Los mediadores judiciales apuntan contra la Corte de Justicia por obligarlos a pagar para trabajar

Malestar es lo que sienten los mediadores judiciales de la provincia por las disposiciones de la Corte de Justicia de San Juan, que les aumentó el costo de inscripción para trabajar casi tres veces de lo que pagaban en 2024.

Según explicó Sandra Sabag, la situación es crítica para los auxiliares de la justicia sanjuanina, que se ven forzados a facturarle al máximo órgano judicial y a convertirse en proveedores del Estado, sin contar con ningún tipo de prestación social.

“No tenemos ningún tipo de beneficio social y debemos esperar que la Corte decida incrementarnos los honorarios, algo que sucedió sólo una vez en el 2024”, destacó la abogada que aseguró que la inflación de los últimos años hizo que sus ingresos quedaran más que atrasados.

El conflicto principal que se presentó para los mediadores judiciales es que todos los años deben inscribirse en el Registro de Mediadores que la Corte creó y que ello representa, cada vez más, un alto costo. De 1.600 UT (unidades tributarias) que pagaban el año pasado, este 2025 tendrán que pagar 4.000 UT.

“En términos monetarios, pasamos de pagar cerca de $60 mil a $160 mil por fuero y la mayoría trabaja en ambos fueros, es decir, en el laboral y de familia, por lo que para poder trabar este año tendremos que pagar $320 mil”, detalló.

En los últimos días trascendió la Acordada de la Corte, que le da tiempo a los mediadores a inscribirse hasta el 15 de febrero de 2025 para poder ejercer, algo que no cayó bien en el círculo de quienes llevan adelante la actividad.

“Resulta extraño que hayan esperado unos días antes de la feria judicial para comunicar tal cosa, lo que no nos da tiempo de hacer ninguna presentación o elevar alguna queja”, manifestó la mujer que anticipó que se están organizando para conformar una asociación que los reúna a los cerca de 60 mediadores en San Juan y bregue por sus derechos.

“Le pedimos a la Corte que tenga consideración de nuestra situación, pero la respuesta es que no hay presupuesto”, indicó Sabag, al mismo tiempo que agregó: “Desde la justicia se ofrece la gratuidad del servicio de mediación, aunque se hace a costa nuestra. Entendemos que estamos encerrados en un sistema en el que debemos pagar para trabajar y no podemos establecer una sola condición, estamos siendo conducidos con total arbitrariedad”.

La mujer que dijo estar envuelta, junto a sus colegas, en una trama de populismo judicial manifestó que un perito judicial, de similar vínculo con la Corte, tan sólo está obligado a pagar 79 UT. “Más allá de que ellos reciben el pago de las partes que los convocan, resulta injusto. Nos sirven de parámetro para mostrar la diferencia económica que sufrimos”, declaró.