Milei se queda con las ganas de tener una fiscalía especializada en inteligencia | Casal le respondió que crear nuevas estructuras es oneroso

El gobierno de Javier Milei se va a quedar con las ganas de tener una fiscalía especializada en inteligencia. El procurador interino Eduardo Casal –aludido en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que pavimentó el regreso de la lúgubre Secretaría de Inteligencia de Estado– respondió que no creará nuevas estructuras dentro del Ministerio Público para evitar los costos que traen aparejados. En otras palabras, le pagó con su propia moneda: “No hay plata”.

El martes, el gobierno publicó el DNU 614/2024 en el Boletín Oficial, a través del cual disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). En el artículo 28, el Poder Ejecutivo le pedía a la Procuración que creara una fiscalía especializada en inteligencia.

El punto causó extrañeza. El diputado Leopoldo Moreau, que hasta el año pasado presidió la Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia (CBI), le dijo a este diario que creía que era una forma de volver al maridaje entre los servicios y la justicia. En la Procuración respondían que se habían enterado por el Boletín Oficial sin que hubiese existido antes un tanteo por parte del Ejecutivo.

La respuesta de Casal llegó el jueves, cuando se cumplieron los 30 años del atentado a la AMIA. Milei participó del acto oficial y se retrató junto al titular de la SIDE, Sergio Darío Neiffert. Todo lo que rodea al caso AMIA no es menor: Argentina acaba de ser condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la impunidad frente al atentado que costó la vida de 85 personas y sostuvo que no se conoce la verdad de lo sucedido gracias al accionar de los servicios de inteligencia –léase, la SIDE.

Casal no tiene facultades para crear una fiscalía –eso debería hacerlo el Congreso por ley. En todo caso, puede decidir la conformación de una procuraduría –como la de narcotráfico (Procunar), la de lavado de activos (Procelac), la de crímenes contra la humanidad (PCCH) o la de trata de personas (Protex). Hay también unidades fiscales especializadas, como la UFI-AMIA o secretarías que se dedican a determinado tema, como la que se creó en 2018 para el análisis integral del terrorismo internacional.

En todos los casos, esos espacios se crean por temas o materias, no por la procedencia de la información. Eso es lo que respondió Casal en la resolución a la que tuvo acceso Página/12. El procurador interino dispuso que el área que estará en diálogo con la SIDE es la coordinación institucional, que está en manos de Juan Manuel Olima Espel, uno de sus hombres de confianza.

“Se puede advertir que esa secretaría por sus propias funciones de capacidad técnica y conocimiento integral de las alternativas de trabajo que posee este Ministerio Público Fiscal y su capacidad de vinculación externa, resulta un órgano idóneo para los fines esperados de acuerdo al decreto de mención”, puede leerse en la resolución.

En la práctica, esto implica que si la SIDE envía información, la secretaría de coordinación institucional será la que funcione como enlace y determinará qué llega a cada procuraduría, unidad fiscal o secretaría. Será un nodo importante de poder, también.

No se sabe qué temperamento adoptará el gobierno, que ha tenido una relación ambivalente con Casal. El procurador interino frenó la aplicación de un día para el otro que pretendía hacer el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, del sistema acusatorio en Rosario. En otras ocasiones, tuvo mayor sintonía con el gobierno, como cuando le llamó la atención al fiscal Miguel Palazzani por pedirle al Ministerio de Defensa que preservara la documentación de la dictadura cuando estaba desarmando los equipos de expertos civiles que la relevaban.

Cúneo Libarona había dicho inicialmente que tenía un candidato para ocupar la Procuración, que está a cargo de Casal desde que el gobierno de Mauricio Macri forzó la renuncia de Alejandra Gils Carbó en 2017. Milei fue más condescendiente con Casal y dijo que podría llegar a ser el candidato del gobierno para quedarse. Pero para ese sillón hay una danza de nombres que aún está en pleno ejercicio. Uno de los que suenan es Mariano Borinsky, el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal que el mes próximo irá a ver al Papa –después de que el obispo castrense, Santiago Olivera, le consiguiera una invitación.

Más críticas a la reforma

La Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia (ICCSI) –integrada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Fundación Vía Libre y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED)– criticó la reforma de los organismos de inteligencia que el gobierno realizó vía DNU.

“La reforma por decreto de necesidad y urgencia del gobierno no resuelve estos problemas; algunos los agrava y otros los revive. La disolución de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para reinstalar la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) pretende reorganizar la estructura de inteligencia bajo viejos modelos, sin que esté claro por qué eso la dotará de más eficacia, ni por qué mejorará en la protección de los derechos. Además, haberlo hecho por decreto plantea serios problemas constitucionales”, advirtieron.

En un comunicado, desde ICSSI, también resaltaron que se flexibilizan los controles que hará el Congreso, ya que el decreto de Milei hace que el jefe de la SIDE ya no tenga que conseguir el aval del Senado para hacerse con el cargo. “Insistimos en que este debate debe llevarse a cabo en el Congreso de la Nación y de cara a la sociedad. Por eso también reafirmamos el llamado urgente a la conformación de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia”, añadieron.

Expresaron que les preocupa que la reforma del gobierno habilite a que los agentes de inteligencia puedan volver a actuar como auxiliares de la justicia, una práctica que quedó establecida justamente con el caso AMIA y que había sido vedada por Alberto Fernández. “El Poder Ejecutivo reinstala una práctica que había sido prohibida por las gravísimas irregularidades que habilitó. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso AMIA condenó al Estado argentino por el fracaso de la investigación judicial, que estuvo determinado por haberla dejado en manos de la exSIDE. Esta habilitación es acompañada, además, por la posibilidad de que la SIDE reincorpore personal retirado, como si los problemas de funcionamiento se resolvieran volviendo a lógicas pasadas”, señalaron.

A partir de los cambios decididos por la administración de La Libertad Avanza (LLA), la SIDE quedará dividida en cuatro órganos desconcentrados. Hay dos que en particular generaron alarma en ICCSI: la Agencia de Seguridad Nacional (ASN) –que posiblemente solape sus competencias con las del Ministerio de Seguridad– y la Agencia Federal de Ciberseguridad, que tiene un objeto amplio y que, según la redacción del DNU, estaría habilitada a hacer interceptaciones de comunicaciones –lo que está vedado por ley.