquisa hacia una hipótesis alternativa de investigación”. Picardi, además, había advertido que se está abusando del uso del derecho penal, que solo debería ser aplicado –señalaba– “a la gestión de los conflictos sociales que no hayan podido ser resueltos bajo otras herramientas menos agresivas y violentas del Estado, o cuando no se encontraran herramientas legales alternativas de posible aplicación”.

Papelón 2: excusas para no alimentar

Es conocido que el gobierno de Javier Milei decidió interrumpir la entrega de alimentos a comedores y merenderos comunitarios, en especial a aquellos qué están ligados a organizaciones sociales, apenas desembarcó en la Casa Rosada. Esto derivó en dos tipos de reclamos judiciales: uno penal, a cargo del juez Sebastián Casanello, que se inició por una denuncia de Juan Grabois (Argentina Humana), y otro en el fuero contencioso administrativo, que tramita el juez Walter Lara Correa. Este último es un amparo donde varias organizaciones e incluso una defensora de niños, niñas y adolescentes plantean que desde el Estado se ha violado y se sigue violando el derecho a la alimentación. El Ministerio de Capital Humano sostiene como justificación su muletilla de que no entrega fondos ni comida a ciertos espacios porque descubrió anomalías en su auditoría y a raíz de eso hizo una denuncia penal. La cartera habla de “comedores fantasma”, o sea, que supuestamente no existen. La causa está a cargo también del juez Lijo, y en este caso el fiscal es Ramiro González.

Al igual que con el caso de los centros de primera infancia, Pettovello había procurado que la denuncia fuera ampliamente difundida por los medios para instalar la idea que por lo menos la mitad de los comedores que aparecen en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM) no funciona o no existen y son un invento de activistas sociales para enriquecerse. No decía que muchos cerraron o atienden en forma esporádica por la falta de mercadería. Ni que el RENACOM es un registro abierto (cualquiera puede ingresar y anotarse) y provisorio. Ni explicó las 5.000 toneladas de mercadería acopiada en sus galpones de Villa Martelli y Tafí Viejo (Tucumán). Antes de la feria judicial de invierno, el juez Lara Correa dictó una medida cautelar y ordenó que el Estado, a través de Capital Humano, garantice el derecho a la alimentación a quienes asisten a los comedores populares.

El amparo está cerca de llegar a una sentencia. Lara Correa subroga el juzgado que tiene este caso hasta fin de este mes. El Ministerio de Pettovello dice que si a algunos espacios aún no les entrega comida o fondos, es por la causa judicial de los “comedores fantasma”. Ante esto, Lara Correa pidió información en la fiscalía que interviene en Comodoro Py. En una pequeña resolución, el juez contencioso dejó en claro que la respuesta fue que no hay ningún delito ni irregularidad identificado al menos hasta ahora. Reseña allí que se comunicó “telefónicamente con en instructor de la causa ante esa fiscalía quien” le “manifestó que” Capital Humano sigue “presentando documentación” (la causa se abrió en mayo) y que “no se había adoptado ningún temperamento respecto de persona alguna ni se dispusieron medidas relevantes”.

Frente a esto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a comedores y organizaciones, señaló: “mal puede pretender el demandado alegar como excusa para incumplir sus obligaciones en materia de protección del derecho a alimentación” que existe ese “proceso penal” donde ni siquiera hay imputados. Pero, además, sostiene que queda demostrado por la información y la documentación entregada por Capital Humano mismo “que se ha vulnerado el derecho a la alimentación y el incumplimiento de la obligación de no regresividad en relación con el derecho a una alimentación adecuada del colectivo que representamos”. “Denunciamos nuevamente que dicho estado de situación, impacta de forma diferencial en niños/as, adolescentes, mujeres y personas mayores”, señaló el CELS. La pobreza, es sabido, trepó este año a 53,9 por ciento y la encuesta de UNICEF muestra que más de un millón de niños/as se van a dormir sin cenar. El problema se profundizó.

Cuando el juez contencioso dictó la cautelar, Capital Humano aseguró que los programas alimentarios están vigentes. Se refería al Plan Nacional Argentina contra el Hambre, Programa Nacional Alimentar Comunidad y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Sin embargo, cerca de 160 comedores de la asociación El Amanecer de los Cartoneros (vinculada el Movimiento de Trabajadores Excluidos) y 14 cooperativas presentaron pruebas en la causa de que han sido excluidos de estos programas, que antes del gobierno de Milei les permitían el acceso a alimentos para vecinos y vecinas en situación de vulnerabilidad. La excusa del gobierno es que no quiere intermediarios, pero ha puesto a la fundación (amiga) CONIN, que preside el pediatra antiderechos Abel Albino. Los comedores y merenderos han mostrado que actualizaron y cumplieron con las rendiciones de cuentas que les reclamaban, pero el gobierno les demora los trámites. A los comedores Mártires Populares y Monseñor Angelelli les terminaron dando la tarjeta Alimentar Comunidad después del reclamo público de Francisco “Paco” Olveira, aunque tardaron en cargarla de saldo.

El CELS advierte varias cuestiones: Capital Humano reconoce “no haber renovado los convenios” y con las rendiciones de cuenta la única causa de demora “es por parte de Capital Humano en el análisis de la documentación presentada y no en la falta de cumplimiento”. Es decir, “cajonea” o “demora” para no entregar alimentos o fondos. La inexistencia de datos en la causa penal sobre los supuestos comedores fantasma es uno de los datos que refuerzan el reclamo. El organismo también señala que la política deliberada de no dar de comer a quienes tiene hambre, que se vio patente con el acopio de alimento, también se advierte en la falta de ejecución presupuestaria: “surge que se ha ejecutado un 92,2 por ciento menos de recursos a través de la Resolución 2458/2004 (que es la normativa para otorgar subsidios), un 53 por ciento menos a través del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (Programa 26), y el 48,6 por ciento menos a través de PNUD”.

Algunos programas directamente se dejaron de ejecutar: “Comedores y Merenderos”, “Programa SEMBRAR” y “Alimentar Saberes”. El resto cayó abruptamente. A esto suman que el gobierno no termina de explicar qué recibe cada quién (como los comedores ligados a CONIN) y, como reveló este diario, no se sabe dónde fueron a parar buena parte de los fondos del programa de PNUD que se supone que eran para implementar un nuevo sistema de licitación y compra de alimentos.