La oposición está cada vez más cerca de modificar la ley Bases | El gobierno de Milei se conforma con poder aprobar el proyecto en general 

Ya no hay nadie en La Libertad Avanza que simule lo contrario: la Ley Bases y el paquete fiscal recibirán modificaciones en el Senado y tendrán que girar –una vez más– a la Cámara de Diputados para su aprobación final. Son muy pocos, además, los optimistas que consideran que llegarán con las dos leyes sancionadas para el Pacto de Mayo. Un corset temporal que se autoimpuso el propio Javier Milei que tiene a varios dirigentes libertarios rabiosos por quedar como que fracasaron por no haber logrado un dictamen el jueves. Las conversaciones, sin embargo, recién están comenzando, ya que, a diferencia de lo que sucedió en Diputados, el gobierno nacional no termina de institucionalizar una mesa de negociaciones con los indecisos que demandan cambios. Son, en total, nueve los senadores que ofician de grandes veedores de los proyectos y que repiten que no votarán nada “a libro cerrado”. Nueve votos sin los cuales Milei no podrá aprobar sus dos primeras leyes. Ni ahora ni nunca. 

El tándem Martín Lousteau-Guadalupe Tagliaferri quedó en la mira del gobierno nacional el jueves, luego de que no se lograra avanzar con los dictámenes que habilitarían sesionar la semana que viene. Tanto Lousteau (UCR) como Tagliaferri (PRO) integran espacios aliados de La Libertad Avanza y, sin embargo, fueron dos de las voces más críticas durante el plenario de comisiones en el Senado. Con firmeza, ambos senadores machacaron a Guillermo Francos, Eduardo Rodríguez Chirillo, José Rolandi y Carlos Guberman durante las tres jornadas de debate, planteando objeciones, exigiendo explicaciones y pidiendo modificaciones. Fue su negativa a firmar el dictamen del oficialismo –ni siquiera con disidencias– lo que llevó a que el libertario Bartolomé Abdala, presidente de la comisión de Legislación General, tuviera que anunciar un cuarto intermedio y la continuación de la discusión el lunes que viene. 

El foco de las críticas es el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). “Está claro que en algunos lugares donde hay materia prima a explotar va a haber inversión  mucho más rápido porque, probablemente, ya estuviera en gateras. Pero en otras, va a ser mucho más difícil y, sin embargo, las exenciones las van a estar pagando todas las provincias”, cuestionó, en más de una ocasión Lousteau, quien denunció, como Tagliaferri y la mayoría de los senadores de UxP, que el RIGI avanzaba también sobre las autonomías provinciales. Ese es el famoso artículo 163, que anula cualquier normativa provincial que restrinja lo sostenido por el RIGI (que, entre otros beneficios, le garantiza exenciones impositivas por 30 años a las empresas que inviertan más de 200 millones de dólares). El texto de la ley sostiene que esto se aplicará “decidan o no las jurisdicciones adherir o no al RIGI”. 

La eliminación del artículo 163 representa, además, un pedido varios senadores que integran fuerzas provinciales, por lo que en la oposición especulan con que el gobierno deberá modificarlo. “O se lo voltearemos en el recinto”, advierten. 

Otra de críticas al RIGI tiene que ver con que libera los derechos de exportación a la importación de insumos y bienes de consumo, lo que implica una competencia desleal con la industria nacional. La UIA está encabezando un intenso lobby hace ya algunas semanas, reuniéndose con legisladores para advertirles sobre las consecuencias que el RIGI podría tener sobre la industria local. 

El entrerriano Edgardo Kueider, que es otro de los senadores indecisos cuyo voto será clave, reclama además que el RIGI arrastre algún tipo de plan de desarrollo productivo nacional. Y, a diferencia de Lousteau o Tagliaferri, Kueider no amenaza con votar solo en contra del RIGI si no se le incluyen modificaciones: amenaza con votar en contra de la ley en general.

El tablero de los indecisos

Tagliaferri, Lousteau y Kueider representan, junto a Pablo Blanco (UCR), votos claves para el oficialismo y no solo porque necesitan que acompañen la ley en general, sino porque integran las comisiones que dictaminarán la Ley Bases y el paquete fiscal. Sin ellos, LLA no tiene el número para firmar los dictámenes y, así, llevarlos al recinto. En el caso de Tagliaferri –la única senadora del PRO que viene resistiéndose a aprobar a libro cerrado los proyectos–, el oficialismo confía en que finalmente no trabará la sanción de la ley. Lousteau y Blanco, en cambio, son dos incógnitas y en el oficialismo desconfían –ambos rechazaron el DNU 70/2023–, aunque prefieren asegurar que “se está conversando”. 

Los senadores de la UCR se comprometieron, durante una reunión con gobernadores radicales, a acompañar la ley en general, pero reclaman que tiene que haber algún tipo de concesión de parte del oficialismo. El RIGI es un punto. Blanco reclama, además, modificar el artículo 88 del paquete fiscal que “pretendía meterle por la puerta de atrás el Impuesto a la Ganancias a los fueguinos”, como denunció. El gobierno se comprometió, en ese caso, a revisarlo.

El capítulo que arrastra mayor cantidad de objeciones, sin embargo, es la restitución del impuesto a las Ganancias, que cuenta con el rechazo de todos los gobernadores patagónicos. En la práctica eso significa que, a los 33 votos en contra de UxP, se le sumarían los de siete senadores más: Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), Andrea Cristina y Elizabeth Terenzi (Chubut), José Carambia y Natalia Gadano (Santa Cruz), Daniel Kroneberger (La Pampa) y Blanco. Hay expectativa de sumar, además, a Kueider y Carlos “Camau” Espínola, así como a más senadores radicales. Los patagónicos pretenden convencer al oficialismo de que podrían llegar a los 48 senadores, es decir a dos tercios de la cámara, lo que implicaría que, cuando el proyecto virase a Diputados, LLA tendría que sumar también dos tercios de la Cámara baja si pretende ratificar la versión original del proyecto. Un número imposible de alcanzar. El objetivo es utilizar el número como carta de negociación para que se incluya el diferencial por zona patagónica (que es un 22 por ciento más).

Además de Kueider, Espínola, Lousteau, Blanco y Tagliaferri, otra de las incógnitas son los senadores santacruceños Carambia y Gadano, que se oponen a la reforma laboral, las facultades delegadas, el RIGI y la eliminación de la moratoria previsional. Ya tienen definido votar en contra de todos esos capítulos –que podría derivar, en el caso de la eliminación de la moratoria, por ejemplo, que se caigan en la votación en particular–, pero no qué harán en la votación general. La neuquina Lucila Crexell y el radical Maximiliano Abad, a su vez, también sostienen varias diferencias con varios puntos de las leyes y amenazan con voltear algunos.