El oficialismo bloquea una posible sanción a los diputados que visitaron a genocidas | Organismos de derechos humanos denunciaron un plan de impunidad

Ya pasó más de un mes desde que explotó el escándalo de la visita de los diputados libertarios al pabellón de genocidas de Ezeiza y el Congreso, aún, se encuentra atascado en una discusión burocrática sobre la creación de una comisión que cree una comisión que podría (o no) investigar la excursión al penal. La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que preside Silvia Lospennato, volvió a reunirse ayer para tratar una posible a la sanción a los diputados oficialistas y contó con la presencia de organismos de Derechos Humanos. Referentas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS dieron el presente para denunciar la existencia de un plan de impunidad, y todo a menos de 24 horas de que, del otro lado del Congreso, Victoria Villarruel hubiera convocado un acto para reivindicar el terrorismo de Estado. Los diputados opositores, sin embargo, solo atinaron a patear el debate para la semana próxima. 

Unión por la Patria intenta mostrarse optimista. Insiste en que el clima interno cambió desde que Lourdes Arrieta prendió el ventilador sobre los entretelones de la visita a los represores condenados y que, a diferencia de lo que sucedía hace un mes, hoy la mayoría de la UCR, el pichettismo e, incluso, el PRO, acompaña la necesidad de investigar cómo se organizó la excursión y las responsabilidades de cada legislador de LLA. En efecto, este cambio de postura se vio en la última reunión de la comisión de Peticiones, cuando, ante una propuesta del cordobés Juan Brugge (Encuentro Federal) – que contaba con el respaldo del radicalismo y el PRO -, todos coincidieron en convocar un plenario de Peticiones y Asuntos Constitucionales para dictaminar, la semana próxima, qué formato se le dará a la investigación de los hechos. 

Uno de los problemas es que hay varios proyectos presentados – de Vanesa Siley, de Gisela Marziotta, de Lourdes Arrieta, de Germán Martínez – y cada uno propone caminos distintos: algunos proponen una comisión especial en base al artículo 188 del reglamento, otros que sea Asuntos Constitucionales la que defina la sanción que les corresponda a los diputados. La mayoría de los antecedentes – como el caso del desafuero de Julio de Vido – llevan a la comisión de Asuntos Constitucionales, pero allí se abre un nuevo frente de problemas: la comisión es presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, uno de los diputados que formaban parte del chat creado por el cura Javier Olivera Ravasi, hijo del represor Jorge Antonio Olivera, en el que circulaban proyectos para liberar a los genocidas.

“Nosotros no vamos a aceptar que Mayoraz, que forma parte de esos chats del plan impunidad, presida esta comisión. Este señor tiene que dar un paso al costado”, exclamó Cecilia Moreau después de que, en la reunión de comisión, Mayoraz se mostrara de acuerdo en convocar un plenario la semana que viene. “¿Ustedes están de acuerdo con que presida Mayoraz? No está bien”, le decía, en paralelo y fuera del micrófono, a las radicales Carla Carrizo y Gabriela Brouwer. “No, no”, respondían las diputadas que, por parte de la UCR, venían presionando para avanzar con la investigación.

“No voy a aceptar que me diga que formó parte de un plan de impunidad. En mis 30 años de abogado jamás me metí con un tema de estos ni milité estas cuestiones. Yo no fui a la visita, sabía, pero no fui y no participé”, le respondió, enojado, Mayoraz, quien, sin embargo, accedió a dejar la presidencia temporalmente en manos de la vice, María Eugenia Vidal. En UxP, sin embargo, observan que el tema está lejos de estar resuelto: advierten que, además, Mayoraz no debería ni poder dictaminar. Lo mismo exigen para las otras diputadas que integran Asuntos Constitucionales y que deberían expedirse sobre su propia sanción, como el caso de Alida Ferreyra. “No estamos de acuerdo en excluir a Mayoraz ni a ningún otro diputado porque, si fuera por estar denunciado por una diputada, la mitad del bloque tendríamos que estar afuera”, sostuvo, en un intento de defensa corporativa que le salió por la culata, la libertaria Nadia Márquez.

La hoja de ruta se conocerá, entonces, recién la semana que viene. La conducción de UxP apuesta a lograr dictaminar la conformación de una comisión especial – que debería aprobarse, después, en el recinto -, pero no le cierra las puertas a otras estrategias. “Queremos un compromiso. Si investigamos a fondo o si hacemos de cuenta que lo hacemos”, advirtió el titular de uxP, Germán Martínez.

Nunca Más

Mientras los diputados parloteaban sobre caminos burocráticos a seguir, los representantes de organismos de Derechos Humanos escuchaban, a la espera de una pista que indicara si se sancionaría o no a los diputados que habían ido a sacarse fotos con los represores que habían torturado y desaparecido a sus familiares. “Queremos que se los expulse. Están deshumanizando a este país, queriendo borrar tantos derechos adquiridos, como la Memoria, la Verdad, la Justicia”, cuestionó Taty Almeida,  titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, apenas comenzó el encuentro. También participó Adolfo Pérez Esquivel: “Aquellos que fueron a abrazarse con genocidas son indeseables para la sociedad argentina. Deberían expulsarlos. No representan al pueblo argentino. Son una lacra, traicionan al pueblo”, denunció el premio Nobel de la Paz.

Estela de Carlotto también se hizo presente, aunque solo a través de un texto que leyó el nieto recuperado Guillermo Pérez Roisinblit. “Resulta doloroso que haya legisladores que nieguen la verdad histórica, que conspiren a espaldas de la sociedad para otorgar impunidad a quienes tienen información sobre el destino de nuestros nietos y nietas y de los 30 mil desaparecidos”, leyó, y remató, mirando a los diputados: “Es responsabilidad de ustedes generar una acción ejemplificadora para que en la Argentina no se banalicen, de ningún modo, los crímenes de lesa humanidad. Deben ser sancionados por sus pares y aquí mismo deben pensarse las estrategias para que el negacionismo no avance en la Argentina”.

Uno de los momentos más emotivos, sin embargo, fue cuando Roisinblit dejó de leer y tomó la palabra para contar su historia. “Mis padres fueron secuestrados el 6 octubre de 1978, mi madre cursaba el octavo mes de embarazo, yo estaba en su vientre cuando fuimos secuestrados. Fuimos llevados a un centro a una cuadras de la plaza de Morón. Ahí mis padres fueron salvajemente torturados. Después cuando el parto se acercó, mi mamá es traslada a la ESMA y ahí soy apropiado. Creo pasé solo tres días con mi mamá. No guardo un solo recuerdo de ella”, relató, y agregó: “No se como es el sonido de su risa. No recuerdo una sola caricia”. Los diputados solo podían escuchar.