La batalla contra el hambre    

Refiriéndose a temas globales, pero que por supuesto aplican a nuestro país, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, señaló en el marco de las reuniones de los ministros de finanzas del G20 (cuya presidencia pro témpore recae en Brasil) que “el hambre no es resultado de factores externos. Se deriva sobre todo de las decisiones políticas (…). Es la más degradante de las privaciones humanas, es un ataque a la vida, una agresión a la libertad. Hoy en día el mundo produce alimentos más que suficientes para erradicarla”.

Lo que falta, continuó, es “crear las condiciones de acceso a los alimentos. Mientras tanto, el gasto en armamento aumentó un 7% el año pasado, alcanzando los 2,4 billones de dólares. Invertir esta lógica es un imperativo moral, de justicia social, pero también es esencial para el desarrollo sostenible”.

En este contexto, Lula propuso crear a nivel mundial una Alianza contra el Hambre y la Pobreza, que se financie con un impuesto a las grandes fortunas. La herramienta será oficialmente lanzada en noviembre, en la cumbre de los líderes del G20.

Las declaraciones coinciden con los lineamientos del informe de Oxfam sobre la concentración de la riqueza en América Latina y el Caribe. Allí se afirma que las 100 personas más ricas de América Latina tienen una fortuna acumulada equivalente a la suma del PBI de Chile y Ecuador juntos. Expresado en términos de tiempo de trabajo, a una persona que cobra el salario mínimo promedio de la región de América Latina le tomaría 90 años ganar lo que una de estas personas gana en un día, señala Oxfam.

En Argentina, las políticas de ajuste conducen a un derrotero indefectible de pobreza y agravan en particular la problemática del hambre que menciona Lula. La indigencia se ha disparado desde la asunción de la actual gestión, en gran parte por la suba de la inflación de los alimentos desde noviembre (+123% a junio).

La fuerte y progresiva disminución del Impuesto sobre los Bienes Personales, que beneficia principalmente a las mayores fortunas, es un retroceso en cuanto a la progresividad tributaria, y lo contrario a lo que plantea Lula da Silva con la formación de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza.

Una de las respuestas del gobierno para tratar de contener los precios de ciertos productos es facilitar el ingreso de importaciones, estrategia que forma parte del mismo esquema de pensamiento que parte de la base de que los productos locales son más caros, que con la competencia van a bajar y que así se reducirá la inflación. La experiencia de la dictadura cívico-militar y de los noventa con la apertura muestra otra cara de la moneda: en última instancia salen ganando unos pocos importadores, se perjudican las empresas productoras de los bienes en cuestión (especialmente las pymes) y aumenta el desempleo.

Esta lógica tiene su expresión en la visión del gobierno sobre el Estado, según la cual, éste sería una maquinaria generadora de gastos improductivos que precisan del cobro de impuestos, los que, a su vez, forman parte del precio de los bienes y servicios que la gente adquiere. Entonces, eliminando el gasto público se podrían cobrar menos tributos y los precios tenderían a ser menores. Sin embargo, sabemos que la inflación es un fenómeno que obedece a factores como la puja distributiva, y que por ende, no necesariamente los precios bajarían. Lo único seguro es que al final de cuentas habría menos hospitales y escuelas públicas, que desaparecería la investigación científica y tecnológica, y así de corrido.

No debemos apartarnos de la discusión de los dos modelos: si hay que regular desde el Estado, o se debe dejar todo en manos del “mercado”. Es preciso dar una gran batalla cultural para revertir la idea que han instalado acerca de que el Estado es un reducto de ineficiencia y de corrupción que hay que destruir. Una batalla cultural de la que también habla el presidente Javier Milei. Con su discurso intenta convertir en valores positivos determinadas cuestiones (como el ajuste, la no emisión, la desregulación total) que en realidad van en contra de los intereses de la población, incluso de quienes terminaron creyendo que “era por ahí”.

Más allá de los objetivos del gobierno, y sus posibles resultados, ya expresados en esta nota, al modelo le resulta dificultoso avanzar. En la semana los “mercados” reaccionaron a la baja, a pesar de anuncios puntuales del gobierno, flexibilizando algunas regulaciones cambiarias. Analistas económicos afirmaron que se “va en la dirección correcta para desarmar el cepo”, aunque preocupa que la autoridad monetaria, con el fin asegurar la reducción de la inflación, venda en el mercado de los dólares financieros, buena parte de los dólares físicos que obtenga por su intervención en el mercado cambiario oficial, más parte de las divisas ya acumuladas por hasta unos 2,4 billones de pesos, según informó el BCRA. La idea es arribar a la “emisión cero”.

Pero el problema de fondo de las tensiones cambiarias es la falta de capacidad para generar divisas para el pago de las deudas. De allí que el gobierno apunta a conseguir nuevo financiamiento del Fondo Monetario cuando tras el empréstito de 2018 del macrismo, se trató con mucho esfuerzo de solucionar el problema del endeudamiento y se pudo conseguir una mejora de los plazos. La toma de nuevos préstamos con el Fondo, u otros organismos financieros internacionales o con el sector privado, orientados a pagar la deuda, haría más difícil la sostenibilidad financiera del país. Los vencimientos no se resuelven con deuda adicional, sino con un país que crezca para que el peso de la deuda se relativice.

En Argentina, que históricamente ha mostrado problemas en el sector externo, debe ser el Estado el que administre y priorice el uso de las escasas reservas, evitando a su vez recurrir al endeudamiento externo, que sólo agrava los problemas.

En definitiva, se debe poner el eje en la economía productiva, en el mercado interno y en la generación de empleo local. Lo contrario nos lleva un callejón sin salida donde prevalece el interés de los acreedores, junto con el aumento de la indigencia y la pobreza.

* Diputado nacional por Unión por la Patria y presidente del Partido Solidario.