Por una ley para los comedores comunitarios | Propuesta “anticasta” de las organizaciones sociales

El país

La Coordinadora por el Cambio Social lanzó una campaña para que los comedores y merenderos sean abastecidos con aportes de los funcionarios que perciben sueldos mayores a cuatro millones de pesos y otros impuestos a sectores económicos con altas ganancias. La iniciativa busca hacer visible que el ajuste implementado por el gobierno de Javier Milei afectó a quienes menos tienen y no a la casta. “Nuestra propuesta plantea que los grandes beneficiarios de este sistema se hagan cargo del ajuste”, indicó Damaris Rolón, referente de una de las organizaciones que lanzó la campaña, el Frente de Organizaciones en Lucha.

El ministerio de Capital Humano lleva diez meses sin enviar alimentos a los comedores y merenderos de los movimientos sociales. Este vaciamiento, que busca que las organizaciones barriales se desintegren, fue realizado por la ministra Sandra Pettovello mientras la pobreza aumentaba hasta el actual al 55 por ciento y la indigencia se extendía al 20 por ciento de la población. Según cifras de Unicef, un millón de chicos y chicas se van a dormir todas las noches sin cenar.

La intención de la campaña es que los movimientos sociales redacten de manera conjunta el texto de un proyecto de ley, para presentarlo en el Congreso Nacional. La Coordinadora por el Cambio Social hizo su borrador e invitó a otros sectores –la Utep, el Polo Obrero, Territorios en Lucha– a consensuar un proyecto.

La propuesta inicial es que se cree, con fuerza de ley, un Fondo Nacional para la Emergencia Alimentaria. “La idea es que todas las fuerzas políticas acompañen el proyecto de ley, que sea un texto votable que instale que el Estado debe destinar fondos para garantizar el acceso a los alimentos”.

Los recursos para financiarlo, en la propuesta de la Coordinadora, tienen tres orígenes. La primera es un aporte de los funcionarios con sueldos superiores a 4 millones de pesos y la quita de la exención del impuesto a las ganancias a los jueces. La segunda, dar de baja el régimen que beneficia a la llamada economía del conocimiento “por el que empresarios como Marcos Galperin, de Mercado Libre, recibieron entre 2022 y 2023 unos 100 millones de dólares por parte del Estado Nacional”, agregó la entrevistada. La tercera fuente de financiamiento, plantea reestablecer un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios.

Tras una serie de reacomodamientos internos, las organizaciones sociales están hoy agrupadas en tres sectores. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular -que reúne a los sectores afines al peronismo y al espacio nacional y popular- , el Frente de Lucha Piquetero -integrado por el Polo Obrero y sectores trotskistas- y Territorios en Lucha -que reúne a otros grupos de la izquierda y de la CTA-. Hoy están reclamando cada cual por su lado, más allá de coincidir, cada tanto, en algún gran acto opositor como el de la movilización del 7 de agosto, día de San Cayetano.

En el último mes, dando un giro a lo que venía siendo su estrategia, el ministerio de Capital Humano empezó a recibirlos cuando realizan manifestaciones. El discurso del gobierno es que van a centralizar la asistencia alimentaria, con un sistema de tarjetas para que los comedores se abastezcan. Sin embargo, los referentes de las organizaciones sociales aseguran que la promesa aún no es más que eso. Hace varios meses que vienen presentando documentación y sus comedores fueron visitados por auditores de Desarrollo Social, pese a lo que todavía no les llegaron alimentos. En esta situación están incluidos comedores que tenían convenios con el Programa de Naciones Unidas, es decir financiamiento internacional.