El trabajo infantil, un delito casi sin prensa | Un tema de fondo detrás de la polémica de “Bertie” Benegas Lynch

Lo “bueno” de que un diputado como Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza) diga aberraciones como la de este domingo, cuando pregonó la idea de no mandar a chicos/as a la escuela y usarlos para trabajar, es que permite hablar de temas subestimados, naturalizados o que tienen poca prensa. El trabajo infantil es un delito. No responde a un acto de libertad como dijo “Bertie”, como llaman al legislador, sino a un desastre social dominado por la pobreza que despoja a niños, niñas y adolescentes de sus derechos, y del cual el Estado demonizado por los libertarios debería ocuparse. Las denuncias penales muestran que el sector agropecuario es el que más explota a menores de 16 años, los somete a tareas riesgosas y los priva –precisamente– del derecho a la educación. También hay muchos casos en talleres textiles. A veces es trata de personas. 

Reabrir discusiones sobre derechos ya saldadas o generar retrocesos es una práctica de Javier Milei y sus seguidores. En este caso es algo tan grotesco volver sobre el derecho a la educación y a no trabajar en la niñez, y fueron tantas las reacciones contra Benegas Lynch, que el Presidente dijo –como quien busca una postura políticamente correcta– que la frase fue “absolutamente desafortunada”. 

Antes se había diferenciado del diputado la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello: “La educación obligatoria fue propuesta en el contexto del pensamiento humanista liberal justamente para promover la libertad de los menores tutelados por adultos”, dijo. Se las arregló para alertar sobre lo que llama “adoctrinamiento” en las escuelas. Aunque no aludía al discurso del Presidente en su excolegio donde a comienzos de marzo lanzó una diatriba contra el “comunismo”, el “marxismo” y la educación pública que “lava cerebros”. Lo que muestra que en el fondo todos, aunque acomoden el discurso, piensan parecido. 

Explotación infantil

La figura que castiga el trabajo infantil fue incorporada al Código Penal en 2013 (artículo 148 bis) y prevé de uno a cuatro años de prisión. No abundan las denuncias ya que los afectados son niñas/os y adolescentes y muchas veces las familias sumidas en la pobreza también son víctimas del mismo trabajo esclavo. Se castiga, dice la norma, a quien “aprovechare económicamente el trabajo de un niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave”. Las madres, padres y tutores no son punibles porque suelen estar igualmente sometidos. 

Entre 2022 y 2023 se abrieron por lo menos 18 causas penales. Algunos ejemplos: en Tucumán, contra la empresa Noben SRL, donde usan trabajo infantil para la recolección de limones; en  San Juan La Mednera SRL está denunciada por hacerlo para la cosecha de ajo; y Macheteada Empro SRL, en la cosecha de yerba mate. La Defensoría de Niños Niñas y Adolescentes se presentó en todas las causas para pedir informes y que las investigaciones no mueran en el camino. Es difícil que avancen si no hay una querella que impulse. 

Hubo dos condenas que ilustran de qué se trata la explotación laboral de niños/as. La primera en todo el país fue en 2018: una pareja fue condenada en Santa Fe porque utilizaban a seis niños de entre 12 y 16 años para la recolección de arándanos, que fueron encontrados en el lugar –en Santa Teresa, Villa Constitución– junto con adultos que también trabajaban en una situación de extrema precariedad. La condena fue a un año y medio de prisión en suspenso. En Río Cuarto, Córdoba, fue condenado a dos años de prisión en suspenso un productor agropecuario que hacía trabajar a un adolescente de 15 años a la intemperie, con herramientas peligrosas. El fallo dice que se aprovechó económicamente. Le dio tareas de “cortador de pasto, luego cuidar los ‘guachos’ en la guachera, trabajar con la desmalezadora, sacar rollos con grandes tractores y descargar camiones con cargas de algodón y maní (…) le daba a la familia ‘la carne’ como alimento a cambio de su trabajo”. 

El año pasado se conoció un estudio del Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA) sobre el segundo semestre del 2022 según el cual el trabajo infantil en actividades económicas y domésticas intensivas afecta a casi el 15 por ciento de la población entre los 5 y 17 años en Argentina. Serían 1,3 millones de niños, niñas y adolescentes. El análisis contempla tanto el trabajo doméstico (limpiar, lavar, planchar, cuidar a los hermanos) como el trabajo para ganar dinero. Señala que el trabajo infantil suele quedar asociado con el abandono escolar y provocó en los seis años previos que cuatro de cada diez chicos/as que trabajaban tuvieran déficit educativo. 

Sin discusión

“La discusión sobre el trabajo infantil está cerrada. La mayoría de los países del mundo ratificaron el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo que es el que habla de que los estados se comprometen a abolirlo, lo que no quita todavía haya explotación laboral de niñas y niños”, dijo la Defensora de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, a Página/12. “Hay que hacer una distinción: una chica/o que toca el violín, una genio que toca de pequeña, y toca en una filarmónica, va a poder tocar siempre y cuando no perturbe sus estudios y la finalización de los estudios primarios y secundarios”. 

Graham pone especial acento en la educación: “Las niñas y niños tienen derecho a no trabajar y tienen derecho a ir a la escuela, no solo a educarse sino a socializar y forjarse una vida digna. El aprendizaje es un proceso colectivo, no individual. La vida escolar como la universitaria es algo más que aprender cosas de memoria. Por eso defensores sostenemos firmemente derecho que tienen no solo a estudiar sino de ir a la escuela con sus pares”. Recuerda, además, que “el derecho a la Educación está establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Argentina y en otros instrumentos internacionales”. Contra la afirmación de Benegas Lynch afirma: “Ir a la escuela, educarse no es una facultad que puedan decidir las mamás o los papás, es un derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes”.