Dos funcionarios de Petri reivindican la visita a Astiz y piden domiciliaria para los genocidas | Nueva impronta en el área de Derechos Humanos de Defensa

Dos funcionarios de Luis Petri pidieron prisión domiciliaria para los represores que están presos y reivindicaron como un acto valiente la visita de seis diputados de La Libertad Avanza (LLA) a Alfredo Astiz y otros condenados por crímenes de lesa humanidad. Se trata de Arturo Larrabure –un hombre cercano a la vicepresidenta Victoria Villarruel– y Silvia Ibarzábal –amiga de Cecilia Pando con quien recorría las cárceles–, que desde principios de mes desembarcaron en la dirección de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa.

Larrabure e Ibarzábal son dos de los exponentes de las organizaciones por la “memoria completa” –que militan para contrarrestar el reclamo de los organismos de derechos humanos por la memoria, la verdad y la justicia. Hace tiempo que transitan por el edificio Libertador como asesores del radical Petri. Sin embargo, a partir del 1 de julio se mudaron a la oficina que antes ocupaban los expertos que analizaban los archivos de las Fuerzas Armadas para contribuir con las causas de lesa humanidad y que fueron despedidos por el ministro bajo el argumento de que hacían “macartismo”.

En el Ministerio de Defensa está en pleno trámite la contratación de Larrabure e Ibarzábal desde el 1 de mayo para cumplir funciones bajo la órbita de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares (SEAM), informó el director de recursos humanos de la cartera que conduce Petri, Fabián Horacio Sánchez, a partir de un pedido de acceso a la información hecho por Página/12. La SEAM es conducida por Claudio Pasqualini, exjefe del Ejército de Mauricio Macri, yerno del represor Athos Renés y quien habla de “guerra sucia” para referirse a los crímenes de la dictadura.

Desde el Ministerio se promocionó la llegada de Larrabure e Ibarzábal –que había sido anticipada por este diario hace un mes–, como un giro en la política de derechos humanos. Y ellos no desentonaron con esas expectativas en sus primeras declaraciones públicas.

Ibarzábal respaldó a los seis diputados oficialistas que el 11 de julio pasado fueron a la Unidad 31 de Ezeiza para verse con Astiz, Antonio Pernías, Adolfo Donda y Raúl Guglielminetti, entre otros. “Todo preso tiene derecho a ser visitado. Fue un acto humanitario, pero también valiente porque sabían que cuando esto se conociera iban a ser muy criticados”, le dijo Ibarzábal a Infobae en referencia a la comitiva integrada por Beltrán Benedit, Alida Ferreyra Ugalde, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, María Fernanda Araujo y Rocío Bonacci.

Larrabure, por su parte, habló del “negocio de los derechos humanos” y agregó: “Todos los presos tiene derechos humanos, no hay que olvidarse de eso. Si una persona está detenida, ha sido juzgada y tiene situaciones de enfermedad o supera los 75 años, debe tener prisión domiciliaria. No pueden morirse en la cárcel porque pertenecen a la década del 70”. Para Larrabure, “algunos están muy mal físicamente, no pueden estar en una cárcel”.

Los datos contradicen el relato de que los jueces niegan el arresto domiciliario a quienes actuaron durante la dictadura. Según las estadísticas que publicó el mes pasado la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), de las 3746 personas que han sido investigadas por lesa humanidad, solo el 17 por ciento está detenida. Hay 508 personas en arresto domiciliario, 78 en las cárceles y 56 en la Unidad 34 de Campo de Mayo –que tiene mayores comodidades tales como canchas de tenis. Defensores particulares de condenados por lesa humanidad motorizaron un pedido para que la Cámara de Casación fijara un nuevo estándar para los arrestos domiciliarios de mayores de 70 tan solo un día después de que asumieron Javier Milei y Victoria Villarruel, pero no tuvieron éxito –al menos, por el momento.

Tanto Larrabure como Ibarzábal son hijos de militares –Argentino del Valle Larrabure y Jorge Ibarzábal– que fueron secuestrados en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y después muertos. Ambos tienen una larga trayectoria en organizaciones que impugnan los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Ibarzábal –vicepresidenta de la Asociación Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo en Argentina (Afavita– fue una de las defensoras del fallo del 2×1 de la Corte Suprema. “De repente, ministros, diputados y senadores del espectro oficialista y hasta el mismo presidente de la Nación, corridos por los titulares del pequeño diario Página/12, se lanzaron impúdicamente a rivalizar con aquellos grupos fundamentalistas, sumándose a los cuestionamientos, críticas y hasta amenazas dirigidas contra los jueces que habían fallado… con independencia”, dijo en una carta que firmó junto con Nicolás Márquez –biógrafo del Presidente– y Cecilia Pando, quien la define como su amiga con quien visitaba a los “presos políticos” –como llaman a los represores.

Larrabure es el vicepresidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) que preside Villarruel. El Celtyv, que se conformó en 2006 como respuesta a la reapertura de los juicios de lesa, era un brazo de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), fundada en los años ‘90 por el exjefe de inteligencia de Campo de Mayo y exjefe de la policía bonaerense Fernando Exequiel Verplaetsen. Dentro de los miembros fundadores también está Carlos Manfroni, actual jefe de gabinete de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad.

A mediados de 2005 –de acuerdo con lo que consigna Guido Braslavsky en su libro Enemigos íntimos–, Arturo Larrabure conformó junto con José Sacheri e Ibarzábal la Asociación de Víctimas del Terrorismo Argentino (AVTA). Sacheri –en representación de ese grupo– pidió en octubre de 2006 en un acto en plaza San Martín una amplia amnistía. Larrabure también fue parte de Argentinos por la Pacificación Nacional (Arpana), que confluía en una mesa de coordinación con los grupos que lideraban Pando y Villarruel.

En 2007, Larrabure pidió investigar la muerte de su padre como un crimen de lesa humanidad por el cual responsabilizó al ERP. Tanto el juez de primera instancia como la Cámara de Rosario dijeron que no era un delito de esa naturaleza. En diciembre de 2018, la Sala II de la Casación rechazó el planteo de Larrabure. El tema espera desde entonces en la Corte Suprema –donde hace un año y medio estuvo a punto de salir. Algo pasó y volvió para atrás.

Larrabure, además, impulsa la beatificación de su padre. El principal promotor es el obispo castrense Santiago Olivera, que gestionó una reunión entre los jueces Mariano Borinsky, Daniel Petrone y María Eugenia Capuchetti con el Papa para el próximo 19 de agosto.