El Gobierno giró al Congreso el DNU que asigna fondos reservados para la nueva SIDE | La medida es rechazada por bloques aliados y Unión por la Patria

El Gobierno envió al Congreso el DNU que asigna 100 mil millones de pesos de fondos reservados a la nueva estructura de la SIDE, una medida que es rechazada por la mayoría de los bloques dialoguistas y el kirchnerismo. La norma deberá ser tratada en la Comisión Bicameral Permanente que monitorea los DNU, para lo cual tendrá diez días hábiles que vencerán el próximo miércoles 14 de agosto.

La Bicameral, que preside el senador libertario Juan Carlos Pagotto, citó a una reunión para el jueves 8 a las 14, pero con un temario para tratar tres DNUs dictados en el Gobierno de Mauricio Macri, 31 de la administración de Alberto Fernández y cinco de la administración de Javier Milei. La ley de regulación de los DNU permite que esas disposiciones puedan quedar firmes con el respaldo de una sola de las cámaras del Congreso, pero para su rechazo necesita el respaldo del Senado y Diputados. Por ese motivo, el Gobierno pudo mantener vigente el DNU 70/2023 de desregulación de la economía, ya que, si bien fue rechazado por el Senado, los bloques dialoguistas de la UCR, Hacemos e Innovación prefirieron no sumarse a los pedidos de Unión por la Patria (UxP) y la izquierda para anular esa medida.

Los interrogantes están puestos en que la mayoría de Hacemos está dispuesta a rechazar el DNU, lo mismo que la Coalición Cívica y la UCR, con lo cual la Libertad Avanza (LLA) solo tendría el respaldo de su actual aliado, que es el macrismo, y algunos bloques unipersonales.

En la Cámara de Diputados se podría rechazar el DNU que otorga los fondos reservados para inteligencia, ya que, si suman los 99 diputados de UxP, los 5 de la izquierda, los 34 radicales y 7 de los 16 de Hacemos, el oficialismo no tendrá cómo impedir que se derogue ese decreto.

A eso se suman las quejas opositoras por la demora en conformar la Comisión de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, donde el oficialismo aun no acordó quien encabezará esa estratégica bicameral.

Para el oficialismo, el panorama no es mejor en el Senado, donde los dos bloques del kirchnerismo tienen 33 legisladores, con lo cual con solo 4 voluntades de otros bloques pueden definir el rechazo a ese decreto.

El primer debate que se presentará en la reunión del próximo jueves será que tanto Hacemos como la UCR reclamarán que se traten los dos DNU sobre inteligencia, uno que establece la nueva estructura de la SIDE y el otro que ingresó hoy al Senado sobre la asignación de los recursos.

El bloque de diputados de la UCR cuestionó el martes último la decisión del Poder Ejecutivo de asignar, vía DNU, 100.000 millones de pesos para gastos reservados de la nueva Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). “Por decreto conformaron una nueva SIDE, y la primera decisión que tomó el Ejecutivo al respecto fue dotarla de 100.000 millones de pesos más de asignación presupuestaria, multiplicando por 8 el presupuesto anterior de 15.000 millones, al mismo tiempo que aseguran que ´no hay plata´, por ejemplo, para la recomposición salarial de los jubilados”, advirtió esa bancada. Agregó la UCR que “lo que preocupa aún más es que especifican que son fondos de carácter reservado, evitando rendir cuentas o dar información de carácter público sobre el uso de los mismos”.

En tanto, la diputada de Hacemos Margarita Stolbizer presentó un proyecto de resolución para rechazar el DNU 656, al argumentar esos fondos deben ser controlados por el Congreso.

Firmaron el proyecto de Stolbizer sus pares Nicolás Massot, Mónica Fein, Emilio Monzó, Esteban Paulón, Mónica Fein, Alejandra Torres y Natalia de la Sota. También presentó un proyecto para anular el DNU la Coalición Cívica, en base a una iniciativa presentada por el legislador Maximiliano Ferraro.

Resta esperar la respuesta del oficialismo ante los pedidos de la UCR y Hacemos para que tengan un rápido tratamiento los DNU sobre inteligencia ya que, si no se emite dictamen antes del 14 de agosto, los bloques opositores pueden pedir el tratamiento en el recinto de sesiones.

La ley 26.122 fija que La Comisión Bicameral Permanente tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el Jefe de Gabinete, para expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras.