El Salvador: dos años de una cuestionada “guerra” contra las pandillas  | El presidente Nayib Bukele estableció un largo estado de excepción 

Hace dos años el presidente Nayib Bukele declaró una “guerra” a las pandillas en El Salvador, luego de una escalada de 87 homicidios en un fin de semana. Ahora el presidente proclama que su país es el más seguro del continente gracias a la ofensiva iniciada el 27 de marzo de 2022 al amparo de un régimen de excepción, pero sus críticos afirman que el costo es alto. Organizaciones no gubernamentales recibieron más de 6 mil denuncias de violaciones a los derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y registraron la muerte de más de 200 detenidos bajo custodia estatal. 

Bukele hizo valer su mayoría parlamentaria para alcanzar las medidas excepcionales reclamadas, que se fueron renovando sucesivamente. A principios de marzo la Asamblea Legislativa aprobó la vigesimocuarta prórroga, por lo que que el régimen seguirá vigente al menos hasta mediados de abril, aunque no hay perspectivas de finalización a corto plazo. Esta semana Bukele celebró la instalación de un cerco a cuatro ciudades con 5 mil policías y mil soldados, a raíz de dos homicidios en el norte del país. La organización Cristosal denunció que en ese mismo operativo fueron detenidas una mujer y su hija de 7 años.

¿Qué pasó con las pandillas?

El despliegue de militares y policías permitió desbaratar las estructuras de las maras que se financiaban con extorsiones, sicariato y venta de drogas al menudeo. Quienes se negaban a pagar eran asesinados o les mataban a un familiar. Una investigación de la fundación InSight Crime estimó que en el país había casi 120 mil pandilleros: la Mara Salvatrucha tenía 78 mil y la Barrio 18, con sus dos facciones, unos 41 mil.

Más de 78 mil presuntos pandilleros fueron detenidos, según un informe oficial presentado el martes, y las bandas criminales han sido incapaces de reclutar nuevos miembros. Además les confiscaron casi 4 mil armas, algunas de uso militar. Distintas reformas legales endurecieron las penas.

El criminólogo Ricardo Sosa estima que a las maras les faltó “capacidad de adaptación” para mutar a otra modalidad criminal, mientras Bukele, reelegido en febrero para otro mandato de cinco años, promete continuar la guerra “hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas”. 

La cruzada de Bukele terminó con el dominio que las pandillas ejercían sobre el 80 por ciento del territorio nacional, según el gobierno. Además el país redujo su tasa de homicidios (que llegó a ser de 106 cada 100 mil habitantes en 2015) a 2,4 en 2023, por debajo del promedio mundial (8 según la ONU). 

El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que “esta guerra en contra de estos terroristas va a continuar y no vamos a dejar de realizar todas las acciones necesarias para erradicar ese mal endémico que por veinte años estuvo en este país”. En declaraciones al canal estatal 10, Villatoro dijo que “ya no existen esas fronteras imaginarias, y la población ya no tiene que rendirle ningún tipo de tributo ni pago a nadie para poder moverse y salir de su casa”.

El impacto en la economía

Gran parte del sector productivo, comercial y de transportes dejó de pagar la “renta”, como se conoce en El Salvador a las extorsiones. Los restaurantes ahora atienden de noche y reparten comida a domicilio. Mediante una ley de extinción de dominio el gobierno recuperó 8 mil vehículos y casi 21 mil celulares, además de cientos de colectivos, taxis, casas y locales comerciales en poder de las maras.

El clima de seguridad condujo a la reapertura de negocios e incentivó el turismo, que en 2023 aportó ingresos por 2.755 millones de dólares, un 48 por ciento más que en el año anterior. Sin embargo la economía sigue siendo una asignatura pendiente de Bukele, ya que el 30 por ciento de los salvadoreños vive en la pobreza y un 10 por ciento en la pobreza extrema, según la CEPAL. Se estima que un 70 por ciento de los trabajadores son informales, mientras miles de familias dependen de remesas del exterior, que totalizaron 8.181 millones de dólares en 2023, el 26 por ciento del PBI del país.

Las víctimas de la guerra

Pese a que las estadísticas acompañan a Bukele, organizaciones de derechos humanos critican los métodos del gobierno salvadoreño. Hay “327 casos de desapariciones forzadas” y “235 muertes bajo custodia estatal”, destacó Amnistía Internacional en un reporte presentado el martes. La población penitenciaria es de 102 mil personas.

Un informe anterior de Amnistía, de 2023, calculó que en El Salvador un 1,7 por ciento de los mayores de 18 años está detenido, lo que arroja una de las tasas de población penal más altas del mundo. Parte de los detenidos permanecen en una megacárcel construida por Bukele, considerada la prisión más grande de América latina, con capacidad para 40 mil reclusos, que tiene un severo régimen interno.

Los presos afrontan juicios colectivos sin derecho a defensa y sus familiares no pueden visitarlos. “Tengo a mi sobrino Alberto detenido desde el 7 de agosto de 2022. Él es inocente, no lo hemos podido ver, es una injusticia”, se lamenta Cecilia Renderos, ama de casa de 48 años, en diálogo con la agencia AFP. Por su parte Morena Meléndez no sabe si su hijo vive desde abril de 2022, cuando fue detenido cerca de su casa en la localidad de Nuevo Cuscatlán por 8 policías poco tiempo después de que volviera de su trabajo como repartidor.

Si bien unos 7 mil detenidos fueron liberados, colectivos de derechos humanos afirman que todavía hay muchos inocentes tras las rejas. “Se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos”, asegura Amnistía Internacional, que advierte que el presidente obliga “a la población a elegir entre seguridad y libertad”.

La organización señaló en un comunicado que la tendencia del Estado salvadoreño a minimizar, deslegitimar y negar los señalamientos provenientes de diversos actores, tanto nacionales como internacionales, con respecto a las graves violaciones documentadas, sugiere que durante el segundo mandato del presidente Bukele “podría haber una profundización de la crisis que se ha observado durante los últimos años”.

Amnistía advirtió que, de no corregir el rumbo, “la instrumentalización del proceso penal y la instauración de una política de tortura en el sistema penitenciario podrían perpetuarse, provocando un aumento en las ya alarmantes cifras de violaciones al debido proceso, muertes bajo custodia del Estado y la precarización de la situación de las personas privadas de libertad”.

Para Katya Salazar, de la ONG Fundación para el Debido Proceso, El Salvador con los miles de detenidos tiene “una bomba de tiempo, porque es una cosa no sostenible” en el tiempo. “El Salvador no se puede quedar con 78 mil personas en la cárcel y que no sean juzgadas, tiene que haber algún tipo de respuesta de solución judicial”, aseguró Salazar. Para la investigadora el país debe aplicar un debido proceso a los encarcelados, de lo contrario “tarde o temprano van a haber condenas de tribunales internacionales, indemnizaciones que pagar”.

Decenas de personas dedicaron este lunes un Vía Crucis a los más de 200 fallecidos bajo custodia policial en diferentes cárceles salvadoreñas. En la entrada principal del Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador, la abogada de la ONG Socorro Jurídico Humanitario, Ingrid Escobar, advirtió: “Así como Jesús de Nazaret fue juzgado injustamente, de esa misma manera hay por lo menos 26 mil salvadoreños que sin pruebas están siendo procesados, la mayoría dentro de los centros penales y otra cantidad están siendo procesados en libertad”.

Los llamamientos a la moderación se han sucedido desde la reelección de Bukele el pasado 4 de febrero, pero el mandatario hace oídos sordos. Nuevas Ideas, el partido que lidera el presidente, seguirá siendo mayoría en el Congreso luego deganar la mayoría de diputaciones (54 de 60). De esa forma Bukele tiene el control de los tres órganos del Estado, lo que incluye la Corte Suprema, cuyos magistrados fueron elegidos sin que los diputados del Congreso siguieran el debido proceso.