Restituir al presidente Castillo | Opinión

Al grito “Lula libre” que condujo la política exterior regional y a gran parte de la militancia progresista de nuestros países (sobre todo en la Argentina, la prisión arbitraria de Lula en Curitiba, como el exilio forzado de Rafael Correa en Bélgica, se convirtió en espacio de peregrinaje obligado para el progresismo jurídico, se suspendió una conferencia en la facultad de derecho en la que el exjuez Sergio Moro iba a ser expositor junto a Bonadío, ante el rechazo de la comunidad de profesores y estudiantes) hoy le hace falta enarbolar otra bandera, parecida a aquella, pero con diferente destinatario: “Castillo libre” es un postulado ya incuestionable para cualquier latinoamericanista que defienda el Derecho. 

AMLO, Petro, Xiomara y Evo, entre otros, entienden que las razones de la destitución de Pedro Castillo (procesalmente ilegítima, violando la constitución y el reglamento del congreso, lo cual fue reconocido por un magistrado del tribunal constitucional y por el procurador del congreso en una audiencia judicial) se debe a que el maestro serrano no quiso entrar nunca en ningún negocio corrupto con un congreso que tiene hoy el rechazo de más del 90 % de la población y una presidenta cuyo gobierno carga con más de 70 manifestantes asesinados pero que se permite regalar premios y medallas al presidente de la corte suprema de su país, que la recibe rozagante, como Dina Boluarte recibió las joyas no declaradas (“en préstamo”) de su amigo el gobernador de Ayacucho.

 Una comedia si no fuera grave. Porque hoy el Perú está en manos de un gobierno ilegítimo, que respalda indultos que contrarían el sistema interamericano. Castillo quería nacionalizar las riquezas naturales y no renovar las concesiones de la época de Fujimori, que vencen durante su gobierno. Por esto fue derrocado violando la constitución y luego Fujimori, artífice de aquellos negocios, fue indultado y se constituye en “garante de la continuidad” del actual gobierno usurpador peruano.

La defensa que hacemos de Castillo no es centralmente política. Puede serlo, porque argumentos políticos sobran. Pero es una defensa eminentemente procesal. Quería nacionalizar el gas, ampliar el acceso universitario, reivindicar a los olvidados soldados del Cenepa (conflicto bélico entre Perú y Ecuador), entre muchas medidas que no le aprobaron. Ni siquiera lo dejaban salir del país, siendo presidente. Boluarte pudo viajar por el mundo entero luego de asesinar 70 manifestantes. Curiosa actitud del Congreso fujimorista para otorgar “autorizaciones” de viaje. No olvidemos que Fujimori renunció por fax desde Japón. Volvió luego por Tacna, pensando que seria recibido como un héroe. No fue así. Castillo venció en el ballotage de 2021 a la hija de Fujimori, Keiko, apoyada por Vargas Llosa desde Madrid. Vargas Llosa fue quien perdió con Fujimori.

Hace pocas semanas el tribunal constitucional emitió un fallo que expone al Estado peruano ante un caso claro de responsabilidad internacional. En lugar de revisar el procedimiento inconstitucional con el cual fue “vacado” Castillo (entre comillas porque la vacancia tiene presupuestos formales y jurídicos que no se respetaron), el tribunal se dedica a naturalizar y normalizar la remoción irregular de un presidente. Pero su función es otra.

Por suerte hubo una excepción. Gustavo Gutiérrez, magistrado del TC, consideró con acierto que la detención en flagrancia del mandatario es “arbitraria e inconstitucional”. Coincidimos.

La vacancia es una figura jurídica muy concreta, con presupuestos bien establecidos. En este caso, no se respetaron. Si no se respetó el debido proceso en la destitución de un presidente, la misma es nula. Carece de validez legal. Y en consecuencia, el presidente, sea políticamente entendible o no para algunos sectores (que prefieren mirar para el costado), desde el enfoque jurídico, sigue siendo Castillo.

La alternativa constitucional para los jueces peruanos es una sola: garantizar a Pedro Castillo lo que hasta ahora no tuvo: un juicio político justo, conforme a derecho. Esto es: un procedimiento de acusación constitucional que respete uno a uno los procedimientos, votos y formas que fijan la constitución y el reglamento del congreso. No puede haber atajos para destituir legalmente a un presidente. Cualquier atajo es una afrenta a la democracia. Es un proceso irregular.

No se trata de confundir un proceso penal con una vacancia, ni de discutir si Castillo es o era corrupto o no (no tiene cómo pagarle a sus abogados siquiera, no han encontrado una sola prueba en su contra), incluso si el discurso era equivocado (aunque la desaprobación masiva del congreso actual y la red de corrupción descubierta en la fiscalía de la nación que acosaba a Castillo desde el primer día parecieran indicar otra cosa), eso no habilita per se para destruir de cualquier forma a un presidente. Hay procedimientos bien establecidos y en este caso no se respetaron. No sirve de nada repetir que Castillo era malo, lindo, feo, en cualquier caso hay procedimientos que se deben seguir. Incluso en los juicios de lesa humanidad hay pautas formales: pasos concretos que respetar.

La única forma de no exponer a Perú a una responsabilidad internacional, es normalizando lo que hoy es ilegal: restituyendo a Castillo en su cargo y llevar adelante un procedimiento de vacancia por infracción constitucional conforme a Derecho. ¡Nadie dice que no pueden vacar, suspender, procesar o destituir a Castillo! La defensa sólo sostiene que si lo quieren hacer, no lo pueden hacer de cualquier manera. Como indica bien Gutierrez: lo deben hacer con apego estricto a las maneras y formas que fija de manera taxativa la constitución. No lo han hecho y el propio procurador del congreso peruano lo ha reconocido en una audiencia judicial. No es ya solo una postura obvia de la defensa. Es parte del discurso de los operadores jurídicos peruanos que, independientemente de sus simpatías o no por Castillo, reconocen que, más allá de si su discurso era o no equivocado, el procedimiento exprés que se siguió después para destituirlo no fue conforme a derecho. Es decir: que la destitución del presidente peruano no fue formalmente, procedimentalmente, legítima. Fue inconstitucional.

No sólo Castillo, un maestro al que los medios dedicaron siempre poca atención, está secuestrado. Ahora se sabe además que Boluarte se ausentó sin autorización del congreso por doce días, para hacerse un lifting en la cara. Nadie la destituye por eso, ni por las joyas, ni por las muertes. Ni por los tanques en la universidad. Todo se acepta. El problema era el profe de la sierra. Que no robo un solo sol. No han encontrado una sola prueba en su contra. Ninguna.

Perú tiene hoy un presidente mal destituido y un indulto mal otorgado (a Alberto Fujimori). No son hechos aislados. Son cara y cruz. Y explican que el gobierno usurpador actual no se derrumbe. Tiene quien lo “sostenga”.

La Corte Superior de Justicia de Lima acaba de restituir en su cargo a la exfiscal de la nación Zoaira Avalos, quien fue perseguida por la mafia por negarse a inculpar a Castillo en delitos que no había cometido. Ahora queda un sólo paso más: restituir al presidente.