El rebusque de los comedores populares frente al ajuste al que los somete el Gobierno | Las necesidades crecen, los fondos son cada vez menos

El panorama en los comedores y merenderos es acuciante desde que empezó el gobierno de Javier Milei. Los fondos de Nación no llegan, tampoco el financiamiento a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud) para asistencia a personas en situación vulnerable. En paralelo, las necesidades crecen: después de la pandemia, un comedor de La Matanza bajó las raciones a unas 200, pero ahora ya entrega un promedio de 450. “Con lluvia vienen igual, porque perdieron el trabajo o porque los ingresos no alcanzan incluso para quien puede trabajar”, apuntan allí. Los comedores hoy funcionan gracias a la voluntad de quienes los atienden. Reciben alimentos de los vecinos o de algún comerciante del barrio, “pero las donaciones son cada vez más pequeñas porque los locales venden menos”. El resto se consigue con donaciones de personas cercanas o con rifas que cada vez hay menos gente que pueda cpomprar. Otras veces reciben aportes de convenios con municipios o gobiernos provinciales, pero que también están ahogados financieramente por la Nación.

El combo que hoy sufren los comedores incluye ataques diversos desde el Gobierno: interrumpió la asistencia a comedores, congeló el Potenciar Trabajo que muchas veces servía para las colectas para comprar comida, suspendió a 200.000 trabajadoras de comedores comunitarios que recibían un plus de ingreso por la Ley Ramona y frenó la entrega alimentos, dejando en total desamparo a la población de los barrios populares.

Parece una burla del Gobierno, sostienen desde los movimientos sociales, y reconocen que si bien podían prever que los planes sociales se verían perjudicados con esta administración libertaria, jamás imaginaron que vaciarían los comedores barriales de esta manera.

“Es de una perversidad horrible, porque además festejan el déficit cero mientras la gente está sufriendo y pasando hambre”, sostiene Juan Carlos Alderete, dirigente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), en diálogo con Página/12.

Otro ingrediente que suma el Gobierno son trabas administrativas de diversa índole, algunas de imposible cumplimento en contextos de informalidad, algunas de las cuales son presentadas como “irregularidades”, o directamente “curros”, y sirven de excusa para cortar la asistencia. Entre otras, piden el DNI de todas las personas que asisten a los comedores. “No es grato pedirle a alguien que está en esa situación que encima se identifique, muchos ni siquiera tienen los documentos encima”, sostiene Nicolás Caropresi, dirigente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep). “Nos piden teléfonos de todo el mundo, se los pasás y no llaman a nadie”, resume. 

Otro drama: la no designación de funcionarios. “Repentinamente interrumpen una negociación porque designaron a nuevos directores, pero luego eso cambia, y todo vuelve a foja cero”, denuncian.

Arreglate como puedas

Los comedores hoy funcionan por fuerza de la voluntad de quienes los atienden o las personas cercas. Porque reciben alimentos de los vecinos o de algún comerciante del barrio, “pero las donaciones son cada vez más pequeñas porque los locales venden menos y entonces tienen menos margen, el resto se consigue con plata de los compañeros de la organización o con rifas, que también se venden menos porque a nadie le sobra”, comenta Marta sobre el día a día en un comedor que dirige en el barrio 24 de febrero del partido de La Matanza.

A veces consiguen fondos por convenios con municipios o gobiernos provinciales, pero que también están ahogados financieramente por la Nación. “La última tanda de mercadería llegó en noviembre del año pasado y con toda la furia alcanzó para preparar comida hasta la segunda semana de febrero”, relata Caropresi. Se arman relaciones con los supermercados para clasificar mercadería en los centros de decomisado, etc. Para muchas personas empieza a volverse un trabajo conseguir alimentos y si bien hay un tadición de pelearla hasta lo último, es una dificultad en la realidad cotidiana.

Las personas muchas veces sienten vergüenza de pedir un plato de comida y las compañeras que los reciben lloran o se enferman por los problemas que tienen y los que ven. Esa tristeza por tener que decirle a un chico que la comida hoy no alcanzó. “Con lluvia vienen igual, porque perdieron el trabajo o porque los ingresos no alcanzan incluso para quien puede trabajar”, sostiene Marta. “Un día dos personas llegaron a querer apuñalarse en una fila a una olla popular por ver quien estaba primero”, relata Caropresi.

Es que los comedores ya no pueden funcionar todos los días, abren solo tres o un solo día en la semana. También la comida empeoró, solo dan secos, sin verdura ni carne, “no podemos pasar de hacer un guiso mientras que antes cocinábamos albóndigas o salpicón de ave, sopa o un tuco”, describe quien dirige el comedor la Vieja Marta en honor a su madre que hacía enormes ollas populares en 2001.

Los comedores están al límite de poder abastecer a todas las personas: “Nosotros empezamos en pandemia porque la gente estaba muy mal y repartíamos hasta 600 porciones de comida por día, luego mejoró el trabajo y bajamos a 250 o 150 raciones, pero hoy esto aumentó una barbaridad y dos ollas de 100 litros no nos alcanzan, entregamos 500 a 400 raciones”, sostiene Marta y apunta que ella también lleva una olla, abierta a todos los vecinos del barrio y no un comedor con la gente ya anotada.

En lucha

Marta es hija de una histórica compañera de la CCC que hacía las ollas populares en las manifestaciones que hicieron durante el estallido de la Convertibilidad, era quien esperaba a los piqueteros en el barrio de Once, que llegaban de marchar, con tres grandes ollas de guiso para que comieran. Una lucha que llamaron “El Matanzazo” fue un corte de ruta que duró 38 días, mientras la entonces ministra Patricia Bullrich los amenazaba con sacarlos a los palos, terminó teniendo que ir a La Matanza y otorgó los primeros planes sociales que eran unos 500. Se logró también la construcción de escuelas y tendidos de luz para los barrios.

Esa lucha será retomada en los próximos meses, afirmó Alderete. “Es la única forma para que nos escuchen, la unidad de los argentinos y la movilización en las calles. En La Matanza se armó una multisectorial con la Cámara de la Industria, del Comercio, con la CGT, organizaciones sociales, clubes, etc. y todos vamos a hacer un corte de ruta por tiempo indeterminado –como en 2001– hasta obtener respuestas”.

“No hay relación con el Gobierno desde que asumieron”, resume el dirigente. Los libertarios estigmatizaron a los movimientos sociales por cuestiones puramente ideológicas, mientras que las organizaciones –incluyendo ONGs, iglesias, clubes de barrio, etc.– jamás se negaron a ser auditados y veían con buenos ojos las sanciones a locales en infracción. Pero nada de eso ocurrió y suspendieron el financiamiento a todos los comedores.

En palabras de Caropresi se resumen los tres canales de asistencia social que interrumpió el Gobierno. En primer lugar, a través del envío de alimentos secos (arroz, polenta, arvejas, lentajas) a los diferentes comedores, que a veces recibían también chocolatada, leche en polvo, azúcar y aceite. “Esas compras directas tuvieron problemas durante la administración de Fernández por sobreprecios, pues los almaceneros decían cobrar más caro porque el Gobierno pagaba recién a los tres meses y la inflación se aceleraba”, recuerda el dirigente.

En segundo lugar, los fondos para la “merienda reforzada” que reemplazaron a las compras directas y habilitaban la adquisión de frescos, como queso, jamón, verdura, fruta e incluso carne, con importante seguimiento de las gestiones: “El problema era que las raciones eran muy baratas”. Esos y otros fondos de Pnud constituían la tercera pata del esquema de financiamiento a la asistencia social, que dinamitó el gobierno de Milei.